La ANDIS debe pagar una multa diaria de 100.000 pesos por no acatar la sentencia a favor de los discapacitados

El juez Federal, doctor Pablo Fernando Morán, “ante la desobediencia de la ANDIS, fijó una multa diaria de $100.000 en concepto de astreintes, hasta tanto se acredite el fiel y total cumplimiento de la orden judicial dictada”. El funcionario provincial, agregó, “ahora esperaremos el dictamen de la Fiscalía Federal que determinará la posible comisión del delito de desobediencia judicial, con lo cual, solicitaremos los agravamientos de las sanciones necesarias contra la ANDIS”.

El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, doctor José Leonardo Gialluca, señaló que, en la causa judicial que se sigue contra la ANDIS y que tiene por objetivo el cumplimiento de la sentencia interlocutoria de fecha 19 de agosto del corriente año y mediante la cual, se ordenó dejar sin efecto las suspensiones y/o retenciones de pensiones no contributivas por invalidez en toda la provincia de Formosa, disponiéndose la inmediata liberación y pago de los haberes retenidos a los beneficiarios.
El juez Federal doctor Pablo Fernando Morán, “ante la desobediencia de la ANDIS, fijó una multa diaria de $100.000 en concepto de astreintes, hasta tanto se acredite el fiel y total cumplimiento de la orden judicial dictada”. El funcionario provincial, agregó que, ahora esperaremos el dictamen de la Fiscalía Federal que determinará la posible comisión del delito de desobediencia judicial, con lo cual, solicitaremos los agravamientos de las sanciones necesarias contra la ANDIS, si persiste en no cumplir una orden judicial que se encuentra firme.
A su vez, Gialluca denunció que, el Gobierno nacional viene haciendo una fraudulenta manipulación de los datos de las pensiones por discapacidad en todo el país. Recordó que, mientras la sociedad se indigna por la corrupción, el Gobierno de Javier Milei ha utilizado un discurso de curro para recortar beneficios, ignorando la historia y los datos reales detrás del aumento de las pensiones, al punto que, a la fecha, las auditorías no han encontrado estafa alguna contra el Estado nacional.
En agosto de 2024, el entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, anunció una ambiciosa auditoría para revisar casi un millón de pensiones por discapacidad, con el objetivo de “dar de baja” aquellas consideradas “mal entregadas”.
“Un año después, los resultados son reveladores: de casi un millón de cartas enviadas, más de la mitad no pudieron ser entregadas. De las que sí se entregaron, el 91,6% de los beneficiarios asistieron a la cita. Solo se registraron 7211 fallecidos y 9027 renuncias.
No obstante, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, anunció la suspensión de más de 111.000 pensiones. Esto nos muestra que, lejos de ser un proceso transparente, la auditoría se ha convertido en una herramienta para el ajuste, respaldada por denuncias de un sistema de gratificaciones a los empleados de la ANDIS por cada baja gestionada”.
El Gobierno nacional ha basado su narrativa en una cifra impactante: el aumento del número de pensiones por discapacidad de 80.000 en 2001 a 1,2 millones en 2025. Los funcionarios, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos; y el ministro de Economía Luis Caputo, han calificado este crecimiento como irregular e infundamentado y un “curro”. Incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó a mostrar la radiografía de un perro para justificar el fraude.
Sin embargo, esta visión ignora un hecho histórico crucial. El incremento no se debe a un fraude masivo, sino a un cambio en la legislación. En 2003 se eliminó el sistema de cupo que limitaba la cantidad de pensiones y en 2014, la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) otorgó jerarquía constitucional, lo que obligó a una interpretación más flexible de los requisitos, permitiendo que más personas pudieran acceder a este derecho.
Los datos demuestran que, lejos de un abuso de beneficios, la Argentina aún tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad. Según el censo de 2022, hay casi 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el país. De ellas, solo el 20% recibe una pensión no contributiva.
Actualmente, 1,2 millones de personas reciben esta pensión, que es del 70% de una jubilación mínima. En septiembre de 2024, su monto, incluyendo bonos, se ubica muy por debajo de la canasta básica de indigencia. Esto resalta que las pensiones, más que un privilegio, son un apoyo insuficiente para una población vulnerable que enfrenta la exclusión y la falta de oportunidades. Entre tanto, el Gobierno nacional argumenta con cifras descontextualizadas para justificar el ajuste, la realidad de las personas con discapacidad y la vulnerabilidad en la que viven, sigue siendo ignorada.
Ayer, junto a asesores legales del IPS, se asesoraron a centenares de personas con discapacidad en la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela, lo que proseguirá el próximo martes 9, en el barrio Fray Salvador Gurrieri – ex Lote 111- en el Centro de Inclusión Digital, el miércoles 10 en el barrio Lote 4 y el jueves 11 en el barrio Eva Perón.