La baja de la edad de imputabilidad será tratada en las sesiones extraordinarias

Tras una reunión clave de la mesa política en Casa Rosada, el Ejecutivo confirmó que la reforma del Régimen Penal Juvenil se sumará al temario de febrero. El impulso responde al impacto social del crimen de Jeremías Monzón y a la presión de Patricia Bullrich en el Senado. Es altamente probable que el proyecto sea aprobado en Diputados. En el Senado, el panorama es de final abierto, con una ventaja mínima para el Gobierno si logra fragmentar el voto de los senadores que responden a gobernadores dialoguistas.

El escenario legislativo de febrero ha dado un giro significativo. Lo que inicialmente se perfilaba como un mes centrado exclusivamente en la Reforma Laboral, ha incorporado ahora una de las banderas históricas de la gestión de Javier Milei: la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El anuncio fue formalizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras un encuentro de la mesa chica del oficialismo en el que participaron figuras de peso como Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La presencia de Patricia Bullrich, ahora en su rol de senadora y jefa del bloque libertario, fue determinante. Bullrich ha capitalizado el malestar social generado por el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe -crimen cometido presuntamente por menores de edad- para reflotar un proyecto que, pese a tener dictamen desde mayo de 2025, había quedado estancado por la falta de mayorías y la compleja dinámica parlamentaria del año pasado.

Puntos clave

El proyecto que llegará al recinto busca reemplazar la normativa vigente (Ley 22.278), que data de 1980. Los ejes principales son:
• Edad de Imputabilidad: Se reduce de 16 a 14 años para delitos tipificados en el Código Penal.
• Regimen de Penas: Establece un sistema de sanciones diferenciado, buscando que la minoridad no sea sinónimo de impunidad, pero manteniendo pautas de resocialización.
• Celeridad procesal: Propone mecanismos para que las causas que involucran a menores no se dilaten, permitiendo una respuesta judicial inmediata tanto para la víctima como para el victimario.
La inclusión de la Ley Penal Juvenil se suma a una lista de temas de alta sensibilidad que el Congreso deberá abordar a partir del 2 de febrero:
• Reforma Laboral: El objetivo central del Ejecutivo para modernizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad.
• Ley de Glaciares: Una reforma que genera fuerte resistencia en sectores ambientalistas y provincias con actividad minera.
• Relaciones Exteriores: Se tratará el pliego de Fernando Iglesias como embajador y se mantiene en duda el acuerdo Mercosur• Unión Europea. Sobre este último, la Casa Rosada sopesa el costo político de tratarlo si el Parlamento Europeo mantiene su postura de bloqueo.
“En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa para el delito”, dijo Bullrich, marcando el tono de la defensa que el oficialismo llevará adelante en las comisiones.
El Gobierno apuesta a que el recambio legislativo y el clima de inseguridad en provincias clave como Santa Fe y Buenos Aires presionen a los bloques de la oposición dialoguista para acompañar la medida. Sin embargo, el kirchnerismo y sectores de la izquierda ya han adelantado su rechazo, argumentando que la baja de imputabilidad no resuelve el problema de fondo del delito y vulnera tratados internacionales de derechos del niño.
¿Por qué ahora?

El Gobierno sostiene que el sistema actual es “un incentivo para que las bandas criminales utilicen a menores como sicarios o soldaditos”, aprovechando la impunidad total de los menores de 16 años.
Por otro lado, la oposición y organismos de derechos humanos advierten que la Convención sobre los Derechos del Niño sugiere no retroceder en la edad de imputabilidad (principio de no regresividad), y sostienen que solo el 0,4% de los delitos graves en Argentina son cometidos por menores de 16 años, por lo que la ley tendría un impacto comunicacional pero no una reducción real del delito.
El debate en el Congreso se centrará en si el Estado cuenta con los recursos para construir los nuevos centros de detención especializados que la ley exige. Sin presupuesto para infraestructura, la ley podría quedar como una declaración de deseos difícil de aplicar en la práctica.

Números: lo que necesita el oficialismo

Para que el proyecto de Ley Penal Juvenil sea aprobado durante las sesiones extraordinarias de febrero, el oficialismo necesita construir una mayoría que hoy no tiene de forma propia. Tras las elecciones legislativas de 2025, el mapa del Congreso cambió, pero la fragmentación sigue siendo el desafío principal.

Cámara de Diputados

Para obtener la media sanción, el oficialismo requiere 129 votos (mayoría absoluta). El núcleo duro (a favor) son la Libertad Avanza (LLA) y el PRO que actúan como un bloque sólido en temas de seguridad. Juntos suman una base importante, pero insuficiente por sí sola. Se estima que este núcleo reúne unos 105-110 votos. En el bloque del Medio (la clave) se encuentran la UCR (sector de Rodrigo de Loredo) y bloques federales (como Encuentro Federal).
Muchos gobernadores ven con buenos ojos la baja de imputabilidad debido a la presión social por la inseguridad en sus provincias (especialmente en el interior). Si el Gobierno acepta modificaciones menores (como mejorar el financiamiento para institutos de menores), podría conseguir los 20-25 votos restantes aquí.
En la oposición (en contra) están  Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda. Suman aproximadamente 100-105 votos. Su estrategia será dilatar el debate en comisiones apelando a los tratados internacionales.

El escenario en el Senado

En el Senado se necesitan 37 votos para la sanción definitiva. Es el terreno donde Patricia Bullrich deberá desplegar su influencia como jefa de bloque.
• Oficialismo + Aliados: LLA, el PRO y algunos senadores de partidos provinciales (como los de San Juan, Mendoza o Corrientes) podrían consolidar unos 32 a 34 votos.
• Los indecisos o negociadores: El éxito dependerá de senadores de provincias como Santa Cruz, Neuquén y Misiones. Estos sectores suelen canjear su voto por obras o beneficios directos para sus provincias. Dado que el crimen de Jeremías Monzón impactó fuerte en Santa Fe, se espera que los senadores santafesinos (incluso de la oposición no kirchnerista) se vean obligados a votar a favor.
• El rechazo: El interbloque de UP, liderado por José Mayans, se mantiene como un bloque compacto de 33 senadores. Si logran convencer a dos o tres senadores provinciales de que la ley es “inaplicable por falta de fondos”, podrían bloquear el proyecto.

Factores que pueden inclinar la balanza

• El “efecto clamor social”: El Gobierno usará el caso de Jeremías Monzón para presionar públicamente a los legisladores. En un año donde la seguridad es la principal preocupación después de la economía, pocos legisladores quieren quedar como “defensores de delincuentes” ante su electorado.
• El Presupuesto para la Implementación: El punto débil del oficialismo es el financiamiento. La oposición dialoguista exigirá saber de dónde saldrá el dinero para los nuevos centros de detención y el sistema de justicia juvenil. Si Luis Caputo no garantiza fondos, el proyecto podría aprobarse “en general” pero quedar trabado en el articulado técnico.
• La figura de Patricia Bullrich: Su regreso al Senado le da al oficialismo una “general de batalla” con experiencia en el reglamento. Su capacidad para negociar con los radicales será vital.
Es altamente probable que el proyecto sea aprobado en Diputados. En el Senado, el panorama es de final abierto, con una ventaja mínima para el Gobierno si logra fragmentar el voto de los senadores que responden a gobernadores dialoguistas.

Régimen actual vs. Nuevo 
proyecto de Ley Penal Juvenil

La principal diferencia entre el régimen actual con el nuevo proyecto de Ley Penal Juvenil radica en el paso de un modelo tutelar (donde el juez decide arbitrariamente sobre el menor) a un modelo de responsabilidad penal, donde el menor es sujeto de derechos pero también de obligaciones y penas ante la ley.

1.Edad de imputabilidad

• Régimen actual (Ley 22.278): Un menor de 16 años es absolutamente inimputable. Si comete un delito, el juez puede entregarlo a sus padres o internarlo en un instituto de menores si lo considera “en peligro moral”, pero no puede ser juzgado ni condenado.
• Nuevo Proyecto: La edad se reduce a los 14 años. A partir de esa edad, los adolescentes podrán ser sometidos a procesos penales y recibir condenas por cualquier delito tipificado en el Código Penal.
2. Tipo de delitos y escalas penales

• Régimen actual: Solo se procesa a menores de entre 16 y 18 años por delitos con penas mayores a dos años. Las penas suelen ser reducidas a la escala de la tentativa (un tercio o la mitad de la pena original).

• Nuevo proyecto: Busca que la pena sea proporcional a la gravedad del hecho. Para delitos gravísimos (homicidios, violaciones, secuestros), se establece una escala penal más rigurosa, aunque con un tope máximo de 20 años de prisión (evitando la reclusión perpetua, prohibida por tratados internacionales para menores).

3. Medidas socioeducativas y resocialización

• Sistema vigente. Enfoque: Paternalista/Tutelar. El juez tiene discrecionalidad absoluta. Sanciones penales escasas o nulas. El menor suele volver a su entorno rápidamente. Centros de detención: Institutos de menores con infraestructura deficiente.
• Nuevo proyecto. Enfoque: Responsabilidad. El menor es responsable de sus actos. Sanciones no penales: Obligatoriedad de tareas comunitarias, reparación del daño y tratamiento de adicciones. Centros de detención: Creación de establecimientos especializados de régimen cerrado con enfoque educativo

4. Derechos de las víctimas

• Régimen actual: La víctima tiene un rol secundario y muchas veces ve cómo el agresor menor de edad es liberado sin que se inicie un proceso legal.

• Nuevo proyecto: Se garantiza el derecho de la víctima a ser escuchada durante todo el proceso y a ser informada de cualquier cambio en la situación procesal del menor (exarcelaciones, traslados, etc.).

Argumentos de la oposición para intentar frenar la ley en comisiones

Para intentar frenar o modificar sustancialmente el proyecto de la Ley Penal Juvenil en las comisiones, la oposición (principalmente Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, junto a sectores del radicalismo más progresista) desplegará una estrategia basada en tres frentes: legal, presupuestario y sociológico.
Los 5 ejes de la contraofensiva opositora son:

• El principio de No Regresividad (argumento jurídico): Este será el pilar técnico más fuerte. Los legisladores argumentarán que Argentina ha firmado tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tienen jerarquía constitucional.
Según estos tratados, una vez que un Estado reconoce un estándar de derechos (como la imputabilidad a los 16 años), no puede retroceder. Sostendrán que la ley es inconstitucional y que terminará siendo judicializada y anulada por la Corte Suprema.

• Ineficacia del sistema de encierro (argumento sociológico): La oposición planteará que bajar la edad no reduce el delito, sino que perfecciona la carrera criminal de los menores.
Argumentarán que meter a un chico de 14 años en un sistema carcelario colapsado, en lugar de rehabilitarlo, lo pone en contacto con redes delictivas más pesadas. Dirán que es una “puerta giratoria” que devuelve al joven a la calle con más resentimiento y menos herramientas para el trabajo.

• La falta de financiamiento (argumento presupuestario)
Este es el “talón de Aquiles” del proyecto oficialista. La nueva ley exige la creación de tribunales especializados, equipos interdisciplinarios y, sobre todo, nuevos centros de detención que no sean comisarías ni cárceles de adultos. Preguntarán: “¿Con qué plata?”. En un contexto de ajuste fiscal, la oposición acusará al Gobierno de querer aprobar una ley “para la tribuna” que no tiene presupuesto para los institutos de menores necesarios, lo que llevaría a una situación de hacinamiento ilegal.

• El uso político de la “mano dura” (argumento político): Acusarán al Gobierno de utilizar casos trágicos (como el de Jeremías Monzón) para desviar la atención de problemas económicos.
Sostendrán que el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 16 años es estadísticamente marginal (menos del 1% del total nacional) y que el Gobierno busca una “victoria cultural” en lugar de una solución real a la inseguridad, la cual requiere atacar el narcotráfico y la deserción escolar.

• El rol del Estado ausente: El argumento se centrará en que el Estado llega “cuando el delito ya se cometió” pero se retira de la prevención. Dirán que el Gobierno recorta en educación, clubes de barrio y asistencia social, que son los verdaderos mecanismos para evitar que un chico de 14 años tome un arma. Su consigna será: “Más escuelas, menos cárceles”.

Oposición dialoguista

En la tercera vía donde se encuentra la oposición dialoguista bloques como la UCR o Encuentro Federal no rechazarán el proyecto de plano, pero intentarán imponer condiciones:

• Que la baja a los 14 años sea solo para delitos de sangre (homicidios, violaciones).
• Que la ley solo entre en vigencia cuando se certifique que las provincias tienen listos los nuevos centros de alojamiento.