La brecha eléctrica hace que algunas  provincias paguen seis veces más que otras

Desde la asunción de la gestión libertaria en diciembre de 2023, la factura de energía eléctrica subió más del doble que la inflación acumulada. Con el nuevo sistema de Subsidios Focalizados y aumentos de hasta el 400% en algunas provincias, el mapa energético argentino exhibe asimetrías sin precedentes.

Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, los usuarios cubrían apenas el 40% del costo real de la generación eléctrica; el resto era absorbido por el Estado nacional. Dos años después, el escenario ha dado un vuelco drástico. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el precio de la luz acumuló un incremento del 597%, triplicando la evolución de los salarios registrados y la inflación general.
El secretario de Energía, Daniel González, defendió esta política ante el Congreso definiéndola como un “cambio de paradigma fiscal”. Sin embargo, para los usuarios, este cambio se traduce en boletas que asfixian el presupuesto familiar.
Desde enero de 2026, el Gobierno nacional implementó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), eliminando la histórica segmentación de tres niveles (N1, N2 y N3). Ahora, el sistema es binario: hogares con subsidio o hogares sin subsidio.
El “corte” fue drástico. Se estima que unos 140.000 hogares de ingresos medios perdieron el beneficio de forma automática al quedar fuera de los nuevos parámetros de vulnerabilidad.
Para quienes conservaron la asistencia, la bonificación del 50% inició en enero con un plus extraordinario del 25%, el cual se reduce dos puntos porcentuales cada mes hasta desaparecer totalmente en diciembre de 2026.
Según el economista Nicolás Arceo, incluso los sectores más pobres enfrentan subas del 20% promedio mensual debido a que la Nación redujo drásticamente los bloques de consumo básico subsidiados.

El Mapa de la Desigualdad

La factura eléctrica se compone de tres elementos: el precio mayorista y transporte (Nación) y el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la porción que define cada provincia. Esta autonomía ha generado que hoy, por el mismo consumo, un argentino pueda pagar hasta seis veces más que otro dependiendo de su código postal.
Los extremos del ranking son:
-Mendoza (400% de aumento): Es el caso más agudo. Su ente regulador trasladó cada ajuste nacional y sumó un incremento del 6,9% al VAD provincial en febrero de 2026. Es hoy la provincia con las boletas más caras del país.
-Chaco y la crisis de SECHEEP: La empresa provincial pidió una recomposición del 61% en su tarifa de distribución. Su presidente, José Bistoletti, advirtió que la facturación actual solo cubre el 62,5% de los costos operativos, denunciando un desfase salarial del sector del 207% en los últimos dos años.
-Buenos Aires (interior): Aplicó subas de hasta el 17% en marzo y ya proyecta nuevos ajustes para el bimestre mayo-junio.

El caso Formosa

En este complejo tablero, Formosa aparece como una de las provincias que menos ha actualizado sus cuadros tarifarios locales para amortiguar el golpe. No obstante, sus usuarios sufren por igual la quita de subsidios nacionales.
La provincia mantiene una batalla política y administrativa clave: la defensa del bloque subsidiado de 550 kWh para zonas cálidas del NEA. Mientras los gobernadores del norte exigen mantener este piso frente a las altas temperaturas, la normativa nacional pretende reducirlo a solo 150 kWh.
“Ni REFSA ni la provincia de Formosa son responsables de los elevados costos en la generación y transporte de la energía. Es una política fijada por el Gobierno nacional”, sentenció Fernando De Vido, presidente de REFSA y agregó: “Nadie puede condenarse a vivir mal porque la energía viene muy cara”.
La brecha es elocuente: en el AMBA, la canasta de servicios públicos aumentó un 597% contra una inflación del 154% desde diciembre de 2023. Una familia tipo en esa región destinó en julio pasado casi $200.000 mensuales solo para cubrir luz, gas y agua.
El plan oficial contempla un esquema de ajuste mensual indexado que se extendería, al menos, hasta el año 2030. Para las provincias, la narrativa de gestión se ha vuelto defensiva: ante cada reclamo vecinal, la respuesta técnica y política apunta invariablemente a la Casa Rosada como la terminal donde se firman los aumentos que hoy apagan la economía de los hogares argentinos.