La Cámara Federal de Resistencia blinda los derechos de personas con discapacidad en Formosa

El tribunal rechazó la apelación del Estado Nacional y dejó firmes los beneficios de miles de formoseños. El fallo marca un precedente clave al oponerse al criterio de otras cámaras del país y ratificar la legitimidad del Defensor del Pueblo para litigar en causas colectivas.

En una resolución de alto impacto social y jurídico, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la vigencia de los beneficios y pensiones para personas con discapacidad en la provincia de Formosa. Con un fallo unánime de las juezas Rocío Alcalá, Patricia García y el juez Enrique Jorge Bosch, la justicia desestimó el recurso interpuesto por el Estado Nacional y la actual Secretaría de Discapacidad (ex ANDIS).
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, celebró la medida que impide que el Gobierno Nacional deje sin efecto los pagos retroactivos y las prestaciones actuales de miles de ciudadanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
La Cámara fue contundente al rechazar el intento del Gobierno Nacional de trasladar la causa al Juzgado Federal N° 1 de Catamarca. Según Gialluca, esta maniobra pretendía dilatar la resolución y unificarla con expedientes de otras provincias que habían tenido resultados adversos para los beneficiarios.
El tribunal chaqueño sostuvo que remitir a los afectados a procedimientos ordinarios o trámites burocráticos excesivos constituiría un “ritualismo inútil”, dado que los derechos constitucionales en juego requieren una protección inmediata y efectiva.
Este fallo establece una contradicción jurídica fundamental en el mapa judicial argentino con el antecedente de Tucumán. En febrero pasado, la Cámara de Tucumán revocó un fallo similar en Catamarca, argumentando que los Defensores del Pueblo no tenían legitimación para demandas colectivas y obligando a cada discapacitado a iniciar un juicio individual.
El nuevo fallo ratifica que el Amparo Colectivo es la vía idónea. Los jueces subrayaron que cuando la Constitución reconoce derechos, lo hace para que sean efectivos y no meramente ilusorios, rechazando la idea de que el Poder Judicial esté invadiendo facultades del Ejecutivo.
Esta divergencia entre cámaras federales sobre derechos humanos básicos pavimenta el camino para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deba intervenir y sentar jurisprudencia definitiva sobre la protección de las pensiones por discapacidad.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Además de blindar los cobros, la Justicia dejó firmes las prórrogas para que aquellos beneficiarios que aún no han presentado sus estudios médicos o historias clínicas actualizadas puedan hacerlo sin riesgo de perder la prestación.
“Instamos a todos los beneficiarios a completar la documentación requerida para evitar cualquier inconveniente administrativo futuro”, reiteró Gialluca.
La Defensoría del Pueblo, la Dirección de Discapacidad del Ministerio de la Comunidad y las dependencias municipales en el interior provincial permanecen abiertas para asesorar a los afectados y garantizar que ningún formoseño quede fuera del sistema de protección social.