La Comisión de Acuerdos retomó audiencias y el peronismo embistió contra el juez que repuso la Reforma Laboral

La Comisión de Acuerdos del Senado desarrolló este martes una reunión centrada en siete pliegos correspondientes al fuero laboral, destacándose el pedido puntual para extender la vigencia del mandato como juez de Víctor Arturo Pesino, quien fue uno de los magistrados que se manifestó a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.
Se trata de Víctor Arturo Pesino, quien también dispuso la intervención de la UOM. En medio de cruces políticos y acusaciones de acoso, el oficialismo anticipó que respaldará su continuidad junto a otros magistrados.
La Comisión de Acuerdos del Senado desarrolló este martes una reunión centrada en siete pliegos correspondientes al fuero laboral, destacándose el pedido puntual para extender la vigencia del mandato como juez de Víctor Arturo Pesino, quien fue uno de los magistrados que se manifestó a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.
Los cuestionamientos del peronismo tuvieron relación al hecho de que al día siguiente de su fallo fue incluido su pliego por parte del Ejecutivo para extender su mandato judicial. También le reprocharon un fallo suyo que dispuso la intervención de una seccional de la Unión Obrera Metalúrgica.
El primero de los pliegos puesto a consideración fue el del único cargo propuesto para este martes que no es de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien ya es juez y ha sido postulado por el Ejecutivo para extender su mandato por otros 5 años.
Luego fue el turno de Víctor Arturo Pesino, también propuesto para un nuevo nombramiento en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII. Su pliego fue objeto de 4 observaciones ciudadanas, una del gremio UEJN y otra por parte de la UOM.
Pesino ingresó a la Justicia del Trabajo a los 19 años, en 1971, y fue designado secretario en 1981. Reconoció como su maestro al doctor Jorge Guillermo Bermúdez, que le abrió caminos en el fuero y en lo que hace al Derecho del Trabajo. En 1989 juró como juez de Primera Instancia del Trabajo, designado por Raúl Alfonsín, y luego de 20 años concursó para llegar a la Cámara, cosa que logró en 2011, designado entonces por Cristina Fernández.
Señaló que desde que fue designado juez de Primera Instancia, debe haber dictado mucho más de 5.000 sentencias y dijo haberse jactado siempre de plegarse a la Constitución, respetar los derechos humanos, resolver teniendo presente una perspectiva de género, y también cumplir lo que juró en su momento: desempeñar el cargo de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional.
El mes que viene cumplirá 75 años y dijo sentirse apto para seguir desempeñándose como magistrado.

Acoso sobre Pesino

A la hora de las preguntas, el senador Mariano Recalde se centró en Víctor Pesino, y varias de sus preguntas giraron en torno a su pronunciamiento sobre la vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que el magistrado justificó entre otras cosas en que tuvieron en cuenta que la Corte Suprema en 2015 sostuvo, en el fallo Thomas, sobre la Ley de Medios, que “ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley en general. Y así como tiene la posibilidad de impedir la entrada en vigencia de una ley, tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos”.
“Además, no había un caso, sino un planteo genérico de la CGT contra el Estado nacional”, sostuvo, aclarando que de todos modos esa discusión estaba “zanjada” porque “la Justicia Contencioso Administrativa Federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”.
Recalde le preguntó luego sobre sobre la industria del juicio y si creía que hay una connivencia entre jueces y abogados. Tras aclarar que no correspondía que opinara sobre ese tema, dijo creer que “los juicios existen porque hay conflictos y se generan a partir de normas que habilitan o habilitaban la posibilidad de reclamar indemnización u otros tipos de rubros que podrían ser objeto de reclamos de los trabajadores”. Y finalmente negó que a su juicio exista una industria del juicio: “Existiría si estuviesen todos los juicios concentrados en dos o tres estudios, cosa que no existe. Es producto de que hay conflicto entre los trabajadores y los empleadores”.
El senador Recalde insistió en hacerle preguntas a Pesino, y las denuncias sobre irregularidades con los jueces. Llegó a preguntarle incluso sobre una denuncia que hizo recientemente el diputado camporista Rodolfo Tailhade en X, donde calificó a los camaristas Pesino y María Dora González como “dos mercenarios, conocidos en el fuero como Bonnie & Clyde”, lo que despertó la reacción de la senadora Nadia Márquez. Recalde reivindicó su potestad para preguntar incluso sobre lo que consideró rumores.
En ese marco intervino la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, para denunciar un “acoso” sobre el juez Pesino, señalando que estaban especulando sobre “rumores” en una situación que “nada tiene que ver con las preguntas objetivas. Pasa que el doctor Pesino tomó una decisión: que las leyes que este Congreso vota, se respetan”. Aclaró que se trataba de un juez de la Nación que estaba pidiendo prórroga, que tiene una cantidad de aprobaciones a favor y en contra, y que haya tenido una posición respecto de este Congreso me parece que es algo que debemos valorar. Que no avaló, como otros jueces, de manera corporativa, la defensa de intereses judiciales por sobre lo que el Congreso había decidido”.
Atribuyó esa actitud a la decisión tomada por Pesino respecto a la discusión de constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral”, y que “actuó en relación a un sindicato con algunos grados de corrupción, que hoy está intervenido”, y anticipó que por eso iban a apoyar su renovación. “El bloque de La Libertad Avanza le va a dar el acuerdo para 5 años más y también a los otros dos jueces que están en este momento analizando”, dijo en referencia a Rago Gallo y Jueguen.
El puntano Fernando Salino deploró a continuación “la práctica de que los senadores hablan sobre lo que preguntan otros senadores”, y luego José Mayans desarrolló un discurso muy crítico hacia el oficialismo, en el que cargó con dureza una vez más respecto de la cantidad de miembros de su bloque que habían sumado a esa comisión. Criticó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia, habló de una Justicia “corrupta” y ante la reacción de la radical Carolina Losada lanzó: “Ahí está la defensora de menores e incapaces”, lo que llevó al presidente de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, a ponerse duro y reclamar respetar la sesión.
Mayans insistió en dejar expuesta su disconformidad “por la falta de consideración que han tenido con nuestro bloque, a pesar de lo cual ha estado presente en esta audiencia”, y reaccionó también contra la neuquina Nadia Márquez, que le contestaba desde la bancada de enfrente, quejándose de que “la pastora no nos puede parar de hablar, cree que está en su culto”, al tiempo que también criticó al presidente de la comisión por el manejo que tuvo con la misma, recordando lo sucedido con el caso de la doctora Verónica Michelli.
Pagotto dijo haber tomado “debida nota de su protesta” y le prometió que en algún momento discutirían el tema. “Estoy absolutamente persuadido de que no cometí ningún acto irregular”, cerró.
Tras esa primera tanda tensa, pasaron nuevos candidatos. Marina Pisacco, propuesta para vocal de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, confesó que su vocación por el derecho empezó a los 13 años y durante la primera etapa de ejercicio de abogada defendió a trabajadores y sindicatos, pero también a empresas. A continuación, dijo que haber defendido a ambas partes es “lo que hoy me permite buscar ser imparcial, razonable y ecuánime”.
La magistrada –esposa del periodista Adrián Ventura– destacó: “En estos 7 años dicté 4600 sentencias, a lo cual deben sumarse los expedientes que han sido conciliados” en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 33.
“Conozco los expedientes que sentencio a fondo. Una sentencia no es simplemente una firma ni un número de característica. Dictar una sentencia es una tarea personalísima del juez, que nunca podría ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial”, aseguró.
A su turno, Diego Javier Tula, propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, contó que este año está “cumpliendo 32 años de ejercicio ininterrumpido en la función judicial” y ejerce la magistratura desde 2012.
Al referirse al concepto de juez del sigo XXI, mencionó que hay “habilidades que exorbitan lo jurídico, pero son necesarias para integrar equipos de trabajo. Me refiero a la calidad de juez comunicador, formador, que utiliza un lenguaje claro. Estas habilidades son las que, con mucho orgullo, puedo decir que hemos formado con mis colegas”.
En medio de la tanda de preguntas, Recalde afirmó estar al tanto de los exámenes que habían rendido ante el Consejo y señaló sobre ambos: “Son personas absolutamente idóneas y pueden contribuir a que el servicio de justicia funcione mejor, que el fuero del trabajo pueda llevar adelante los desafíos que tiene pendientes, sobre todo con los retrasos que muchas veces hay”.