La Comisión de Juicio Político notificó a jueces de la Corte Suprema los cargos en su contra

Los magistrados, que ya fueron notificados, pueden realizar su descargo por escrito hasta el jueves 2 de noviembre o concurrir a la Comisión el martes 7 de noviembre, si desearan hacerlo personalmente. 
En un proceso histórico iniciado en enero de este año, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó los cargos provisorios contra los miembros de la Corte Suprema luego de diez meses de trabajo. Los magistrados, que ya fueron notificados, pueden realizar su descargo por escrito hasta el jueves 2 de noviembre o concurrir a la Comisión el martes 7 de noviembre, si desearan hacerlo personalmente. “La Comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”, explicó la entrerriana Carolina Gaillard (UP), presidenta de la Comisión de Juicio Político.
Luego de 24 reuniones de comisión y la declaración testimonial de 65 testigos a partir de los 14 proyectos presentados para pedir la remoción de los Doctores Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda por posible mal desempeño de sus funciones, manifiesta parcialidad, arbitrariedad, desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos, entre otras irregularidades, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Carolina Gaillard, aprobó y dio traslado a los cargos provisorios contra los jueces de la Corte Suprema. 
De este modo, el trabajo realizado por los diputados desde el 26 de enero comenzó con la consideración de los pedidos de juicio político, luego se declaró la admisibilidad de los pedidos, y comenzó la etapa de investigación, donde se organizaron los pedidos de juicio político en función de su idéntico objeto. La producción de prueba en las causales investigadas –fallo de 2x1 que benefició a genocidas, fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, fallo de la reforma del Consejo de la Magistratura, irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y abuso de poder-, se materializó en la formulación de cargos provisorios contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Terminada la etapa sumarial, los magistrados fueron notificados de los cargos provisorios formulados contra ellos y se les hizo llegar la prueba producida, tal como lo establece el artículo 13 de la Comisión, para que los jueces realicen, si así lo desearan, un descargo por escrito –hasta el jueves 2 de noviembre- o aceptar la citación a declarar en la Comisión el martes 7 de noviembre. Si los diputados aprueban el dictamen de acusación, este podrá ser llevado al recinto, donde se necesitan dos tercios de los presentes para aprobar la acusación. En este sentido, Gaillard señaló que “la Comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”.
En las diferentes causas investigadas por la Comisión a lo largo de este año, a partir de las pruebas recolectadas y las declaraciones testimoniales, se formularon cargos provisorios contra los jueces de la Corte Suprema, que en algunos casos son compartidos y en otros individuales, según el grado de responsabilidad y participación de cada uno de los magistrados acusados.  

Beneficio a genocidas

La primera de las causales investigadas por la Comisión fue la del denominado fallo 2x1 o beneficio a genocidas, en la que se denunció que los miembros de la Corte favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Con esta sentencia, la Corte Suprema benefició al represor del Hospital Posadas, Luis Muiña, y abrió la puerta a que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas, intentando cambiar el paradigma que venía llevando a cabo la Corte para beneficiar a genocidas.

Consejo de la Magistratura

En la causa investigada por el fallo del Consejo de la Magistratura, donde se investigan las irregularidades del fallo de fines de 2021 de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, que restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley de 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados, encargado de seleccionar y remover jueces.