La contundente crítica que recibió Bullrich por parte de una funcionaria

Las condiciones que empujaron a la Argentina a vivir el estallido social parecen resurgir debido al protocolo anti-piquetes que comenzará a aplicarse en las protestas, según manifestó la ministra Patricia Bullrich, por lo cual Aráuz señaló que “años anteriores ya intentaron ponerlo en vigencia, pero lo tuvieron que retirar por los reclamos recibidos y porque es inconstitucional”.
Una funcionaria apuntó directamente contra la ministra luego de los anuncios de la cartera de Seguridad, los cuales pusieron el foco en las manifestaciones.
Luego de los anuncios emitidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la subsecretaria de Derechos Humanos de Formosa, Silvina Aráuz, aseguró que pareciera que “para algunas autoridades nacionales actuales no está claro que el Estado debe ser el garante de los derechos humanos”.
En comunicación con el portal Agenfor, la subsecretaria sostuvo que sin un Estado presente no se puede hablar de “una educación o salud garantizada”, lo cual le resulta “preocupante” para los habitantes de la región.
Bajo esta misma línea, recordó como otro acto de atropello a los derechos humanos lo vivido en el año 2001 durante el estallido social en el Gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa. “Se ejerció una represión que dejó como saldo más de 36 fallecidos y 500 heridos”, agregó.
Las condiciones que empujaron a la Argentina a vivir el estallido social parecen resurgir debido al protocolo anti-piquetes que comenzará a aplicarse en las protestas, según manifestó la ministra Patricia Bullrich, por lo cual Aráuz señaló que “años anteriores ya intentaron ponerlo en vigencia, pero lo tuvieron que retirar por los reclamos recibidos y porque es inconstitucional”.
En este sentido, afirmó que “desde organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité Nacional contra la Tortura le han advertido a la ministra Bullrich que no corresponde lo planteado, porque manifestarse es un derecho consagrado en la Constitución Nacional Argentina”.
“La libre circulación también es un derecho, pero siempre y cuando exista un camino alternativo para transitar las personas pueden manifestarse. Ahora nos queda ver cómo van a congeniar estos derechos”, agregó.
Por último, sostuvo que el decir “el que no corta, no cobra” resulta amenazante para los trabajadores que busquen manifestarse en contra de las medidas ajustadoras planteadas por el Gobierno.

Qué dice el protocolo que debutó ayer
Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal, también en CABA o territorios provinciales.
La intervención se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal competente.
Considera que las manifestaciones en las que intervendrán son: cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación.
La acción de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ante tales situaciones delictivas, estará orientada a despejar los accesos y las vías de comunicación o de transporte, en el marco de la ley y en cumplimiento de sus fines hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulación.
Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.
Buscan identificar a los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente.
Serán identificados los vehículos con los cuales los manifestantes hubieran sido transportados.
Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales serán remitidos al Ministerio de Seguridad para su comunicación a la autoridad de aplicación correspondiente, a los efectos de la adopción de las medidas administrativas que corresponda.
Cuando se observare la comisión de actos que presumiblemente pudieran ocasionar daño ambiental se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental correspondiente.
Desde el Ministerio podrán demandar judicialmente a las organizaciones y/o las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Se remitirán los datos para que puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Se creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones así como del número de infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas.