La Defensoría aportó nuevas pruebas en causa por  presunto desvío de fondos para rutas nacionales

El organismo incorporó a la investigación judicial declaraciones del vocero presidencial sobre el uso de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial). José Gialluca informó que la Defensoría requirió la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), con el objetivo de que ambos organismos, en el ámbito de sus competencias, auditen el destino de los recursos administrados por el SisVial.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa informó que presentó nuevas pruebas en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N.º 7 de Comodoro Py, en la que se investigan presuntas irregularidades en la administración de fondos destinados al financiamiento de obras viales nacionales.
Según indicó el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, la presentación fue realizada en el expediente CFP 2473/2026, donde se investigan presuntos delitos vinculados al manejo de recursos públicos, entre ellos malversación de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras figuras contempladas en el Código Penal.
Como parte de la ampliación de la prueba, la Defensoría incorporó declaraciones atribuidas al vocero presidencial, Adrián Ravier, quien, en una entrevista periodística, manifestó que una parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) es utilizada por el Gobierno nacional para contribuir al objetivo del equilibrio fiscal.
Para el organismo provincial, esas expresiones resultan relevantes para la investigación debido a que el SisVial fue creado con una finalidad específica: financiar la construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional.
En ese sentido, Gialluca informó que también solicitó al Juzgado que, de considerarlo necesario, requiera formalmente al diario El Diario de La Pampa la entrevista en la que fueron publicadas las declaraciones del funcionario nacional, a fin de incorporarlas al expediente judicial.
La Defensoría también citó una publicación difundida por el diario La Nación, que señala que el fideicomiso vial habría cerrado mayo con más de un billón de pesos invertidos en instrumentos financieros y otros 37.761 millones de pesos inmovilizados en una cuenta corriente, mientras que la ejecución de los recursos destinados a obras viales habría alcanzado aproximadamente una cuarta parte del total recaudado.
De acuerdo con la información periodística, el Sistema Vial Integrado constituye un subsistema del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, financiado con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y destinado, por disposición legal, al financiamiento de obras de infraestructura vial.
La publicación agrega que el Ministerio de Economía actúa como autoridad de aplicación del fideicomiso, mientras que el Banco de la Nación Argentina cumple la función de fiduciario, administrando la cuenta en la que se depositan y distribuyen los recursos.
Asimismo, recuerda que el fideicomiso fue creado originalmente para garantizar que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles fueran utilizados exclusivamente para obras viales, condición establecida en el marco de un financiamiento otorgado por el Banco Mundial.
Según las estimaciones citadas en esa nota periodística, los recursos actualmente inmovilizados o colocados en instrumentos financieros habrían permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas nacionales durante el actual período de gobierno.

Solicitud de auditorías

Por otra parte, Gialluca informó que la Defensoría requirió la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), con el objetivo de que ambos organismos, en el ámbito de sus competencias, auditen el destino de los recursos administrados por el SisVial.
De acuerdo con el planteo presentado, se busca determinar el uso efectivo de esos fondos y verificar si parte de ellos fue destinada a inversiones financieras -como depósitos a plazo fijo, Lecap, Lecer, Boncap y otros instrumentos- en lugar de aplicarse a las obras de mantenimiento, reparación y construcción de rutas previstas por la normativa vigente.
La investigación judicial continúa en trámite y será la Justicia Federal la encargada de analizar la documentación incorporada y determinar la eventual existencia de responsabilidades penales en relación con la administración de estos recursos.