La Defensoría del Pueblo se presentó ante la  Justicia por el presunto vaciamiento de la DNV

La investigación por el presunto desvío y retención ilegal de fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales involucra a los 24 jefes de Distrito de Vialidad de todo el país.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se presentó como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) en la causa penal que se tramita ante el Juzgado Federal Nº 7 de Comodoro Py (Causa CFP 2473/2026), impulsada por el secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, Jorge Segundo Maturano, por el presunto vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Desde el Organismo de la Constitución informaron que la presentación judicial aporta antecedentes y pruebas surgidas de la causa que se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, vinculada al presunto desvío de recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al proceso de desfinanciamiento de la DNV.
La denuncia alcanza al jefe de Gabinete, Marcelo Campoy; al exvocero presidencial Manuel Adorni; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y desvío de fondos con afectación específica.
Según la presentación, durante los ejercicios 2024 y 2025 se habrían desviado más de 400 mil millones de pesos correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos, recursos que por ley deben destinarse exclusivamente al mantenimiento y desarrollo de la red vial federal.
La investigación sostiene que la retención de estos fondos provocó una situación de “quiebra técnica” en la Dirección Nacional de Vialidad y un grave deterioro de las rutas nacionales.
Asimismo, fueron denunciados los gerentes ejecutivos de la DNV: Víctor Francisco Farre (Obras), Ema Lía Albrieu Cipollina (Planeamiento y Concesiones), Fernando Daniel Novoa (Conservación) y Diego Tomás Riveira (Recursos Humanos), además de los 24 jefes de Distrito del organismo en todo el país.
La acusación remarca que la Ley Nº 23.966 establece que el 28,58% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe integrar obligatoriamente el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal, recursos de carácter extrapresupuestario e intangible.
Sin embargo, se denuncia que el Ministerio de Economía habría retenido y derivado sistemáticamente esos fondos al Tesoro Nacional, colocándolos en instrumentos financieros para generar rendimientos, privando a Vialidad Nacional de los recursos mínimos para su funcionamiento y generando una deuda equivalente al 90% del presupuesto aprobado para el organismo.
La presentación también advierte sobre la presunta subejecución de partidas asignadas por el Congreso y el desvío de créditos provenientes de organismos internacionales de financiamiento.
Otro de los puntos señalados en la denuncia es la supuesta falsificación de datos técnicos oficiales para justificar la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad mediante el Decreto 461/2025. En ese sentido, se acusa al ministro Federico Sturzenegger de haber presentado informes que mostraban una supuesta “ineficiencia operativa” del organismo.

Irregularidades

Entre las irregularidades detectadas, se menciona que se habrían contabilizado herramientas menores, como martillos neumáticos, como si fueran unidades de maquinaria pesada, con el objetivo de inflar artificialmente la cantidad de equipos y fundamentar una reducción de la planta de personal.
Por otra parte, la denuncia sostiene que la falta de inversión en el mantenimiento vial no constituye un ahorro para el Estado, sino una grave pérdida patrimonial. Citando informes de la Cámara Argentina de la Construcción, se advierte que por cada dólar que deja de invertirse en tareas preventivas de conservación, el Estado deberá desembolsar entre cuatro y diez dólares para la reconstrucción integral de las rutas deterioradas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo solicitó la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal para frenar las maniobras denunciadas, preservar el patrimonio del Estado y determinar las responsabilidades penales de todos los funcionarios involucrados.