SE PROPUSO QUE SE CONVOQUE A UN DEBATE EN EL CONGRESO NACIONAL
La Defensoría del Pueblo solicitó frenar el decreto que disolverá Vialidad Nacional

El defensor del Pueblo de Formosa afirmó que, de eliminarse Vialidad Nacional, quedarían 30000 km de rutas nacionales totalmente abandonadas.
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La Defensoría del Pueblo se solicitó al presidente Javier Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Franco; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; que el Estado nacional no disuelva Vialidad Nacional y otros organismos como la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, “toda vez que constituyen las entidades rectoras de la política vial argentina y son claves para la infraestructura vial, el control, la planificación y seguridad en el transporte”.
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, señaló que la red vial nacional fue construida gracias a la acción histórica de dicho organismo que llegó a contar con técnicos y profesionales de alto nivel, por lo que de eliminarse Vialidad Nacional quedarían 30000 km de rutas nacionales totalmente abandonadas.
“En el actual contexto de paralización total de la obra pública por parte del Gobierno Nacional –indicó- no podemos mirar al costado mientras las rutas nacionales se convierten en escenarios de muerte por siniestros viales evitables. Eliminar también la Agencia Nacional de Seguridad Vial implicará mayor inseguridad en las rutas, pues, a más de la infraestructura se necesitan siempre controles permanentes y educación vial, dado que este es un tema de política de Estado”.
Gialluca dijo que según lo que se conoce hasta la fecha mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “nos adentraremos en una militarización de funciones civiles, toda vez que el control de tránsito pasaría a Gendarmería Nacional que actualmente no tiene ni la capacidad, ni el rol legal para asumir esas tareas”.
Atentar contra el federalismo
El defensor del Pueblo advirtió además que “lo que estamos viviendo no es un ajuste, sino una demolición y destrucción del Estado, donde se retira de sus obligaciones y deja desprotegidos a millones de argentinos”.
Asimismo, manifestó que “las provincias del interior, conocemos lo que significa Vialidad Nacional y eliminar de raíz esa estructura, es atentar contra el federalismo, el desarrollo y la seguridad vial; no podemos permitir que se trasladen funciones técnicas a fuerzas de seguridad, como si los problemas de tránsito o mantenimiento vial se resolvieran con uniformes y armas, esto no solo es ineficiencia, sino también, altamente peligroso”.
Finalmente, indicó que “pedimos a las más altas autoridades nacionales antes nombradas que se frene el Decreto para disolver Vialidad Nacional y se convoque a un debate serio en el Congreso Nacional, con la debida participación de todas las provincias, los sindicatos, trabajadores del sector, especialistas en transporte y seguridad vial, como así también, las defensorías del Pueblo, toda vez que, no se puede decidir desde una oficina en Buenos Aires lo que afecta a todo el país”.