La deuda de las familias se dispara y la morosidad supera niveles de la pandemia

Un informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) alertó por el crecimiento sostenido de la morosidad entre hogares y empresas. Según el estudio, alrededor de cinco millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días y el problema se profundiza en los créditos otorgados por billeteras virtuales y otros proveedores no financieros.
La morosidad de las familias y empresas argentinas continúa en aumento y alcanzó niveles que generan preocupación dentro del sistema crediticio. Un informe elaborado por el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) advierte que el deterioro de la capacidad de pago de los hogares se profundizó durante los últimos meses y que la situación resulta particularmente crítica entre quienes recurren a billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito.
El estudio analiza la evolución de la irregularidad del crédito en el sector privado no financiero, diferenciando entre familias y empresas. Para ello, examina la calidad de las carteras crediticias del sistema financiero tradicional, integrado principalmente por bancos, y de los proveedores no financieros de crédito, entre ellos billeteras virtuales, fintech y comercios que ofrecen financiación.
El relevamiento también incorpora información desagregada por entidades, provincias y rangos de edad. Los datos utilizados surgen de los Informes sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del procesamiento de las bases de la Central de Deudores (CENDEU).
De acuerdo con las conclusiones del CEPA, el incremento de la morosidad se desarrolla en paralelo con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el aumento de tarifas y precios regulados y la caída de la actividad económica. El endeudamiento aparece así como una herramienta utilizada cada vez con mayor frecuencia por los hogares para afrontar gastos cotidianos.
En declaraciones a la agencia AgenFor, la economista del CEPA, Jennifer Stefan, explicó que los datos oficiales permiten observar un crecimiento sostenido del número de personas que recurren al crédito: “Lo que se puede ver a través de los datos que son públicos es que hay un aumento de 19 meses consecutivos de 20 millones de personas que tienen algún préstamo o algún instrumento financiero tomado, con 5 millones de personas que no pueden pagar y tienen más de 90 días de atraso”.
La especialista advirtió que el deterioro no se limita a la banca tradicional, sino que adquiere una dimensión todavía mayor en el segmento de las plataformas digitales: “La situación es grave en lo que son las entidades financieras tradicionales, como los bancos, y el problema se agudiza con las billeteras virtuales”.
Entre ellas mencionó a Mercado Pago, Ualá y Naranja X, cuyos niveles de irregularidad, según el análisis del CEPA, superaron los registros observados durante la pandemia.
Stefan señaló que la morosidad en este segmento se encuentra cerca del 29%, por encima del máximo registrado durante la pandemia de coronavirus, que había alcanzado aproximadamente el 27%.
La situación resulta aún más delicada entre los proveedores no financieros de crédito, como las casas de electrodomésticos y otros comercios que ofrecen financiación. En ese sector, indicó la economista, la morosidad se ubica “por arriba del 50%”.
Los jóvenes, entre los más afectados
Uno de los aspectos destacados por el informe es el fuerte nivel de endeudamiento entre los jóvenes. Según el relevamiento, el 38,4% de los deudores morosos tiene entre 18 y 34 años, es decir, prácticamente cuatro de cada diez personas de ese grupo etario se encuentran en situación de irregularidad.
El CEPA observa además una particularidad en el comportamiento de los jóvenes: aunque concentran una proporción menor del monto total de la deuda, representan una participación considerable dentro del universo de personas con créditos en situación irregular.
En particular, el grupo de entre 18 y 24 años representa el 3,8% de los montos morosos, pero alcanza el 10% del total de deudores en situación de irregularidad.
Para Stefan, estos datos reflejan una marcada tendencia de los jóvenes a utilizar canales digitales para acceder al crédito: “Si bien la masa de la deuda se concentra en una franja etaria de 35 a 44 años, la irregularidad entre los jóvenes es muy alta, ya que cuatro de cada 10 que toman un préstamo en billeteras virtuales no puede pagarlo”.
El fenómeno muestra, de acuerdo con el análisis, que el problema no está determinado exclusivamente por el volumen de dinero adeudado, sino también por la cantidad de personas que tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros. “La situación es crítica”, enfatizó la economista.
Tasas de interés y acceso al crédito
Otro de los puntos señalados por Stefan está relacionado con la diferencia entre las tasas que pagan los bancos por captar depósitos y las que cobran al momento de otorgar préstamos: “Los spread de los bancos están rotos, ya que tenemos tasas activas que pagan un plazo fijo cerca del 23%, mientras que las tasas para préstamos están cerca del 70-80% y en algunos casos arriba de 100%”.
La economista cuestionó además un cambio en el discurso oficial respecto del papel del crédito en la economía. Recordó que durante 2024 y 2025 desde el Gobierno nacional se planteaba que el crédito sería uno de los motores del crecimiento, mientras que actualmente, según señaló, la respuesta oficial frente al endeudamiento de los hogares apunta a remarcar que “nadie obligó a los ciudadanos a tomar un crédito”.
Para el CEPA, esta interpretación deja de lado las condiciones económicas que llevan a una familia a recurrir al financiamiento.
“Hay un problema estructural, que es la caída de los salarios”, sostuvo Stefan, quien también cuestionó la falta de medidas oficiales destinadas a aliviar la situación.
El informe del CEPA vuelve así a poner el foco sobre una de las consecuencias menos visibles de la pérdida de ingresos: el recurso creciente al endeudamiento para sostener el consumo y afrontar gastos básicos. El aumento de la morosidad, particularmente entre jóvenes y usuarios de plataformas digitales, plantea además un desafío para el sistema financiero y para la capacidad de las familias de recuperar su margen de consumo sin profundizar su nivel de deuda.

El poder adquisitivo, en el centro del problema
El Centro de Economía y Política Argentina vincula el incremento de la morosidad con la evolución del poder adquisitivo y con el esquema económico implementado por el Gobierno nacional, al marcar las causas del deterioro.
El informe plantea que el crecimiento de las deudas coincide con el deterioro de los ingresos reales y con el aumento de los costos que deben afrontar los hogares.
Stefan también cuestionó el argumento oficial que atribuye parte de las dificultades económicas a factores vinculados con la incertidumbre electoral o el denominado “riesgo kuka”. 
Según explicó, Stefan el incremento de la irregularidad crediticia comenzó antes de las últimas elecciones legislativas y se observa desde fines de 2024.
En concreto, sostuvo que las deudas en el sistema financiero comenzaron a incrementarse desde noviembre de 2024, mientras que las correspondientes al sistema no financiero lo hicieron desde diciembre de ese año.

El debate sobre los encajes bancarios
La economista Jennifer Stefan planteó que existen herramientas de política financiera que podrían utilizarse para intentar reducir el costo del crédito.
Entre ellas mencionó una eventual reducción de los encajes bancarios, que podría incrementar los fondos disponibles para préstamos y favorecer una disminución de las tasas. “Se podría tomar una medida para bajar los encajes de los bancos y de alguna manera forzarlos a que tengan que prestar plata a una tasa más baja”, explicó.
Sin embargo, consideró que el Gobierno no avanza en esa dirección porque una mayor liquidez podría generar presiones adicionales sobre el mercado cambiario y los precios. “No lo quieren hacer porque esto les puede significar más presión sobre el dólar o la inflación, que son dos banderas de las que no se quieren despegar”, afirmó.
Para Stefan, esa decisión también estaría relacionada con las expectativas políticas y económicas de cara al próximo año electoral: “Le tienen mucho miedo al año que viene y a las tensiones propias de las elecciones”.
Seis de cada diez argentinos prevén que su situación empeorará
El pesimismo sobre el futuro económico alcanzó en agosto su punto más alto en lo que va de la gestión de Milei. Según el último Informe de Expectativas Económicas de la consultora Opina Argentina, el 60% de los encuestados considera que su situación personal empeorará en los próximos meses —7 puntos porcentuales respecto al mes previo—, consolidando una tendencia al deterioro que se agravó a lo largo del año.
El estudio (realizado sobre 1.507 casos online a nivel nacional entre el 7 y el 11 de agosto) advierte que el malhumor social dejó de ser una percepción coyuntural para transformarse en un “rasgo estructural de la opinión pública”. La estabilización de las variables macroeconómicas no logra impactar en el bolsillo familiar, y esa brecha entre los indicadores oficiales y la experiencia cotidiana domina el clima social.
La microeconomía refleja un escenario bajo alta presión:
Ingresos ajustados: El 48% afirmó no llegar a fin de mes y el 32% cubre sus gastos básicos sin capacidad de ahorro. Solo el 18% logró ahorrar en el último mes.
Freno al consumo. El 62% considera que no es momento para comprar electrodomésticos y el 75% no realizó gastos en esparcimiento (salidas, cenas o cine).
Consumo alimentario. El 54% percibe un deterioro en la calidad de los alimentos que consume en su hogar.
Este ajuste en los consumos abarca incluso a 6 de cada 10 votantes de la alianza oficialista de 2023, lo que señala el agotamiento del “colchón político” y de la tolerancia al ajuste fiscal que sostenía las expectativas iniciales.
Empleo e inflación: las principales alarmas
El desempleo se afianzó como la mayor preocupación ciudadana con el 36%, seguido por la corrupción (32%), la inflación (11%) y la inseguridad (9%). Además, un 64% expresó temor a que algún familiar pierda su trabajo en el corto plazo.
En cuanto a los precios y el mercado cambiario, la desconfianza aumenta:
Inflación. El 55% anticipa una aceleración de la dinámica inflacionaria (frente a un 22% que cree que bajará) y el 63% sostiene que el Gobierno no está solucionando este problema.
Dólar. El 57% prevé un incremento en la cotización de la divisa, mientras que el 32% proyecta que se mantendrá estable.
Responsabilidad política y rechazo legislativo
La atribución de responsabilidades por la crisis se desplazó: el 63% señala a la actual gestión, mientras que el 35% responsabiliza al gobierno anterior. Esta relación se invirtió respecto a diciembre de 2023, cuando la mayor parte del costo político recaía en la administración saliente.
A su vez, el rechazo a las iniciativas del Ejecutivo nacional superó el 58% en tres de sus principales proyectos legislativos: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Ley de Inocencia Fiscal y el Super RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias).
El nivel de pesimismo registrado en agosto de 2026 empata con el que se medía al cierre de la presidencia de Fernández, un período que la opinión pública asocia con una de las etapas de mayor deterioro económico reciente. Que ese umbral vuelva a alcanzarse en el tercer año de la actual gestión representa una luz de alerta para la Casa Rosada de cara a las elecciones de 2027.