La familia Salinas dio su versión de los hechos del homicidio de Vicente Gavilán
CLORINDA. Sigue prófugo el conocido dirigente político Ramón Salinas, sindicado como el autor del disparo de escopeta a una pierna de su vecino Vicente Gavilán, quien luego de días de internación en la capital provincial y tras habérsele amputado una pierna, falleció por complicaciones.
El hecho, carataludo como homicidio, fue muy debatido en la opinión pública y recientemente familiares de Ramón Salina emitieron un comunicado dando su versión de los hechos.
El comunicado fue emitido ante las diferentes versiones que circulan por distintos medios de difusión, incluidas las redes sociales, respecto a los hechos del 8 de mayo, en cuanto a la participación que incumbiera a Ramón Salina en el lamentable deceso de Vicente Gavilán.
En el escrito se indica que “la secuencia de hechos de violencia se inició en contra de quien en vida fuera Norma Beatriz Poch, por parte de un grupo de personas entre las cuales se encontraba Vicente Gavilán, siendo este uno de sus principales protagonistas; la enemistad de la familia Gavilán en contra de la señora Poch se remonta a tiempos atrás, por causas que no caben mencionar, pero que se incrementaron con actos de hostigamiento que se verificaron desde que ésta contrajera coronavirus”.
“El día 8 de mayo –agrega- ese hostigamiento mutó a una violencia material inusitada, puesto que los agresores -que se encontraban festejando el cumpleaños de Vicente Gavilán- concurrieron aproximadamente a las 21 a la residencia de la señora Poch para inmediatamente comenzar a destrozar la casa mediante el lanzamiento de escombros, patadas, golpes con elementos contundentes, entre otras acciones irrazonables, pretendiendo incluso ingresar; en ese contexto de violencia, concurrieron unos pocos agentes policiales que tomaron la denuncia respectiva y la intervención de Ramón Salina en ese momento, como un vecino preocupado, fue únicamente solicitar a los agentes policiales que tomaran las medidas pertinentes, actuando en calidad de testigo”.
Señala además que “una vez que se retiraron los agentes, aproximadamente a las 4 de la madrugada, los agresores reanudaron el atentado en contra de la propiedad de Norma Poch, quien comenzó a solicitar auxilio; es en ese momento en que Salina salió de su residencia para intentar calmar a los violentos, pero éstos en vez de cesar en sus acciones, emprendieron la agresión en contra del mediador al punto de que su pareja recibió el impacto de un escombro que le ocasionó una lesión cortante en la cabeza, procedieron además a ingresar dentro de los límites de la residencia de Salina, realizando destrozos en contra de su propiedad e inclusive de su automotor, como debería constar en las actuaciones policiales, y se secuestraron inclusive bidones con combustible, prontos a ser utilizados”.
El comunicado señala que la cantidad de agresores era de aproximadamente 30 y “se produce un primer disparo disuasorio al aire con una escopeta calibre 12, pero en vez de desistir los atacantes, éstos se tornaron aún más violentos, avanzando seriamente sobre la humanidad de Salina, como la de su pareja conviviente, quienes se encontraban solos”.
“Se constata frente a ese avance –agrega- un segundo disparo hacia el suelo con la misma finalidad, con el infortunio de que aproximadamente 7 perdigones impactaron en una pierna de Vicente Gavilán, cuando se aprestaba a golpear con un fierro la humanidad de Salina. Aun así, el resto de los agresores continuaron su embestida, hasta con posterioridad a que concurrieran efectivos de la Policía. Lo cierto es que luego del impacto en la extremidad de Gavilán, la ambulancia concurrió al lugar después de aproximadamente 90 minutos para trasladarlo al hospital, siendo posteriormente derivado a la ciudad de Formosa”.
En el período de atención médica, “por otras causas que deberán establecerse”, la situación de salud de Gavilán se complicó “por contraer una infección generalizada que no pudo ser controlada, aún a pesar de serle amputada la extremidad herida, su deceso no se produce así por relación inmediata con las heridas sufridas, sino en concurrencia a otros factores que le ocasionaron una sepsis incontrolable”.
“Sobre todos hechos relatados –señala- existe abundante material probatorio que se encuentra incorporado al sumario judicial, sin perjuicio de los que deberán agregarse oportunamente (celulares, videos, audios de voz, fotografías testigos, etcétera). Es claro que, a primera vista, sin perjuicio del esclarecimiento de los hechos en sede judicial, no se trata de un caso de homicidio simple, puesto que en esa secuencia no puede siquiera presumirse una intención de matar, sino la de disuadir una agresión ilegítima que ponía en riesgo la vida de las personas violentadas, dentro de los límites de sus propios domicilios, a los que habían ingresado Vicente Gavilán con sus acompañantes”.
Además, indica que “el tratamiento mediático, pero también judicial que se le está confiriendo a Ramón Salina, como si fuera un homicida a sangre fría, no resulta un acto de justicia; como es de costumbre también se alzaron ciertas voces que pretenden obtener un rédito político del lamentable suceso, como es el caso del doctor Gabriel Hernández, quien con total liviandad relató que una discusión Salina sacó una escopeta para disparar directamente en contra de Gavilán; no se trató de una mera discusión o riña, sino de un acto de agresión con alta peligrosidad sobre la salud o vida de otros vecinos que se encontraban en total soledad, iniciado por un grupo considerable de personas que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en un cumpleaños celebrado en contradicción a las normas preventivas sanitarias”.
“Debe quedar claro –agrega- que todos los episodios de violencia descriptos son lamentables, pero no debe olvidarse ni el fallecimiento de Norma Poch, agravada en su salud por la tortuosa situación por la que debió transitar, ni minimizar la circunstancia de que la agresión a la vida de todos los involucrados, con los destrozos constatados a sus propiedades, se inició en la conducta de un numeroso grupo de personas, entre los que participó activamente Vicente Gavilán”.
Asimismo, en el comunicado se hace mención que “el entorno del difunto Gavilán tomó un rol que no aporta, pues han emprendido amenazas a posibles testigos, además de reproducir falsedades que son difundidas en medios digitales, radiales, en redes sociales o en cualquier otra herramienta de incidencia masiva sobre la opinión pública; lamentamos la muerte de Vicente Gavilán, como también sufrimos la de Norma Beatriz Poch, quien ha sido convenientemente olvidada por los medios de comunicación, pero no aceptamos que se incida sobre las decisiones judiciales a través de una presión social formada con hechos notoriamente falsos e inexactos aportados únicamente por la familia Gavilán, sin que siquiera se corrobore la veracidad de estos; exigimos objetividad en el tratamiento que debe dar el periodismo a toda cobertura, pero sobre todo, anhelamos la verdad”.
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“No puede ser homicidio simple”
“En cuanto a la calificación del hecho –señala el escrito- no obstante resultar clara la legítima defensa, jamás la secuencia relatada puede encabezar un homicidio simple, sino en el peor de los casos la figura preterintencional prevista en el artículo 81 inc. b) del CPA; si se hubiera observado una intención de matar no sería razonable que el impacto de perdigones se constatara en una pierna, más no en otras zonas vitales del cuerpo, tampoco fueron las heridas producidas las causas inmediatas del deceso, sino una sepsis generalizada que pudo obedecer a diferentes razones”.
Sobre la actuación del Juez de Instrucción, se indica que “se lo viene acusando de favorecer a Ramón Salina por incidencia política, cuando no sólo caratuló la causa conforme a una calificación ilegal incorrecta al solo efecto de ordenar su detención, sino que libró más de 7 órdenes de allanamiento, sin resolver las peticiones realizadas por la defensa dentro de los plazos procesales; denegó un pedido de exención de prisión, sin tratar aún la detención domiciliaria que se requiriera en consideración a las graves afecciones de salud que padece Salina, de 63 años, corroborados con las historias clínicas que acreditan que su alojamiento en una alcaldía o comisaría puede resultarle fatal en este contexto de pandemia”.
Exigiendo “el avance objetivo de la investigación penal con respeto al principio de inocencia e igualdad ante la ley”, se reclama “la búsqueda de la verdad real, libre de presiones mediáticas, políticas o sociales ilegítimas”.
