EL AJUSTE NACIONAL FUERZA A CORRIENTES A PROFUNDIZAR SU DEUDA PÚBLICA
La herencia de Gustavo Valdés: más de $164 mil millones de deuda para el próximo gobernador
El actual Gobernador, Gustavo Valdés, aliado del Gobierno nacional, dejará el terreno propicio para que exista, aún más, una fuerte dependencia del financiamiento nacional que, en los primeros dos años de su sucesor, estará en manos de Javier Milei. A esto se deben sumar las serias restricciones financieras que podrían complicar las políticas públicas y la gestión diaria, especialmente si la macroeconomía del país no mejora.
Los números están en rojo. Valdés dejará el sillón de Ferré en un marco de alto endeudamiento. En este panorama, la provincia quedará sometida a una fuerte dependencia del financiamiento nacional que, en los primeros dos años de su sucesor, estará en manos de Javier Milei.
El año próximo, el Gobernador Gustavo Valdés deberá abandonar su mandato tras ocho años al frente de la gestión y el estado en el que dejará a la deuda pública preocupa a los posibles sucesores. De acuerdo a los últimos presupuestos que se enviaron a la Legislatura, el endeudamiento fue utilizado por la actual gestión como una herramienta clave y se anticipa que significará un importante desafío financiero para quien suceda al radical.
De acuerdo a los datos de la Contaduría General de la Provincia de Corrientes, actualmente, la deuda provincial es de $64.905.814.075,52 (calculado hasta el tercer trimestre de 2024). Con la proyección de un nuevo endeudamiento por $100.000.000.000 en 2025, según lo que establece el presupuesto aprobado recientemente por la Legislatura provincial, la deuda total ascendería a $164.905.814.075,52, asumiendo que no se amortice el stock actual. Esto implica un incremento sustancial del 154% respecto a la deuda actual, colocando a las finanzas públicas bajo presión.
Si se observa el crecimiento de la deuda pública de Corrientes en los últimos años se observa un valor de $35.137.648.246,44 en 2022 y un total de $83.139.798.428,11 en 2023, de acuerdo a la información que dispone la Contaduría General. Vale señalar que estos valores están compuestos por los pasivos corrientes y no corrientes, los cuales incluyen distintos conceptos como cuentas a pagar, aportes, préstamos y otras obligaciones financieras.
Diferentes analistas de medios locales indicaron que en 2023 la provincia cerró con un aumento de ingresos propios y rentabilidades positivas en sectores como el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Sin embargo, el financiamiento a través de deuda continuó, reflejando un crecimiento sostenido del pasivo consolidado y flotante.
Además, si se observa el documento del Presupuesto provincial 2025 que elaboró el Poder Ejecutivo y le fue aprobado por amplia mayoría oficialista el jueves 28 de noviembre, éste le da la posibilidad a la gestión de Valdés de emitir Letras del Tesoro por $20.000 millones, lo que representa más deuda para la provincia de Corrientes. A diferencia de deuda de largo plazo, como los bonos, las Letras requieren pagos más inmediatos, lo que puede generar presión sobre las finanzas públicas si no hay liquidez suficiente.
Si se suman los $20.000 millones en Letras del Tesoro a la deuda proyectada para 2025 (de $164.905 millones, considerando el nuevo endeudamiento), el total de deuda de la provincia podría superar los $184.905 millones. Además, dado su carácter de corto plazo, el gobierno sucesor deberá enfrentar amortizaciones rápidas, lo que podría restringir aún más su capacidad para ejecutar políticas públicas.
Sin embargo, ésta no es la única consecuencia negativa del alto endeudamiento que dejará Valdés a quien le suceda en el sillón de Ferré: si el nivel de endeudamiento sigue creciendo sin un aumento proporcional en los recursos genuinos (como recaudación impositiva, regalías, o fondos nacionales), la provincia podría enfrentarse a serias dificultades para cubrir gastos básicos, como salarios e infraestructura.
El actual Gobernador, Gustavo Valdés, aliado del Gobierno nacional, dejará el terreno propicio para que exista, aún más, una fuerte dependencia del financiamiento nacional que, en los primeros dos años de su sucesor, estará en manos de Javier Milei. A esto se deben sumar las serias restricciones financieras que podrían complicar las políticas públicas y la gestión diaria, especialmente si la macroeconomía del país no mejora. Mejor no restar importancia al descontento social que en este escenario se podría agudizar.
El 2025 traerá un desafío crucial para la gestión de Valdés: tendrá que afrontar un gasto considerable para suplir el desfinanciamiento en obras públicas ocasionado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Algunas de las obras nacionales que deberán ser reactivadas incluyen proyectos de infraestructura urbana, como la construcción y modernización de las costaneras en varias localidades (Esquina, Goya, y San Isidro), pavimentación de avenidas (como en Mocoretá), y la restauración de la costanera en Esquina. La inversión total para estas obras supera los $8.841 millones.
Otra de las prioridades que se marcó la gestión actual es la reactivación de los CDI, en el marco del feroz recorte de fondos nacionales para obras educativas; incluye la construcción de 15 nuevos centros, que beneficiarán a más de 1.300 niños en toda la provincia. Además, se prevé retomar las construcciones de 779 viviendas del programa Casa Propia, lo que implica una inversión de casi $23 mil millones.
Resta ver qué impacto financiero tendrá finalmente la gestión de Valdés en quienes le sucedan en el cargo: está claro que eso dependerá de su actuación frente a la gestión libertaria que ya anticipó que pedirá a las provincias un ajuste de 60 millones de dólares durante el 2025. Mientras tanto, Javier Milei patea para adelante la discusión por la deuda nacional en materia de cajas previsionales e intenta prorrogar el presupuesto del 2023 para hacer uso discrecional de los fondos públicos.