La Justicia confirmó que fiscales de JxC en Formosa recibieron un bono en 2019

El abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó en Comodoro Py de manera espontánea en la causa para denunciar que en Formosa más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio habría cobrado el bono de $5.000 que había implementado el ex presidente Mauricio Macri y debía tener como destino real a desocupados.

La Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios de un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos al comicio y que debía tener como destino real a desocupados. La desproporción y el volumen de la maniobra clientelar quedan más de manifiesto si se tiene en cuenta que la gestión macrista había reservado para todo el distrito 6.800 beneficios, equivalentes al 1,5% de la población. La causa judicial arrancó por una investigación de Ámbito Financiero de septiembre de 2019, que abarcó desde el diseño oculto de la medida hasta su utilización mediante punteros políticos en varios distritos, y recién en las últimas semanas dio a luz un peritaje decisivo.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) elevó el estudio a la fiscalía federal a cargo de Ramiro González, que a su vez instruye la causa por delegación de la jueza con competencia electoral María Servini. 
El expediente investiga la utilización por parte del gobierno anterior de la resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, que implementó el despliegue en todo el país de 130.000 bonos de $5.000 cada uno supuestamente orientados a desempleados con un presupuesto total de 650 millones de pesos.
La administración macrista jamás anunció públicamente la puesta en marcha de ese programa pese a su magnitud y alcance nacional, no lo publicó en el Boletín Oficial ni abrió registro alguno para que pudiesen inscribirse posibles beneficiarios. Sica solo aludió al bono clandestino una vez que este diario publicó varias notas al respecto y cuando la magistrada ordenó suspender los pagos a mediados de octubre de 2019, a falta de diez días para la elección presidencial general, por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista que pudiese violar el código electoral.
Una vez radicada la denuncia en Comodoro Py, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó de manera espontánea en la causa para denunciar que en esa provincia más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio habría cobrado el bono. La acusación iba un paso más allá de las sospechas originales según las cuales el beneficio orquestado por el entonces Gobierno nacional había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales, para señalar que al menos en la provincia norteña se había utilizado para comprar la voluntad de autoridades de mesa con vistas al proceso electoral.
Dos años y nueve meses después de iniciada la investigación y luego de un intento fallido de peritaje, la Datip finalmente corroboró y amplió la tesis del denunciante de Formosa: casi la mitad de los fiscales de JXC que participó en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.
El primer dato inquietante del estudio realizado por el órgano judicial señala que más de la mitad de los 2992 fiscales de Juntos por el Cambio inscriptos para los comicios de 2019 presentaron documentos de identidad inválidos. 
Si se toman en cuenta los fiscales que actuaron en ambas elecciones: de un total de 116, se constató que 74 (63%) cobraron el beneficio que en la provincia tramitaban punteros de la oposición. Para tener una dimensión más clara de la desproporción en el reparto de beneficios entre los fiscales, el entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.

“La oposición actuó como una asociación ilícita”

El diputado provincial Agustín Samaniego sostuvo que quedó “palmariamente demostrado” que dirigentes políticos del radicalismo de todo el país, incluidos los formoseños, utilizaron dineros públicos para favorecer sus aspiraciones electorales en el 2019; y manifestó que, una vez más, “la oposición formoseña está involucrada en un gigante escándalo de corrupción, esta vez con ribetes de índole nacional y de la peor estofa”.
“Luego de un estudio detallado y de cruzamiento de datos, peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se observa claramente cómo es la maniobra”, indicó.
Y explicó: “Para obtener fiscales para las PASO y las elecciones generales de ese año, los acusados remuneraron otorgándoles un bono extraordinario de 5.000 pesos que había sido instrumentado días previos a la elección, por Mauricio Macri, para eventualmente desocupados”.
En ese marco, el legislador consideró que, a todas luces, “esto es un gran hecho de corrupción, de grave inmoralidad y de tamaña desvergüenza”, donde el jefe máximo en Formosa de esta asociación ilícita, es el actual diputado Nacional, Ricardo Buryaile, que en ese momento era candidato, “pero que tiene lugartenientes que colaboraron activamente en ese proceso ilegal”. 
“Todos estos dirigentes de la oposición política formoseña deberán comparecer en indagatoria ante la Justicia y explicar lo que realmente parece inexplicable como, por ejemplo, que casi el 100% de los fiscales de Juntos por el Cambio en Formosa recibieron ese bono extra”, manifestó.

Los imputados

La causa tiene como imputados a los exministros de Cambiemos Dante Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito); al ex secretario de Empleo Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1.117 que dio origen al programa de asistencia); al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, ex  candidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la denuncia de Formosa fueron acusados, junto a Buryaile, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.