La Justicia investiga a una mujer por utilizar el autismo como insulto en redes sociales

La Asociación Camino Azul TEA, un colectivo de padres y la Defensoría del Pueblo presentaron una denuncia formal contra una usuaria que utilizó el autismo como insulto. Buscan sentar un precedente legal contra el acoso digital y la estigmatización.

En un frente común contra la violencia digital y la estigmatización, la Asociación Camino Azul TEA – Formosa, junto a un grupo de padres y la Defensoría del Pueblo de la provincia, radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía en turno contra una persona identificada inicialmente como V.S.F. La acusación se basa en la publicación de contenido discriminatorio a través de la red social TikTok, donde la denunciada utilizó la condición del Espectro Autista para proferir insultos y burlas.
La presentación judicial solicita la intervención urgente del Fiscal Penal para investigar la posible comisión de delitos previstos en la Ley Nacional Nº 23.592 (Ley Antidiscriminación), específicamente en sus artículos 1º y 3º. El objetivo de la acción es que la agresora se retracte de sus dichos o, en su defecto, afronte las sanciones penales correspondientes a su inconducta.
Según el escrito presentado, la denunciada utilizó el neurodesarrollo de base genética compleja (TEA) como una herramienta de manipulación dialéctica para denigrar, equiparando la condición a una “incapacidad mental” o “deficiencia”. Estas expresiones no solo refuerzan prejuicios segregacionistas, sino que vulneran el derecho al honor y la dignidad, protegidos por el artículo 33 de la Constitución Nacional y tratados Internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ambos con jerarquía constitucional.

“No podemos quedarnos en silencio”

La indignación de la comunidad educativa y las familias fue el motor de esta denuncia. Numerosos ciudadanos acudieron al Organismo de la Constitución para solicitar su intervención tras la viralización del video.
“Hay mucha violencia en las redes sociales, pero la expresión más detestable es agredir a quienes tienen dificultades para defenderse, denigrando su condición”, expresaron los padres al momento de formalizar la presentación.
Asimismo, destacaron que el avance judicial busca romper la creencia de que las agresiones en entornos digitales carecen de consecuencias legales: “Es un camino para poner límites de una vez por todas”.
En un apartado de fuerte contenido político y social, las asociaciones recordaron que su lucha es por el cumplimiento de las leyes vigentes y no por beneficios especiales. En este sentido, rechazaron posturas deshumanizantes que consideran a la discapacidad como un “problema familiar” y no como una responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto.
“No estamos pidiendo favores, sino lo que por ley nos corresponde”, enfatizaron, dejando en claro que, aunque las asociaciones no responden a partidos políticos, siempre tomarán posición activa cuando se vulneren los derechos elementales de las personas con discapacidad.

Ley 23.592

Para dar contexto a la denuncia, la normativa citada establece que el artículo 1° de la Ley 23.592 obliga a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material; y el artículo 3º estipula penas de prisión para quienes participen en organizaciones o realicen propaganda basados en ideas de superioridad o que inciten al odio religioso, racial o por razones de discapacidad.