La Libertad Avanza lleva la Ley Penal Juvenil al recinto el jueves 12

Se conoció el cronograma de la semana próxima compuesto por reuniones constitutivas, plenarios y sesión extraordinaria. La oposición dialoguista logró mantener el dictamen del año pasado, pero con una modificación presupuestaria. El plan para sancionar a contrarreloj la modernización Laboral antes del 1 de marzo.

El oficialismo en la Cámara de Diputados delineó ayer el cronograma para avanzar con la Ley Penal Juvenil: el martes 10 quedarán constituidas las comisiones restantes; el miércoles 11 será el plenario que pase a la firma el despacho; y el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema.
La decisión se tomó en un encuentro con la presencia de los presidentes de todos los bloques en el despacho de Martín Menem. Luego, junto a la mesa política de Casa Rosada, el presidente de la Cámara Baja arribó poco antes de las 14.30 al Salón de Honor en el Palacio Legislativo, donde encabezó el encuentro junto a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario; Silvana Giudici, secretaria parlamentaria; y Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, cabecera del proyecto.
Además de los representantes de La Libertad Avanza estuvieron presentes Cristian Ritondo del Pro; Pamela Verasay de la UCR; Oscar Zago del MID; Gisela Scaglia de Provincias Unidas; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Gerardo González de País Federal; Alberto Arrúa de Innovación Federal; Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; Karina Banfi de Adelante Buenos Aires; Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica; Fernanda Ávila de Elijo Catamarca; y Gladys Medina de Independencia.
Por su parte, los bloques de la oposición dura también asistieron a la cumbre en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados. Germán Martínez de Unión por la Patria llegó pasadas las 14 y fue uno de los primeros en irse. El Frente de Izquierda llevó a Myriam Bregman y a Romina del Plá, quienes llegaron en tiempo y forma, y se quedaron hasta el final. Con Menem como anfitrión, el Salón de Honor albergó a casi 20 titulares de bloque.

De 16 a 14 años

Los referentes del oficialismo dieron lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el pasado 6 de mayo: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.
Sin embargo, la única modificación estará en el artículo 52 del dictamen, vinculado a la asignación presupuestaria. Según pudo saber este medio, quedará establecida la actualización presupuestaria “sujeta a convenios entre Nación y las provincias”, en virtud de la adecuación de las unidades penitenciarias para que puedan albergar adolescentes.
Algunos referentes de bloques aliados remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años, está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por los derechos del menor que se han firmado. Esto mismo ha sido reiterado en más de una vez por Patricia Bullrich, autora del proyecto de ley cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.
Una vez que terminó la reunión en el Salón de Honor, los diputados reconocieron que este detalle se debe a que cuando se pasó a la firma el dictamen del año pasado, no había una Ley de Presupuesto, como sí ocurre actualmente. Cabe recordar que ese despacho tuvo el aval del oficialismo, el Pro, la CC, Democracia para Siempre (hoy Provincias Unidas) y los integrantes del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria.
Con relación a la conformación de las comisiones del martes próximo, además de Justicia y Familias, Niñez y Juventudes que abordarán el plenario del Régimen Penal Juvenil, se van a conformar Mercosur; Relaciones Exteriores; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y Legislación del Trabajo para recibir a la Ley de Modernización Laboral si es que prospera la media sanción en el Senado el próximo miércoles 11.
Tanto oficialistas como opositores dialoguistas dejaron la puerta abierta sobre la posibilidad de dictaminar la modernización laboral el miércoles 18 de febrero –último día habilitado para firmar despachos– y realizar una segunda sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 25 de febrero al regreso del feriado de carnaval.

El acuerdo de los 14 años

Para garantizar los votos, el oficialismo tuvo que ceder en la postura original de Patricia Bullrich, quien pretendía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Finalmente, se reflotó el consenso alcanzado el año pasado:
Baja de imputabilidad: se establece en los 14 años (actualmente es de 16).
Escala penal: la pena máxima para menores será de 15 años de prisión para delitos gravísimos (homicidio, abuso sexual, secuestro).
Régimen de encierro: los menores condenados no podrán compartir espacios con adultos. Se deberán crear o adaptar centros especializados con tratamiento diferencial.
Medidas alternativas: para delitos menores, se contemplan sanciones como servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico.
El oficialismo no quiere dilataciones y ha trazado una hoja de ruta estricta:
Martes 10: constitución de las comisiones de Justicia y Familia, Niñez y Juventudes.
Miércoles 11: plenario de comisiones para firmar el dictamen de mayoría.
Jueves 12: sesión especial en el recinto para obtener la media sanción.
El acuerdo cuenta con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Curiosamente, el proyecto también ha fracturado a la oposición dura: mientras que Unión por la Patria y el FIT se oponen tajantemente, sectores vinculados al peronismo de Sergio Massa han mostrado señales de acompañar la iniciativa.
Uno de los puntos más sensibles que se discutirá es el presupuesto. La ley obliga a las provincias a construir o reacondicionar centros de detención para menores. En medio de la tensión por la reforma laboral y el recorte de fondos, el financiamiento de esta infraestructura será el gran reclamo de los gobernadores.
La Libertad Avanza confía en superar ampliamente los 129 votos necesarios, proyectando una base de apoyo cercana a los 150 diputados.