La nueva versión de la ley ómnibus comienza esta semana su recorrido por la Cámara de Diputados

Confiados en el diálogo que entablaron con todos los sectores, en el Gobierno esperan que el debate en las comisiones sea de tres días seguidos y que concluya con la firma del dictamen el próximo jueves, para ir al recinto a la semana siguiente.

La nueva versión de la ley de bases o ley ómnibus comenzará esta semana su recorrido por la Cámara de Diputados y el gobierno de Javier Milei aspira a que las negociaciones de las últimas semanas con la oposición dialoguista le permitan dar un tratamiento exprés que derive en su aprobación el 24 de abril, junto al paquete de medidas fiscales y la reforma laboral.
El tratamiento de este proyecto se frustró en febrero pasado cuando, luego de la aprobación en general, el oficialismo no alcanzó la mayoría para la votación particular y los primeros artículos empezaron a caer, lo que los obligó a devolver el proyecto a comisión y suspender el debate. La situación derivó en que a cuatro meses de haber asumido Milei no tiene ninguna ley aprobada.
Este factor es uno de los que motivó al ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a buscar un acuerdo previo al debate parlamentario con gobernadores y referentes de los bloques PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal, para tratar de asegurar un primer éxito legislativo para el Gobierno.
Confiados en el diálogo que entablaron durante las últimas semanas con todos esos sectores, en el Gobierno ahora esperan que el debate en las comisiones sea de tres días seguidos y que concluya con la firma del dictamen el próximo jueves, para ir al recinto a la semana siguiente.
“Quieren ir al plenario de comisiones para dictaminar en la semana y dar media sanción el 24 de abril”, confió a iProfesional un referente de los bloques de la oposición dialoguista que participó en los últimos encuentros con Francos y Posse en la Casa Rosada.
La hoja de ruta en la Cámara de Diputados marca que el tratamiento en las comisiones empezaría mañana y terminaría el miércoles o jueves, con la firma del dictamen -si nada cambia- que llegaría al recinto a la siguiente semana. Sería lo que en la jerga parlamentaria suele llamarse un tratamiento exprés.
Se trata de un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta la trascendencia de los otros dos temas que están atados a la ley ómnibus y que generan más debate. Uno de ellos es la reforma laboral que intentó instalar con el mega DNU y que, tras ser suspendida por la Justicia, la oposición dialoguista le pidió incorporar al proyecto.
Hay un compromiso del Ejecutivo de incorporar al dictamen -quizás con algunos retoques- los artículos para esa reforma que redactó el bloque de la UCR, que contempla la posibilidad en cada actividad de reemplazar la indemnización por el fondo de cese laboral y amplía el período de prueba, entre otros puntos.
El otro tema que concita atención por la diversidad de miradas entre los gobernadores -que inclinan votos a un lado u otro en Diputados- es el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría para los salarios de $1,8 millones brutos, en el caso de solteros, y $2,2 millones para casados.
Este punto no forma parte de la ley de bases sino del proyecto de medidas fiscales que incluye un blanqueo de capitales y una nueva moratoria y que fue el eje central de la negociación con los gobernadores. No obstante, la idea del Gobierno y la oposición dialoguista es que ambos se traten conjuntamente en las comisiones y en el recinto.
Reforma laboral

La reforma laboral muestra un consenso amplio entre la oposición dialoguista, pero la propuesta que los radicales le llevaron al Gobierno contiene la eliminación de la cuota sindical y para algunos diputados de esos sectores esto puede ser conflictivo para el tratamiento parlamentario por la presión que podrían ejercer algunos gremios.
De cara al plenario de comisiones, otro punto que todavía se presta a la discusión y podría surgir es el listado de empresas a privatizar, que se redujo a 18 respecto de las 40 que figuraban en la versión original y diferencia entre las que irían a privatización total, parcial o concesión. A pesar de ello, en algunos, como Hacemos Coalición Federal, hay diputados con reparos frente a la privatización del Banco Nación, aunque conserve participación estatal mayoritaria.
Pese a las diferencias que todavía hay sobre el proyecto, Gobierno y oposición creen que hay consenso para avanzar rápidamente.
En el radicalismo, en tanto, casi una decena de legisladores más críticos del Gobierno, entre los que destaca Facundo Manes, se negarían a acompañar la delegación de facultades pese a haber sido reducidas en cantidad (serán solo en materia administrativa, económica, financiera y energética) y también en el plazo de duración (1 año).  
Respecto al paquete fiscal, la restitución del Impuesto a las Ganancias también será un punto caliente del tratamiento en las comisiones, debido a que los gobernadores patagónicos bajaron el tono público de sus cuestionamientos a esta medida, pero nunca mostraron un apoyo, hasta ahora. Según fuentes parlamentarias, entre los diputados de esas provincias todavía hay resistencia a votar este punto.
Entre otros puntos conflictivos del debate que se viene en Diputados está también el capítulo que habilita y le pone números al despido de empleados públicos. La iniciativa establece que el personal alcanzado por reestructuraciones en el Estado puede pasar a disponibilidad por 12 meses y que cumplido ese término quedará automáticamente desvinculado de la administración pública.

El Pacto de Mayo

En la Casa Rosada confían en los acuerdos que lograron hasta el momento y esperan que las diferencias internas que en cada bloque o entre las distintas bancadas aliadas no impidan la aprobación o, en caso contrario, las resuelvan los referentes parlamentarios. 
En una muestra de optimismo, pero también del deseo que tienen de no repetir el fiasco de febrero, Francos y Posse ya empezaron a conversar con los jefes de bloque del Senado, junto a Victoria Villarruel.
Milei dio señales contradictorias sobre este proyecto. Días atrás dijo que no le importa si no se aprueba la ley bases, a pesar de que esta es una de las condiciones que puso para la firma del Pacto de Mayo, al que invitó a dirigentes y gobernadores de todos los signos políticos. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que para ellos el proyecto está diseñado para que “no pase nada si no se aprueba”.
En el gobierno de Milei buscan que la ley quede sancionada antes del 25 de mayo y ya empezaron contactos con senadores. No obstante, los principales funcionarios del Ejecutivo quieren que el tema avance porque entienden el trasfondo profundo de la cuestión: Milei todavía no tiene ninguna ley aprobada en su gestión, con todo lo que ello implica. Hasta el FMI le reclama al Gobierno que las reformas que pretende llevar a cabo cuenten con consenso político.
Un nuevo rechazo sería un revés político fuerte y una confirmación de debilidad, aunque Milei trate de usarlo luego a su favor para alimentar la prédica contra la casta. Por ello, sus principales alfiles optaron esta vez por tratar de construir el consenso que necesitan antes de que comience la discusión en las comisiones.
Igualmente, en el escenario previo al debate había cierta desconfianza entre las partes. En el Gobierno, por la fallida experiencia anterior. Entre los diputados, por aquello dichos de Milei y también por el reciente escándalo que vivió el bloque oficialista en estos días y que derivó en un quiebre. Gabriel Bornoroni fue nombrado nuevo jefe en reemplazo de Oscar Zago, quien armó una bancada aparte.
“Ahora hay que ver si ellos van a poder alinear a sus 41 diputados”, comentan en algunos despachos de la oposición dialoguista. En el Gobierno nacional, sin embargo, están tranquilos por ese aspecto y esperan que las otras bancadas cumplan su parte para avanzar con la ley ómnibus antes de que termine abril y tenerla lista para el Pacto del 25 de Mayo.