“La reforma electoral libertaria atenta contra  la democracia y los partidos más pequeños”

La magistrada formoseña calificó de “perjudicial” a la propuesta de Javier Milei, señalando que los cambios en las reglas de juego electorales atentan contra la representatividad. Moreno puso el foco en la intención de desregular el financiamiento privado y en las trabas impuestas para que las fuerzas políticas mantengan su personería jurídica.

La doctora Sandra Moreno, jueza del Tribunal Electoral Permanente (TEP), analizó en profundidad el proyecto de reforma electoral impulsado por la gestión nacional de La Libertad Avanza. En una exposición detallada, la magistrada advirtió que la iniciativa, que busca la eliminación definitiva de las PASO y cambios profundos en el financiamiento, representa un retroceso para el sistema político argentino.
Según la magistrada, esta propuesta del Gobierno libertario “es perjudicial para la democracia en general, para los partidos políticos y también para el ciudadano”.
El proyecto del presidente Javier Milei propone eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) –cuya vigencia fue suspendida excepcionalmente para 2025–, pretende su supresión permanente. 
Moreno recordó que la gestión actual “no lo pudo hacer en años anteriores, logró la suspensión el año pasado, pero por una única vez, según lo estableció el Congreso”, motivo por el cual “ahora quiere avanzar en una propuesta más intensa”.
Para la jueza, las primarias no son un trámite prescindible, sino que “son internas de los partidos políticos, que dan la posibilidad de proponer varios candidatos y es la ciudadanía en general, no solamente los afiliados, la que vota”. 
Este mecanismo asegura que la lista con “mayor representatividad sea la que representa al partido en octubre”. Además, subrayó su valor cívico al señalar que “suele servir como un termómetro de cómo le va el Gobierno en funciones, permitiendo observar si tiene o no apoyo y cuáles partidos están mejor posicionados con su discurso”.

La Boleta Única

Otro punto crítico es la modificación de la boleta única papel (BUP) para los cargos nacionales de 2027. Moreno advirtió que el oficialismo busca introducir cambios que podrían inducir al error al electorado: “Quieren agregar un casillero que permita que cuando se vota al primero de la lista, ya se vota completo, es decir, se entiende que es un voto completo”.
Esta modificación, según la jueza, “generaría confusión, porque hasta ahora lo que se estuvo usando fue la posibilidad de votar en una categoría a un partido y en otra a otro partido”, atentando contra la claridad del sufragio segmentado.

Desfinanciamiento

La reforma también apunta a la estructura misma de los partidos. Entre los cambios más polémicos se encuentran el fin de los aportes estatales, la eliminación de límites de gastos y el aumento de los topes para aportes privados, lo que desregula de facto el financiamiento de las campañas.
La jueza alertó que el proyecto “no solamente propone un desfinanciamiento, una reducción de los aportes que corresponden, también hay una obligación de que para presentar una candidatura a presidente, se tenga representación en diez distritos, cuando hoy es en cinco”. 
Asimismo, indicó que “se busca modificar el porcentaje de adhesiones o afiliados a un partido para constituirse como tales, lo cual atentaría contra los más pequeños o de menor representación”.
Respecto a la idoneidad de los candidatos, el proyecto busca “imponer la llamada ficha limpia para no puedan ser candidatos aquellos o aquellas que tengan sentencia condenatoria firme en segunda instancia, o sea en la Cámara, por delitos dolosos”.
La doctora Moreno rechazó la narrativa oficialista que fundamenta estos cambios únicamente en el ahorro fiscal. “Esta reforma electoral va a perjudicar a la democracia en general y a la vida de los partidos políticos”, afirmó, oponiéndose a que “la justificación es la reducción de gastos”.
“Sabemos que para el ejercicio de los derechos y la democracia, no se puede considerar esto como un gasto, sino que es una inversión”, enfatizó.
Para cerrar, la magistrada apeló a la memoria histórica del país: “Pensemos en los años de dictadura donde no hubo democracia y se violaron los derechos humanos y los constitucionales, el perjuicio que fue para todo un país”. En este sentido, reafirmó su postura institucional: “Ir a una elección nunca implica un gasto, siempre es una inversión porque la finalidad es dar a los ciudadanos la posibilidad de elegir libremente”.