Ley de bases: cómo será el debate en particular

Convocada para las 14, se espera que la oposición más crítica busque dilatar la reunión. Desde el oficialismo confían en que los acuerdos que se alcancen hasta este martes permitan un desarrollo ágil.

Con el tercer cuarto intermedio dispuesto en la tarde del viernes, el debate del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos sigue acumulando récords. Ahora también es la sesión que más cuartos intermedios ha sumado.
Pasa que el recurso del cuarto intermedio no es algo a lo que los oficialismos de turno sean afectos. Pasa que hacerlo estira los debates y con lo complicado que suele ser reunir el quórum, prefieren no tener que reiniciar una sesión con el riesgo de que al segundo día algún alma libre no regrese. No ha sido el caso de este debate, que encontró en este recurso un elemento para descomprimir y, sobre todo, dar tiempo para negociar.
Aunque eso implique estirar mucho más de lo deseado un tema que el presidente Javier Milei decía pretender tener listo para el 25 de enero. Cosa que todo el mundo siempre supo que no sucedería. Hasta los más pesimistas lo que auguraban era que el trámite se dilatara por su tratamiento en el Senado, no porque se eternizara la discusión en la Cámara baja.
En el plenario de comisiones quisieron darle un tratamiento rápido, que se agotara en las reuniones informativas con los funcionarios. Después, para permitir el avance de la negociación, el oficialismo concedió habilitar una reunión informativa para representantes de la sociedad civil. Al final fueron tres, pues mientras tanto anudaban acuerdos que permitieran llegar al recinto con certezas.
Se habló de sesionar un sábado, con la premisa de adelantarse al paro de la CGT, cosa que la oposición dialoguista desaconsejó. Al final, arrancaron el miércoles pasado y anticiparon la posibilidad de tener cuartos intermedios. parlamentario.com adelantó el martes 30, después de la reunión de Labor Parlamentaria, el siguiente esquema: tres días de sesión, con dos cuartos intermedios. Eso sucedió, pero la sesión aún no ha terminado.
Y ya es la más larga que se recuerde; con ya más de 30 horas acumuladas, supera a la del 18, 19 y 20 de diciembre de 2017, recordada por las 14 toneladas de piedras, que incluyó un cuarto intermedio y una duración de 28 horas y 8 minutos en total.

Cómo sigue la sesión

Como ha sucedido miércoles, jueves y viernes, en la reanudación de esta sesión habrá seguramente cuestiones de privilegio. Los incidentes registrados en las jornadas anteriores serán objeto de cuestiones de privilegio, entre otras cuestiones.
Pasado ese trámite que demandará seguramente alrededor de una hora, comenzará el debate en particular. Artículo por artículo, según anticiparon fuentes de La Libertad Avanza, y ya a partir de entonces tendrá que mantenerse el quórum hasta el final, pues las votaciones serán constantes.
Un dato a favor de la agilidad del debate: las votaciones serán a mano alzada. Salvo que se pidan votaciones individuales, como sucederá para todos aquellos temas controversiales, que son los que sobran en este proyecto.
¿Habrá debate en cada artículo? “Técnicamente se puede, pero yo aspiro a que el Gobierno salde algún debate que tiene pendiente con los bloques aliados (no el nuestro) y vayamos rápido”, explicó una fuente consultada por parlamentario.com.
Si eso está cerrado, “todo lo que propongan la izquierda o los K se rechaza y se sigue adelante”, concluyó.
¿Qué extensión tendrá este debate? En la reunión de Labor del martes de la semana pasada se aventuró 12 horas de debate en particular. Pero fue un cálculo extremo. Si se tiene en cuenta que los debates en particular con los proyectos de presupuesto suelen demandar entre 3 y 4 horas, este proyecto debería tener esa extensión aproximada. Pero teniendo en cuenta que en este caso hay una gran diversidad de temas y mucho interés de algunos por extender la sesión, seguramente se alargará.
El oficialismo y sus aliados dan por descontado que el kirchnerismo intentará dilatar la sesión, como así también estará nuevamente muy atento a lo que suceda en la calle, donde se descuenta volverá a haber movilización e incidentes.

La economía política del impuesto País

Cobra destacada relevancia la discusión parlamentaria de los próximos días, ya que el Gobierno propone un cambio en la distribución de lo recaudado por este gravamen.
Esta semana continuará el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, ahora con una novedad que le agregará tensión a la puja de intereses.
Sucede que, en medio de la discusión parlamentaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha revelado datos que le sumarán una enorme presión a la disputa política desatada en torno al impuesto País.
Un informe oficial del organismo recaudador, informa que ese tributo recaudó 469.199 millones de pesos durante enero de este año.
Eso significa que ya recauda más que, por ejemplo, el mismísimo impuesto al cheque (463.278 millones de pesos).
Pero, además, y aquí el dato de estratégica relevancia política, el País aumentó su recaudación interanual en 1252,6% (comparación entre enero de 2024 y el mismo mes de 2023).
No hay tributo que haya elevado más su recaudación interanual que el impuesto País. La recaudación del IVA aumentó 291%, la de Ganancias 117%, la del Impuesto al Cheque 197%.
De hecho, el crecimiento de lo producido por el impuesto País significa un salto que está más de 5 veces por encima de la evolución promedio de la recaudación general (de todos los impuestos), que aumentó 239,8%.
Tamaña subida se explica por el aumento de alícuotas aplicado por Javier Milei y Caputo en diciembre pasado, llevándolas de 7,5% a 17,5%; junto con el salto significativo del factor multiplicador de ese impuesto, que es el valor del dólar oficial, cuya devaluación lo llevó de menos de 400 a más de 800 pesos.
En este contexto, cobra destacada relevancia la discusión parlamentaria de los próximos días, ya que el Gobierno propone un cambio en la distribución de lo recaudado por el impuesto País, que hoy se reparte así:
– El 42% se destina a la Anses y 28% al Pami (total 70%).
– El 9% se asigna al financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
– El 19,5% se destina a obras de infraestructura económica, mientras que el 1,5% restante financia actividades de fomento del turismo nacional.
Esa es la nueva distribución que impuso el Decreto 184/2020, 2 meses después de aprobada la Ley 27.541 que originó el impuesto País.
Así, en la distribución de enero de 2024 ($469.199 millones) de acuerdo a la norma vigente, los destinos y montos son los siguientes:
– La Anses más el Pami reciben 328.439 millones de pesos.
– Para el financiamiento de obras de vivienda social, a cargo del FISU, se destinan 42.228 millones de pesos.
– Van 91.494 millones de pesos a obras de infraestructura económica y 7.038 millones a financiar el fomento del turismo nacional.
Sin embargo, la propuesta que Milei y Caputo pretenden incorporar mediante el artículo 179 del proyecto de ley ómnibus, establece que el 100% de lo recaudado por País se destine a la Anses y al Pami, que antes solo recibían el 70%.
De aprobarse la iniciativa oficial, el financiamiento para obras de vivienda social del FISU, con fondos del impuesto País, caería a 0 peso, al igual que las obras de infraestructura económica y el fomento del turismo.
En este contexto, la discusión que se avecina por el destino de la recaudación del impuesto País, tendrá a estos actores con sus correspondientes objetivos:
– El Gobierno nacional: pretende conservar el manejo del 100% de los recursos para el gobierno central, concentrados ahora solo en Anses y Pami. Cuenta con el impulso del FMI para hacerlo. Tiene una discreta fuerza legislativa propia, pero suma aliados en la votación.
– Gobernadores de distintos signos políticos: pretenden que se copartícipe el 30% de lo recaudado por el impuesto País. Cuentan con una base de diputados y senadores nacionales con importante incidencia, que pueden incidir en el resultado final de cualquier votación.
– Movimientos sociales: se plantarán frente a la amenaza real de que Milei y eventuales aliados desfinancien los programas de vivienda social en todo el país. Cuentan con algunos legisladores propios y una cantidad importante de aliados, además de su clásica capacidad de movilización popular.
El funcionamiento de las instituciones democráticas tiene siempre un sentido social y las decisiones públicas generan consecuencias que afectan intereses en disputa. Por eso, lo que se viene no es una simple discusión parlamentaria.