Ley Ómnibus: la oposición obligó a Milei a aceptar las condiciones de la negociación

Los gobernadores de Juntos por el Cambio y los legisladores de los bloques dialoguistas empujaron al presidente al terreno de la política tradicional. El discurso oficial sufrió heridas.
“Si quieren sacar la ley, van a tener que negociar”. El concepto es claro y sencillo. Sin dobles intenciones y sin ironías. Lo dijo un diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, pero lo repitieron, con otras palabras, un gobernador del PRO y un senador de la UCR. La idea es la misma. Y por más que haya legisladores opositores más cercanos que otros al Gobierno, en términos de bloque político la aclaración siempre es la misma. Negociar. Porque de eso se trata la política.
Durante los últimos quince días Javier Milei y los principales funcionarios del Gobierno nacional se aferraron a un argumento para dar sostén a las reformas que impulsan: el voto de la gente. En el nombre de esos millones de votos que los llevaron a la Casa Rosada presionaron a los diputados para que le den media sanción a la Ley Ómnibus. “Escuchamos sugerencias, pero el contenido no se negocia”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Sean cuidadosos y hagan su parte”, les aclaró días después.

En el Congreso no cayó bien

En la Cámara de Diputados cayeron mal todos los mensajes del principal encargado de la comunicación del Gobierno. Lo dejaron en claro los legisladores el primer día en que el proyecto se trató en la comisión de Legislación General. Pocas horas antes del inicio Adorni había adjudicado el aumento del dólar a la incertidumbre sembrada por los legisladores respecto al futuro de la ley. “Nos desconciertan. ¿Quieren sacar la ley o quieren que nos llevemos la marca?”, le respondió el radical Rodrigo De Loredo.
Desde los micrófonos de la oposición dialoguista le hicieron saber que, si querían sus votos, lo mejor era hablar menos y negociar más. Más política y menos comunicación. Aunque los libertarios puros descalifiquen la rosca política por considerarla parte de una historia que quieren sepultar, lo cierto es que con el paso de los días se dieron cuenta, incluso Milei, de que sin la dinámica del toma y daca el proyecto de ley no tenía un futuro prometedor.
Durante toda la semana, en el plenario de comisión, los bloques opositores que tienen intenciones de votar la ley levantaron la voz para avisar que era necesario que haya interlocutores validados por Milei en el Congreso. ¿Eso implica que Martín Menem, presidente de la Cámara baja, no lo sea? No. El problema es que el riojano no tiene el poder de decidir los cambios. Tiene que consultar todo, lo que genera que el ida y vuelta de propuestas y rechazos sea muy lento. A su lado está Eduardo Menem, primo hermano y ex secretario privado de Eduardo Menem, hermano del ex presidente de la Nación.

Ahora también lograron frenar el DNU de Milei
Hasta ahora el DNU 70/2023 de Javier Milei venía coleccionando cautelares que frenaban el capítulo cuarto referido a la destrucción de la legislación laboral. Ahora, desde la Justicia de Misiones, llegó un amparo -presentado por asociaciones de yerbateros- que suspende los efectos del decreto en lo referido a la desregulación de la actividad yerbatera. La jueza que hizo lugar al reclamo entendió que está en riesgo la actividad económica y suspendió -entre otros ítems- la pretensión del Gobierno nacional de eliminar la potestad que tiene el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de regular los precios de la materia prima.
El DNU emitido por el gobierno de Milei promueve la derogación de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 de la ley 25.564, que en 2002 creó el INYM y le dio la potestad, entre otros temas, de fijar precios de la yerba, registrar a los productores que trabajan en Misiones y, de esa forma, identifica a los beneficiarios de la obra social.
Días atrás, la Justicia Federal se había declarado incompetente ante un planteo que había realizado el Gobierno de Misiones sobre la constitucionalidad del decreto. En esa oportunidad, el juez Alejandro Gallandat, subrogante del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, dictaminó que al estar involucrada una provincia contra el Estado nacional debe ser la Corte Suprema la que decida sobre la cuestión de fondo: si el DNU es o no constitucional. Además, Gallandat evitó pronunciarse sobre la medida cautelar de no innovar.
Ahora fue la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8 de Posadas, Misiones, Adriana Fiori, que hizo lugar al recurso de amparo presentado por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Unión de Agricultores de Misiones, Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, la Asociación Chimiray, la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay, la Casa de la Familia Yerbatera, el Centro Agrario Yerbatero Argentino y la Asociación Civil Agrícola, Ganadera y Forestal de la Zona Sur.