Los gremios preparan una ofensiva judicial contra la reforma laboral

El último round de la reforma laboral se pelea en Comodoro Py y el Fuero del Trabajo.La CGT denuncia un retorno al siglo XIX mientras la justicia se prepara para una avalancha de demandas individuales.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei entra en su fase definitiva. Tras su paso por el Congreso, el conflicto se desplazará de las bancas a los tribunales. Las centrales obreras ya confirmaron que judicializarán la norma de forma integral, denunciando que el proyecto vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El corazón del reclamo sindical se apoya en la violación del artículo 14 bis y el principio de no regresividad de los derechos sociales. Según el secretario general de la CGT, Jorge Sola, la ley “conculca el principio protectorio”, donde el Estado debe amparar a la parte más débil de la relación laboral.
Entre los puntos más críticos que los abogados laboralistas señalan como inconstitucionales se encuentran:
-La jornada de 12 horas: A través del sistema de banco de horas, que permite extender el horario sin el pago de horas extras tradicionales.
-Fondo de Asistencia Laboral: El reemplazo de las indemnizaciones por un sistema de capitalización que, en la práctica, podría ser costeado por el propio trabajador.
-Limitación del derecho a huelga: La ampliación de los servicios esenciales (transporte, siderurgia, construcción) que obliga a garantizar hasta un 50% de prestación, neutralizando las medidas de fuerza.

La estrategia de las centrales obreras

Integrantes de la CTA, conducida por Hugo Yasky, y de la CGT trabajan de forma conjunta con el Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo. La estrategia se desplegará en tres niveles:
-Derechos individuales: Amparos por afectaciones directas en nuevos contratos.
-Derechos colectivos: Demandas de los sindicatos por el cercenamiento de la actividad gremial y la negociación colectiva.
-Impugnación por rama: Casos testigo como el del SiPreBA, que atacará la derogación del Estatuto del Periodista por considerarla una medida “irrazonable” y carente de diálogo previo.
A pesar de la ofensiva gremial, constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez advierten sobre una posible trampa judicial. Siguiendo la línea trazada con el DNU 70/2023, la Corte Suprema podría evitar un fallo general y obligar a que la discusión se dé en el caso por caso.
Este escenario obligaría a cada trabajador a litigar individualmente ante un despido o un conflicto puntual, evitando que una sola sentencia derribe la ley completa. Además, al tratarse de derecho común, las causas tramitarán en juzgados provinciales de todo el país, lo que atomizará los reclamos y dilatará una definición final del máximo tribunal por años.
Un punto de alta tensión es el traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno apuesta a la paulatina disolución de un fuero que históricamente ha fallado a favor de los trabajadores.
Con el reciente fallo de la Corte en el caso Levinas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño -vinculado políticamente al PRO- se convirtió en la instancia revisora previa a la Corte Nacional. Para los especialistas, este movimiento busca garantizar una mirada más “pro-patronal” y previsible para los intereses oficiales y empresariados.
La judicialización llega en un momento de máxima tensión social. Tras el paro nacional del 19 de febrero, los gremios denuncian que la ley se impone tras la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo entre el sector público y privado. Mientras el Gobierno argumenta que la reforma reducirá la litigiosidad al eliminar multas, los expertos vaticinan una parálisis del sistema judicial ante una ola de demandas por la aplicación de normas que consideran “heridas de muerte” desde su origen.