Luego de varios años de discusión, Diputados dio el primer paso para bajar la edad de imputabilidad a 14

El proyecto de nuevo régimen penal juvenil cosechó 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. Se destinarán 23.000 millones de pesos y se fija la posibilidad de convenios entre Nación y provincias.

Luego de más de una década de discusión -pero sin avances- en torno al tema, muy recurrente ante casos mediáticos de conmoción social, el Congreso dio el primer paso hacia la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.
Después de más de 8 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo régimen penal juvenil por 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. La media sanción logró el aval de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el grueso del interbloque Unidos y otros bloques provinciales.
El tema fue incorporado a fines de enero por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias, tras el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores estuvo presente este jueves en el Congreso.
En julio de 2024, el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley con la baja en la edad imputable en 13 años, que fue dictaminado el 6 mayo del 2025, pero perdió estado parlamentario tras la renovación de la cámara.
Al igual que en aquella ocasión, esta semana el oficialismo logró el acompañamiento de los bloques aliados y dialoguistas para dictaminar, pero los consensos determinaron la edad en 14 años. Asimismo, la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de 15 años y no de 20, como preveía originalmente el PEN.
El dictamen también aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las jurisdicciones tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que “la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.
En pocas horas, tras la media sanción de la Reforma Laboral, este es un segundo importante tema que el gobierno de Javier Milei se anotó. El proyecto será enviado rápidamente al Senado, donde intentarán que se sancione antes del 1 de marzo.
El nuevo régimen busca reemplazar la legislación vigente, la Ley 22278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980, durante la dictadura. Uno de los últimos artículos del proyecto prevé su derogación.

El debate en el recinto

La primera oradora del debate, diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, consideró que el nuevo régimen penal juvenil va a ser “un gran paso para Argentina”. “Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal”, sostuvo.
En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que “la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas”. Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.
Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. 
Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.
A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que “hay un montón de aportes” de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que “lamentablemente no fueron tenidos en cuenta”. “La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos”, agregó.
Para el santafesino, en esta iniciativa hay “un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles”, al tiempo que “no dice una palabra sobre la cuestión preventiva”. “Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias”, observó.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se dirigió a un legislador de Unión por la Patria: “Vos te negás a modificar una ley… los que dicen que defienden los derechos humanos, se niegan a cambiar una ley de 1980”. Celebró la aprobación de la ley penal juvenil y afirmó que son “respuestas para dar a esos jóvenes que delinquen”. “La norma ejemplifica y cumple un rol en los jóvenes que venían creyendo que da lo mismo portarse bien que portarse mal”, concluyó.

La postura de la izquierda

Las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que “es para la persecución penal de los pibes”.
En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es “para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios”. “No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”, alertó y añadió: “El Gobierno de ‘no hay plata’ tiene plata para la persecución penal de los pibes”.
Mientras que Del Plá consideró que “lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12”. “Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer”, subrayó.

Otros puntos de la nueva Ley Penal Juvenil

La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.
También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
El proyecto también menciona la figura del “supervisor”; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.