Nación no cumple con los aportes previstos por ley
Magistrados del NEA advierten dificultades en el financiamiento del fuero de narcomenudeo
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Los jueces señalaron que la falta de financiamiento nacional pone en riesgo el funcionamiento del fuero de narcomenudeo, que hoy se sostiene casi exclusivamente con fondos provinciales. Y manifestaron su preocupación por las dificultades para sostener el sistema.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Guillermo Horacio Alucín, participó en la ciudad de Resistencia (Chaco) de un encuentro de magistrados y funcionarios del NEA, donde se analizó el funcionamiento del fuero de narcomenudeo en la región. El eje central del debate fue la falta de financiamiento nacional para sostener esta estructura judicial clave en la lucha contra el microtráfico.
Durante su intervención, Alucín recordó que el artículo 5 de la Ley 26.052 establece un sistema de transferencias de fondos por parte del Estado nacional hacia las provincias adheridas al régimen de desfederalización del narcomenudeo, como Formosa, con el objetivo de garantizar su implementación.
Sin embargo, advirtió que esos recursos “nunca se materializaron”. En ese sentido, señaló que en la provincia “todos los gastos que implica el funcionamiento del fuero están siendo solventados exclusivamente con fondos del Tesoro provincial”, lo que refleja una problemática común en toda la región.
El magistrado valoró la realización de este tipo de encuentros, al considerar que constituyen espacios fundamentales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las estrategias contra el narcotráfico a pequeña escala.
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Reclamo regional
El encuentro se desarrolló en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y contó con la participación de autoridades judiciales y de seguridad de Chaco, Corrientes y Formosa. Allí coincidieron en un reclamo central: la ausencia de financiamiento nacional para sostener las estructuras provinciales creadas en el marco de la desfederalización.
Alucín repasó la experiencia formoseña, con más de diez años de trabajo en este fuero, y destacó los avances logrados desde la adhesión a la Ley Nacional 23.737 mediante la sanción de la Ley Provincial 1.627 en 2015. No obstante, insistió en que la falta de recursos por parte de Nación sigue siendo un obstáculo estructural.
Recordó que al transferirse competencias a las provincias también se dispuso un esquema de financiamiento destinado a juzgados, fiscalías, fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios, “pero esos fondos nunca llegaron”.
Desafíos comunes
Durante la jornada, el aspecto presupuestario fue uno de los temas más destacados. Los participantes coincidieron en que el sostenimiento del sistema depende en gran medida del esfuerzo de las provincias.
En la apertura, el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Néstor Enrique Varela, subrayó la importancia de estos espacios de capacitación e intercambio, y remarcó la necesidad de fortalecer el fuero pese a las limitaciones económicas.
Por su parte, el ministro de Seguridad chaqueño, Hugo Matkovich, destacó los resultados obtenidos en su provincia a partir del trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, lo que permitió mejorar la rapidez de las investigaciones y aumentar los secuestros de droga.
No obstante, también se advirtió sobre dificultades estructurales, como la falta de herramientas clave -entre ellas, laboratorios para el análisis de sustancias-, directamente vinculadas a la ausencia de financiamiento nacional.
Intercambio y capacitación
Las exposiciones abordaron el marco normativo vigente -incluidas las leyes 23.737 y 26.052-, los conflictos de competencia entre la justicia federal y provincial, y los criterios para diferenciar el narcomenudeo del tráfico a mayor escala.
También se analizaron aspectos prácticos de la investigación, como allanamientos, intervenciones telefónicas, tratamiento de pruebas y estándares probatorios en este tipo de causas.
Se debatieron figuras penales como la tenencia simple y la tenencia con fines de comercialización, junto con la incorporación de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ámbito provincial.