Máximo K. presentó proyecto para reforzar el  control del Congreso sobre acuerdos con el FMI

Acompañada por otros 15 diputados de Unión por la Patria, la iniciativa propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y reemplazarla por un nuevo régimen que establece mayores requisitos para la toma de deuda externa y la negociación con el FMI.

En coincidencia con la llegada a Buenos Aires de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley que busca reforzar el control del Congreso sobre los acuerdos que el Estado argentino suscriba con organismos financieros internacionales.
La iniciativa, acompañada por otros 15 diputados de Unión por la Patria, propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y reemplazarla por un nuevo régimen que establece mayores requisitos para la toma de deuda externa y la negociación con el FMI.
Entre sus principales puntos, el proyecto dispone que toda operación de crédito público con organismos internacionales deberá ser autorizada mediante una ley especial del Congreso, que deberá especificar el tipo de deuda, el monto máximo, los plazos de amortización y el destino de los fondos. Además, prohíbe expresamente que estas decisiones puedan adoptarse mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).
El proyecto apunta directamente al DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei aprobó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por 15.267 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos 20.000 millones de dólares, sin intervención del Congreso.
El texto establece que los acuerdos celebrados en violación de estos requisitos serán considerados “nulos de nulidad absoluta” y carecerán de efectos tanto en el derecho interno como en el plano internacional. Asimismo, prevé que los funcionarios que intervengan en esas decisiones puedan ser considerados responsables patrimonialmente por los daños ocasionados al Estado.

Reformas al funcionamiento del FMI

La iniciativa ordena al Poder Ejecutivo impulsar modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.
Entre las propuestas se destacan convertir en obligatoria la aplicación de controles de capital cuando exista una salida significativa de divisas, crear una Facilidad de Recuperación Soberana con plazos de pago de entre 20 y 30 años, eliminar los sobrecargos financieros para determinados créditos y reconocer formalmente el caso argentino como una situación excepcional derivada de fallas del propio organismo.
Asimismo, establece que Argentina deberá coordinar estas posiciones con el grupo BRICS+, el G24, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el G20.
El proyecto también ratifica las facultades del Banco Central para aplicar regulaciones sobre los movimientos de capitales, como encajes a pasivos externos o límites a la formación de activos externos, y dispone que ningún acuerdo internacional podrá exigir el desmantelamiento de esas herramientas.
Por otra parte, propone crear una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, con amplias facultades para acceder a la documentación de los programas, convocar a funcionarios nacionales y recibir informes periódicos sobre la evolución de los acuerdos.
Además, fija que, cuando el endeudamiento externo supere un determinado umbral, toda nueva operación deberá ser aprobada por una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Finalmente, la iniciativa establece que, de aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para enviar al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del actual acuerdo con el FMI. Hasta que el Parlamento se expida, no podrán negociarse nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del programa vigente. En caso de rechazo, cualquier nuevo acuerdo requerirá autorización legislativa previa.