Mi primera casa suspendió la venta de lotes en  Formosa y deberá responder por los reintegros

La decisión fue comunicada por el responsable de la firma, Martiniano Sosa, ante la Defensoría del Pueblo, mientras avanzan los reclamos de compradores que exigen la devolución del dinero. El organismo solicitó una garantía real que respalde los pagos y pidió al Municipio que evalúe sanciones por las presuntas infracciones detectadas.

La firma inmobiliaria Mi primera casa S.A. suspendió la venta de lotes en toda la ciudad de Formosa hasta regularizar los distintos loteamientos que tiene en desarrollo. Así lo informó su responsable, Martiniano Sosa, durante una reunión mantenida con el defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, y asesores legales del organismo.
El encuentro se realizó en la sede de la Defensoría del Pueblo, donde Sosa, acompañado por su asesor letrado, explicó que la decisión busca avanzar en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Código Urbanístico de la ciudad de Formosa, aprobado mediante la Ordenanza N.º 6959/16.
Según indicó, la regularización comprende el amanzanamiento, la división de parcelas, la apertura de calles y la provisión de servicios esenciales, como energía eléctrica, agua potable y cloacas, además de las demás exigencias previstas en la normativa vigente.
La suspensión de las ventas se produce en medio de los reclamos de numerosos compradores que solicitan la devolución de las sumas abonadas por terrenos correspondientes a distintos emprendimientos inmobiliarios.

Reclamos por la devolución del dinero

Durante la reunión, Sosa informó que puso a la venta la totalidad del terreno donde se había proyectado el loteamiento del barrio Cecotto. Según explicó, los fondos que se obtengan de esa operación serán destinados a responder a los pedidos de reintegro de quienes adquirieron lotes en ese emprendimiento y en otros desarrollos de la firma.
Ante esta situación, Gialluca requirió a Sosa y a sus socios la presentación de una garantía real que respalde el cumplimiento de las devoluciones, con el objetivo de resguardar el patrimonio de los vecinos que ya realizaron pagos y garantizar sus derechos como consumidores.
La Defensoría indicó que el compromiso de reintegro deberá contar con un respaldo suficiente para brindar seguridad a los compradores afectados, quienes esperan recuperar el dinero invertido.
En el encuentro también se abordó la situación del loteamiento Los Búfalos, cuyos propietarios, vinculados a la estancia San Miguel, ubicada en el camino a Mojón de Fierro, tendrían previsto avanzar con la regularización del emprendimiento.
De acuerdo con lo informado por Sosa, la semana próxima llegarían a Formosa representantes de los propietarios, entre ellos Diego Reynal, con la intención de impulsar los trámites correspondientes.
Para avanzar en la normalización, deberán cumplir una serie de requisitos técnicos, administrativos y legales. Entre ellos, la presentación del título de propiedad o escritura del inmueble y las factibilidades de los servicios públicos, que deben ser otorgadas formalmente por los organismos competentes.
En particular, se requiere la factibilidad de provisión de agua potable por parte de Aguas de Formosa y la correspondiente a energía eléctrica, a cargo de REFSA.
También deberán presentar los planos y anteproyectos elaborados por un agrimensor matriculado, de acuerdo con los parámetros urbanísticos municipales. Estos incluyen el diseño de las parcelas, el trazado vial y las dimensiones establecidas para las calles y avenidas proyectadas.
Desde la Defensoría remarcaron que el cumplimiento de las exigencias y la obtención de las habilitaciones correspondientes son condiciones necesarias para avanzar con la comercialización de los terrenos.

Piden sanciones ante las infracciones detectadas

La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Municipio de Formosa, en particular a la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, que impulse los procedimientos administrativos y legales correspondientes y remita las actas de infracción al Tribunal de Faltas Municipal.
El objetivo es que se evalúen las medidas previstas por la normativa frente a las presuntas irregularidades detectadas en los distintos emprendimientos, entre ellas la comercialización de terrenos sin planos aprobados, la falta de infraestructura y servicios obligatorios y posibles incumplimientos en la publicidad ofrecida a los compradores.
Entre las medidas que podrían analizarse, según el organismo, figuran la aplicación de multas económicas acumulativas, la clausura preventiva o definitiva de oficinas comerciales, la paralización de obras y la inhabilitación provisoria o definitiva de la firma para operar dentro del ejido municipal, de acuerdo con la gravedad de las infracciones y los procedimientos aplicables.
Asimismo, se planteó la posibilidad de promover actuaciones judiciales ante eventuales hechos que pudieran constituir estafa o comercialización ilegal de terrenos.
La Defensoría del Pueblo sostuvo que las medidas buscan evitar nuevos perjuicios económicos y brindar mayor seguridad jurídica a los vecinos involucrados. Mientras tanto, la suspensión de las ventas, la regularización de los loteamientos y el respaldo de los reintegros constituyen los principales puntos pendientes para dar respuesta a los compradores afectados.