Miers: “El presidente Milei debe devolver los derechos a las personas con discapacidad”

El jefe del Departamento de Educación Especial de Formosa advirtió que la apelación del Ejecutivo no suspende la obligación de garantizar derechos fundamentales. “La justicia social no es un eslogan, es una obligación legal”, afirmó y contrastó la situación nacional con la gestión local, sugiriendo que el Ejecutivo Nacional debería observar la experiencia de Formosa en materia de inclusión.

La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Nacional sumó un nuevo capítulo determinante. La Justicia Federal dictó una intimación formal al presidente Javier Milei, otorgándole un plazo perentorio de 10 días hábiles –que vence el próximo 4 de febrero– para poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta normativa, sancionada por el Congreso el año pasado, busca frenar el desfinanciamiento del sector y asegurar la continuidad de tratamientos, prestaciones y apoyos básicos.
Gustavo Miers, referente del área de Educación Especial de Formosa, fue tajante respecto a la postura del Gobierno Nacional de dilatar la aplicación de la ley mediante recursos judiciales: “La Ley de Emergencia debe estar plenamente operativa hoy. No hablamos de un trámite administrativo o de algo que esté en proceso. Hablamos de la vida de personas”. 
El funcionario aclaró un punto jurídico clave: la apelación presentada por el Estado nacional no tiene efectos suspensivos sobre la medida cautelar, lo que obliga al presidente a restablecer los servicios y fondos de manera inmediata.
Miers subrayó que el incumplimiento no es solo una falta administrativa, sino una violación a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, la cual tiene rango constitucional en Argentina.
“El Gobierno nacional debe garantizar una atención integral. No se trata solo de voluntad política, se trata de respetar la pirámide jurídica de nuestro país. Milei debe tener una mirada empática hacia un sector que ha luchado décadas por conquistar derechos que hoy están siendo vulnerados por el ajuste”, insistió el funcionario.
Miers contrastó la situación nacional con la gestión local, sugiriendo que el Ejecutivo Nacional debería observar la experiencia de Formosa en materia de inclusión.
“Mientras Nación recorta, en Formosa la planificación del modelo formoseño, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, garantiza el acceso irrestricto a la salud, la educación especial, el trabajo y el deporte”, señaló.
El funcionario destacó que la provincia sostiene su red de escuelas especiales y centros de día con fondos propios y una visión centrada en la justicia social, protegiendo a las familias de la incertidumbre que reina a nivel federal.

Un sector en alerta

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue la respuesta legislativa a un 2024 marcado por atrasos en los pagos a transportistas, prestadores y la suspensión de pensiones no contributivas. Con el cronograma judicial en marcha, el 4 de febrero se perfila como una fecha crítica: de no mediar una respuesta efectiva del Gobierno nacional, el Ejecutivo podría incurrir en desobediencia judicial, agravando aún más el conflicto con las organizaciones de la sociedad civil y las provincias.
“Cumplir con la ley es respetar la dignidad humana. Esperamos que el presidente entienda que con la discapacidad no se puede ajustar”, dijo finalmente Miers.