Nueva ley de discapacidad: Jara destacó el avance y pidió garantizar su aplicación
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La directora de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad valoró la sanción unánime del Senado y consideró que representa un avance para la protección de derechos. No obstante, remarcó que la reglamentación, la asignación de recursos y la continuidad de las prestaciones serán claves para que la normativa tenga un impacto concreto.
La sanción de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad abrió una nueva etapa para las políticas de protección destinadas a este colectivo. Así lo consideró Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad del Gobierno de Formosa, quien destacó la aprobación unánime de la iniciativa en el Senado de la Nación, el jueves 19, con 71 votos afirmativos.
La funcionaria valoró la decisión legislativa como un avance en materia de reconocimiento y garantía de derechos, aunque advirtió que el principal desafío será asegurar su efectiva implementación para que las disposiciones se traduzcan en respuestas concretas para las personas con discapacidad y sus familias.
La nueva normativa establece un régimen permanente para las principales medidas contempladas en la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia estaba prevista hasta diciembre. De esta manera, busca dar continuidad a herramientas de protección que fueron sostenidas mediante los reclamos de las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones y distintos sectores de la sociedad.
Entre sus principales disposiciones, la ley mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, establece su compatibilidad con el empleo registrado bajo determinados límites de ingresos y contempla la continuidad de las prestaciones básicas y de la cobertura de salud a través de Incluir Salud.
También incorpora mecanismos de actualización de aranceles para las prestaciones y establece auditorías periódicas con garantías para el ejercicio del derecho de defensa.
Al referirse al alcance de la sanción, Jara sostuvo que “es un paso muy importante, porque permite dejar atrás la incertidumbre de un régimen de emergencia y avanzar hacia un marco permanente de protección”. Asimismo, destacó que la aprobación es resultado de una lucha colectiva de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que sostuvieron sus reclamos para que sus derechos sean reconocidos y respetados.
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La implementación, el desafío que sigue
Más allá de la aprobación parlamentaria, Jara puso el acento en las condiciones necesarias para que la ley pueda cumplirse. En ese sentido, consideró fundamentales la reglamentación de la norma, la disponibilidad de recursos presupuestarios y la continuidad de las prestaciones, los servicios y los mecanismos de protección.
“Ahora comienza una etapa fundamental, que es la de su implementación. Para que esta ley se traduzca en respuestas concretas, es necesario avanzar con su reglamentación, garantizar los recursos presupuestarios necesarios y asegurar que las prestaciones, los servicios y los mecanismos de protección puedan sostenerse en el tiempo. Una ley necesita recursos y decisión para que lo que establece se cumpla efectivamente”, afirmó.
En esa línea, señaló que la responsabilidad compromete a los distintos niveles del estado y requiere fortalecer la articulación entre Nación, Provincia y municipios, tanto en la planificación de las políticas públicas como en el acompañamiento cotidiano a las personas con discapacidad y sus familias.