PROPONEN FINANCIAR UN PLUS SALARIAL CON FONDOS DE LOS ATN
Ofensiva opositora en el Congreso: impulsan la Emergencia Salarial Docente en todo el país
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El proyecto de ley fue avalado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la cordobesa Natalia de la Sota y la bonaerense Marcela Pagano. Acusan al gobierno de Milei de “incongruente” por haber declarado a la educación como un “servicio esencial, pero en paralelo asfixiar financieramente al sistema”.
En un clima de alta tensión por el inicio del ciclo lectivo 2026, la oposición parlamentaria logró amalgamar un frente heterogéneo para desafiar la política educativa del Gobierno Nacional. A través de un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia Salarial Docente por cinco años, los legisladores apuntan contra la “asfixia financiera” que, según denuncian, ha llevado los sueldos del sector a su nivel más bajo en dos décadas.
La iniciativa destaca por su transversalidad política, uniendo a sectores que habitualmente mantienen distancias. El texto, denominado Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo, cuenta con el respaldo de figuras clave como Nicolás Trotta (Unión por la Patria), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y la cordobesa Natalia de la Sota.
A este núcleo se sumaron legisladores de diversos espacios como Marcela Pagano (Coherencia), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Mónica Frade (Coalición Cívica). El proyecto también cuenta con el apoyo de representantes peronistas de provincias como Formosa, Santa Cruz, Río Negro y Jujuy, evidenciando que la conflictividad laboral ya afecta el inicio de clases en al menos ocho distritos del país.
Los fundamentos del proyecto presentan una radiografía crítica del sistema educativo bajo la gestión de Javier Milei. Según el informe técnico, los salarios docentes han perdido casi 20 puntos de poder adquisitivo desde la asunción de la actual administración.
Los legisladores denuncian que la inversión educativa real sufrió una caída estrepitosa del 47,7%, situándose en su nivel más bajo de los últimos 20 años en relación al Producto Bruto Interno (PBI). A este escenario se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la ausencia de paritarias nacionales y el veto a las leyes de financiamiento, factores que —según el texto— replican en la educación obligatoria la “virulencia” del ajuste ya visto en el sistema universitario.
Uno de los puntos más duros de la propuesta cuestiona la narrativa oficialista. Los diputados calificaron de “incongruente” la postura del Poder Ejecutivo de declarar la educación como un “servicio esencial” mientras, en paralelo, se desfinancia el sistema.
“Declarar la educación como prioritaria en los papeles, pero desfinanciarla en los hechos, revela que la ‘esencialidad’ es utilizada apenas como una herramienta de control y no como un compromiso real con la dignidad de quienes sostienen las aulas”, sentenciaron los firmantes.
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Financiamiento
Para evitar el argumento oficial del déficit cero, la oposición propone una vía de financiamiento concreta: la creación del Fortalecimiento Salarial Educativo financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El proyecto estipula que estos recursos tengan una distribución automática para que lleguen directamente al recibo de sueldo docente, sin discrecionalidad ni intermediaciones provinciales.
La iniciativa contempla un “complemento federal” de aproximadamente 50.000 pesos para docentes y directivos, sumado a una “compensación federal” de 70.000 pesos adicionales para aquellos que ejerzan en escuelas de alta vulnerabilidad. Además, se reclama el uso de más de 740.000 millones de pesos de los ATN 2025 para infraestructura, con el fin de garantizar obras y mantenimiento en 44.460 escuelas de todo el país.
La presentación de este proyecto se adelanta estratégicamente al discurso que el Presidente brindará en la apertura del 144° período de sesiones ordinarias. Mientras el Gobierno prepara su propia “Ley de Libertad Educativa”, la oposición busca marcar la cancha poniendo el foco en la emergencia salarial de los más de 916.000 trabajadores del sector.