Paro docente: hubo alto acatamiento en  las provincias gobernadas por la oposición

El Ejecutivo desplegó durante toda la jornada un relevamiento sobre una muestra de escuelas distribuidas por regiones y provincias. El operativo incluyó la verificación de establecimientos abiertos y cerrados, el nivel de asistencia docente cuando fue posible obtener esa información y una serie de observaciones sobre lo ocurrido en cada institución.
El primer paro docente realizado tras la entrada en vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial mostró un comportamiento dispar según las provincias. Mientras el Gobierno registró un alto nivel de acatamiento en distritos gobernados por la oposición, especialmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, en otras jurisdicciones la actividad fue prácticamente normal.
La jornada quedó atravesada, además, por un conflicto entre la Nación y la administración bonaerense por los controles que intentó realizar la Secretaría de Trabajo para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos por la ley, que fijó un piso del 75% en la asistencia de los maestros a las aulas.
El Ejecutivo desplegó durante toda la jornada un relevamiento sobre una muestra de escuelas distribuidas por regiones y provincias. El operativo incluyó la verificación de establecimientos abiertos y cerrados, el nivel de asistencia docente cuando fue posible obtener esa información y una serie de observaciones sobre lo ocurrido en cada institución. “Hacen un paro contra el Gobierno, cuando los que pagan los salarios son las provincias. Apuntan a Nación, cuando los que deciden cuánto se paga corresponde a cada gobernador”, explicó la misma fuente.
Los primeros resultados muestran diferencias marcadas entre jurisdicciones. En la Casa Rosada sostienen que el mayor nivel de adhesión se registró en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el impacto de la medida fue muy reducido y la mayoría de las escuelas relevadas permanecieron abiertas. También en Chaco el acatamiento fue sensiblemente menor.
Durante el relevamiento, los equipos nacionales encontraron situaciones muy diferentes según cada establecimiento. En algunas escuelas pudieron acceder normalmente y recibir información sobre la cantidad de docentes presentes y ausentes. En otras, en cambio, encontraron establecimientos cerrados, se les impidió el ingreso o las autoridades escolares se negaron a suministrar datos sobre el funcionamiento de la institución. Todas esas situaciones quedaron registradas en actas elaboradas durante la recorrida.
La principal controversia se produjo en la provincia de Buenos Aires. Mientras se desarrollaba el paro, la Dirección General de Cultura y Educación distribuyó una comunicación interna dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio de actuación frente a eventuales requerimientos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Allí informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense había realizado una presentación formal para que el organismo nacional se abstuviera de solicitar información sobre el cumplimiento de los pisos mínimos de prestación previstos en la Ley 27.802 o de realizar inspecciones en establecimientos educativos provinciales.

“Es un paro importante que había
que hacerlo”, aseveró Nilda Patiño 
La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño, manifestó que se trata de “un paro que tiene cierta promoción y ánimo alentado desde sectores del gobierno, por eso se nota mucho más”, sostuvo.
Al ser consultada sobre las eventuales represalias económicas que suelen acompañar a estas jornadas de protesta, la referente gremial diferenció la postura del gremio frente a la incertidumbre constante: “En lo que va del año todavía no nos han descontado. Las veces que nosotros hacemos paro, sabemos que la posibilidad del descuento está y lo hacemos a sabiendas, hablando desde Autoconvocados”.
Aunque la convocatoria central del paro responde al reclamo de la CTERA por la apertura de la paritaria nacional y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), desde el ámbito provincial consideran que la discusión debe profundizarse ante el deterioro acelerado de los ingresos. Patiño argumentó que las sumas fijadas desde Nación congelan el salario inicial en valores inviables para afrontar los gastos cotidianos.
“Nosotros le agregamos siempre lo nuestro: salario mínimo, vital y móvil de 3 millones de pesos y un plan de desendeudamiento del que recién ahora empiezan a hablar muchos sectores, porque ya estamos muchos en la lista de morosos incobrables con una situación financiera agobiante y atroz”, afirmó la secretaria gremial.
Subrayó como ejemplo que el acceso a la tecnología dejó de ser un consumo optativo para convertirse en un requisito exigido por el propio sistema escolar sin contraprestación alguna: “Hoy internet para el docente es una obligación, igual que tener un soporte tecnológico. El estado no nos da ni la notebook ni un celular, pero nosotros tenemos que cargar los datos en las plataformas oficiales de asistencia, copa de leche y calificaciones”.