Pensiones por invalidez: ICA pide acudir a la Justicia para cambiar las formas de auditorías

A modo de ejemplo, comentaron que las citaciones mediante cartas documento realizadas en Herradura, indican a los beneficiarios, concurrir a una clínica de Mansilla que no existe y a su vez, a los de Misión Laishí, les indican otra clínica de Herradura en una dirección donde no funciona ningún centro médico.

Los actuales directores del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que las notificaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante cartas documento, que “no se están llevando adelante por parte de la empresa contratada. Se trata de Urbano Express SA”.
Catalino Sosa de la etnia Qom; Raúl González, de la etnia Pilagá; e Isaac Elixto, de la etnia Wichí; quienes fueron recibidos por el defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca; el encargado de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa, Julio Néstor Santander y asesores legales, señalaron que las cartas documento poseen un lenguaje muy técnico que no llega a ser comprendido por los destinatarios. 
Además, denunciaron que exigen una serie de antecedentes y documentación médica, “las cuales no pueden ser presentadas, en los plazos, muy cortos, toda vez que los citados, deben ser solicitados ante los diferentes establecimientos o centros médicos de salud pública”. 
Los referentes del ICA indicaron que “la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología, sino que nacen de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras en los entornos que habitan”. 
Por ello, señalaron que “no hay personas inválidas para trabajar, sino que todas pueden hacerlo, en la medida en que se proporcionen los apoyos que necesitan y para definir, quien debe cobrar una pensión y quien no, el Gobierno Nacional, también debe evaluar las barreras sociales y económicas que cada una enfrenta, en lugar de mirar solamente etiquetas médicas que pesan sobre ellas”. 
Alertaron que, de suspenderse estos beneficios, los cuales son utilizados para adquirir alimentos esenciales y medicamentos, miles de originarios no tendrán manera de sobrevivir.
Frente a esta situación, solicitaron al organismo de la Constitución, concretar una presentación judicial en los estrados federales, para rever la forma, los modos y criterios que aplica la ANDIS y de ser necesario, llegar hasta la Corte Suprema. 
Señalaron a modo ejemplificativo que, “en Formosa por una serie de circunstancias que el Ministerio de Salud de Nación y la ANDIS desconocen, no se puede cumplir de un día para otro con las etapas esenciales del proceso de auditoría”. 
Explicaron que los beneficiarios en una primera etapa que consiste en la citación formal, los beneficiarios de las PNC no están recibiendo la intimación oficial a través de una carta documento, con fecha, horario y lugar de la citación, donde se asigna un turno con un médico de PAMI, al no existir direcciones con nombres de calles y numeraciones, lo que invalida y convierte en nulas las formas irregulares de notificaciones que viene llevando adelante la empresa Urbano Express SA. 
En la segunda etapa que es la de entrevista y control médico, donde el personal de la ANDIS y PAMI realizan las entrevistas y controles médicos para evaluar la situación de cada beneficiario, no llegan a la mayoría de las comunidades originarias y las personas no tienen los medios para asistir a las diferentes clínicas privadas contratadas por el Gobierno Nacional. 
En la tercera etapa, que consiste en la revisión documental, por parte de la ANDIS que analizará la documentación presentada por el beneficiario, para determinar si se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para cobrar la PNC, se convierte de cumplimiento imposible, así como la, cuarta etapa, que es la de la resolución final, donde la ANDIS y PAMI emitirán los dictámenes correspondientes, resolviendo si cada persona podrá seguir cobrando la pensión o si corresponde su suspensión.
“En este punto -agregaron- se origina la necesidad de que el Estado nacional para someter a una evaluación a más de 1 millón de personas en su cruzada por reducir el gasto público, arbitre de manera urgente, un proceso progresivo y escalonado, que no desconozca la realidad social, económica, cultural y geográfica, de todas las comunidades originarias de nuestro país y en especial, de las que existen en nuestra provincia”.