Piden la restitución inmediata de pensiones por invalidez laboral que se dieron de baja

Sobre la suspensión de las auditorías, Gialluca explicó que “dichos procesos no pueden realizarse mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ni que omitan los ajustes razonables que exige su participación efectiva”.
La Dirección de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, advirtió que, si el actual Interventor de la ANDIS Alejandro Vilches, no cumple con la Orden Judicial de liberar los fondos depositados en las entidades bancarias que se encuentran retenidas en las cuentas de los beneficiarios en la provincia de Formosa, “se lo denunciará penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público en base a lo establecido por el artículo 248 del Código Penal”.
Desde el organismo indicaron que más allá de lo que disponga el Fiscal Federal que debe dictaminar sobre esta situación, la cual fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia. 
Al respecto, el defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, dio a conocer que, frente al proyecto de ley presentado por la diputada entrerriana Blanca Osuna, que exige la restitución inmediata de las pensiones por invalidez laboral que se dieron de baja, “se peticionó a las Comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, donde la primera se encuentra presidida por Daniel Arroyo y la otra por Nicolás Mayoraz, se proceda a su urgente tratamiento con la finalidad de que el mismo se convierta en ley”. 
En los fundamentos, se dio a conocer un informe de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), donde se determinó que en las auditorías llevadas a cabo por la ANDIS “el resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas, suspensión arbitraria de beneficios, incumplimientos en las notificaciones, falta de información, entre otras numerosas irregularidades”. 
Se puso de relieve que, esta iniciativa solicita la suspensión temporal de las auditorías en todo el territorio nacional, hasta tanto se garantice que los procedimientos aplicados respeten plenamente los derechos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Sobre la suspensión de las auditorías, Gialluca explicó que “dichos procesos no pueden realizarse mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ni que omitan los ajustes razonables que exige su participación efectiva”.
Afirmó que, “La única argumentación aparente de las auditorias de ANDIS es la motosierra, que aplica indiscriminadamente el Gobierno Nacional a este colectivo altamente vulnerable, que actualmente no está recibiendo las atenciones médicas necesarias y menos aún sus beneficios que les permiten adquirir lo mínimo indispensable para poder sobrevivir en el actual contexto económico y social que se vive en nuestro País”.
El requerimiento se apoyó, además, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahondó que “el artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a una protección social adecuada, y que cualquier medida administrativa que pudiera implicar la pérdida o suspensión de beneficios debe instrumentarse con salvaguardas suficientes que eviten la vulneración de los mismos”.