Piden votar una ley de prevención de violencia infantil

La iniciativa ya tiene una preferencia con dictamen. Se obtuvo el miércoles pasado, con apoyo de la mayoría de bloques. Alarmantes cifras desde una oficina que reporta a la Corte Suprema. El tema no consigue la luz verde del Congreso desde hace largos años. Reclamo de la Fundación Red por la Infancia, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias.

Desde hace largos años, el Congreso no puede dar respuestas a la hora de activar protocolos para la prevención, detección y actuación ante cualquier tipo de violencias en niños y adolescentes. Por ese motivo es que la Fundación Red por la Infancia, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias, reclamaron al Senado que, antes de que finalice el período ordinario –fin de noviembre–, se apruebe un proyecto dictaminado el miércoles pasado que, incluso, cuenta con preferencia para la próxima sesión.
La iniciativa en cuestión fue empujada, en la Cámara alta, por la legisladora chubutense Andrea Cristina (PRO), quien responde al gobernador Ignacio Torres. En el plenario de las comisiones de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, se obtuvo un despacho con las firmas de, entre otros, las libertarias Patricia Bullrich (Capital Federal) y Nadia Márquez (Neuquén), los justicialistas Pablo Bensusán (La Pampa) y Fernando Salino (San Luis), los kirchneristas Mariano Recalde (Capital Federal) y Jorge Capitanich (Chaco), el radical Rodolfo Suárez (Mendoza) y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes).
Una de las firmas en disidencia parcial fue, a pesar del consenso general –y según la documentación oficial–, la macrista María Huala (La Pampa). La clave del texto se encuentra en su artículo segundo, que plantea que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niños o adolescentes deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren  niños y adolescentes, conforme lineamientos nacionales trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.
Desde Red por la Infancia señalaron: “La historia del proyecto comenzó en 2018, luego de que salieran a la luz los abusos y la explotación sexual de adolescentes de las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la iniciativa recibió el respaldo de diferentes fuerzas políticas, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras en distintas instancias de su recorrido y perdió estado parlamentario en dos oportunidades, sin llegar a convertirse en ley”.
La institución además advirtió: “Durante estos ocho años, nuevos casos de violencia contra niños y adolescentes volvieron a exponer las dificultades de las instituciones para detectar señales de alerta e intervenir oportunamente. Las denuncias por abusos en jardines de infantes, los casos del Instituto Próvolo, Lucio Dupuy y las nuevas denuncias de grooming vinculadas a Independiente son algunos de los hechos que forman parte de la cronología”.