Preocupa a la CGT fallos de la Justicia Laboral que provocan quiebras y pérdida de empleo

La central obrera comprobó la eficacia de la mediación prejudicial. Respeta la ley vigente para la liquidación, ajustes y actualización de indemnizaciones. Son los ítems que los tribunales laborales inflan caprichosamente provocando el quiebre de pymes y la consecuente pérdida de fuentes laborales.

Mientras el Ejecutivo avanza en la sanción de una ley que busca desinflar la industria del juicio laboral en la provincia, un drama histórico que se profundizó con las políticas de ajuste de la era Milei y las prácticas abusivas de los tribunales bonaerenses, se conocieron estadísticas de la eficacia administrativa que evitan llegar al ámbito laboral, sobre el que llueven críticas por fallos abusivos de dudoso rigor jurídico.
La idea, es crear la instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial (Iclop) en el ámbito de la provincia. Una réplica del servicio de conciliación laboral obligatoria (Seclo) que funciona con eficacia probada en el ámbito de la Capital Federal.
En ese contexto, un informe elaborado por la CGT preocupada por el cierre de empresas que atenta contra el mantenimiento de las fuentes laborales, detectó que las intervenciones que realiza el Ministerio de Trabajo bonaerense, logran cerrar la mayor parte de los diferendos en sede administrativa, con acuerdos homologados que ponen fin al vínculo laboral entre las partes, respetando el derecho del trabajador y la razonabilidad del planteo que proteja a las pymes.
Un corte estadístico en la materia, refleja la eficacia de un sistema que vela por custodiar el derecho constitucional de un trabajador a una indemnización cuando se interrumpe la relación laboral, pero atiende, además, la situación compleja financiera por la que atraviesan las empresas en contexto de crisis como el actual, sobre todo las pymes en cualquier rubro. En muchos casos, incluso, las empresas ejecutan despidos en el marco de procedimientos preventivos de crisis o directamente por cierres, lo cuál incrementa la litigiosidad.
Un corte estadístico de las intervenciones administrativas del Ministerio de Trabajo bonaerense elaborado por la CGT refleja que de cada 100 reclamos que se presentan, la abrumadora mayoría –superior al 90% de los casos– termina por firmar acuerdos que contemplan el pago de una liquidación que, como regla, se ubica sin excepción por encima del 70/80% del monto reclamado por el trabajador.