Reforma previsional: El 43% de jubilaciones se otorgó a través de regímenes especiales

El debate sobre una futura reforma previsional abrirá, discusión sobre la multiplicidad de regímenes de excepción que existen hoy en Argentina, entre los administrados por la ANSES y los que se gestionan a través de las cajas profesionales y las provinciales no transferidas.

Una vez que el Gobierno logre que el Congreso apruebe en 2026 el proyecto de modernización laboral, Javier Milei tiene en carpeta avanzar con la reforma previsional. Es una de las reformas de segunda generación, como las definió, que considera esenciales para la segunda mitad del mandato.
La sustentabilidad del actual sistema previsional de reparto viene siendo un talón de Aquiles para todos los gobiernos, ya que el pago de jubilaciones y pensiones se lleva el 46% del gasto primario del Estado en 2026. El tema se coló en el comienzo del debate del proyecto de reforma laboral en el Senado por el artículo que prevé la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Este fondo sería financiado con una reducción de 3 puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde sectores de la oposición y el sindicalismo advierten que eso podría “desfinanciar” a la ANSES y terminaría afectando las futuras jubilaciones. En la Casa Rosada apuestan a que la modificación de la actual normativa laboral, aumente el trabajo registrado y engrose las arcas de la ANSES, al sumarse nuevos trabajadores al sistema.
El debate sobre una futura reforma previsional abrirá, a su vez, la discusión sobre la multiplicidad de regímenes de excepción que existen hoy en Argentina, entre los administrados por la ANSES y los que se gestionan a través de las cajas profesionales y las provinciales no transferidas. Estos sistemas tienen requisitos y haberes diferentes al régimen general, y se llevan un buena parte del gasto previsional.
En el país hay unos 4,2 millones de beneficiarios de regímenes de excepción, que representan un 43% del total. Estos esquemas tienen requisitos de acceso más flexibles que el régimen general del SIPA y haberes más altos. En promedio, un 93% superior a los del régimen general.
El gasto en estos esquemas alcanza el 5,2% del Producto Interno Bruto (PBI), y representa el 59,1% del gasto previsional total, según el informe “El costo de la excepción: una revisión de los regímenes previsionales en Argentina”, elaborado por el Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
El trabajo - que tomó los datos de cobertura y gasto ejecutados de 2024, sin variaciones significativas de año a año - analiza a fondo los distintos sistemas especiales que fueron proliferando a lo largo de los años, y lo que sucede en otros países.
Los principales argumentos contra los regímenes de excepción - según desglosa el informe - son su impacto desproporcionado en costo, su inequidad y su ineficiencia
“Por un lado, son costosos, porque al dar mejores beneficios (como porcentajes altos de los salarios) o mejores condiciones (como jubilaciones a edades bajas), eso implica más costo fiscal. Pero además, como son injustos, hacen que la población desconfíe más del régimen general y hacen muy difícil discutir reformas”, afirma este economista y Doctor en Demografía de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).
Rofman calcula que “los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzarían para financiar la totalidad del gasto educativo nacional y provincial”.