Representantes de economías regionales exigen a Diputados la derogación del DNU 70/23 de manera urgente

La reunión fue de carácter informativa y la oposición denunció que el oficialismo “utiliza herramientas para que la Cámara no funcione”, ya que no pudieron emitir dictamen de los tres proyectos que estaban en consideración por no tener quórum al inicio del encuentro.
Sin quórum reglamentario, la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, a cargo del diputado formoseño Luis Basterra (UP), llevó a cabo una reunión informativa con invitados integrantes del Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e indígena y de la pesca artesanal quienes expusieron sobre la situación actual y los desafíos de la agricultura familiar.
Basterra cuestionó la ausencia de diputados que no permitieron alcanzar el quórum: “Sorprende porque no estamos por definir la deuda externa, sino hablar de la situación de miles de familias que constituyen la red más importante que tiene la agricultura y producción agropecuaria del país”.
En esa línea, consideró que “se están perdiendo una oportunidad de escuchar a los actores del territorio, quienes representan el verdadero y genuino federalismo”, y apuntó: “Probablemente no los quieren mirar porque apoyan y aprueban la Ley de Extranjerización no sientan que somos exceso para sus intenciones de desarrollar un país que no nos incluye”.
Al pedir la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, denunció que “las autoridades de las áreas parlamentarias están teniendo un criterio muy estricto para emitir un dictamen cuando se consigue el quórum en el transcurso de la reunión”, y aclaró: “Este criterio lo vamos a aplicar siempre”, y justificó: “No es justo que cuando tenemos que proteger a los pequeños productores algunos se pongan en leguleyo, pero cuando tienen que entregar las tierras a manos extranjeras no dicen nada y permiten cualquier cosa”.
Martínez acusó al oficialismo de hacer “aprietes, verticalizaciones de áreas que impide que la Cámara funcione”, y les avisó que “nadie es oposición y oficialismo de por vida, utilizar estas herramientas para impedir que una comisión avance es horrible, se les vuelve en contra. Están haciendo seguidismo de la estrategia parlamentaria del oficialismo”.

Derogar el DNU 70/23 el
reclamo de las economías

En referencia a dicha temática, algunos miembros de la organización del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Pesca Arsenal, leyeron un documento en el que expresaron que “la defensa de la tierra, los territorios, la agricultura familiar campesina e indígena y de las economías regionales es urgente”. Así, manifestaron su profunda preocupación y rechazo frente a las políticas que afectangravemente el acceso, la permanencia y la defensa de la tierra, el territorio, el agua y los medios de vida de las comunidades indígenas, criollas, pescadoras y de la economía familiar”.
“Nos encontramos ante una situación grave. Mientras se discuten modificaciones legislativas sobre propiedad, desalojos, tierras rurales y expropiaciones, en distintos puntos del país ya hay comunidades que enfrentan conflictos, amenazas. Entendemos que no se puede legislar sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales desconociendo la realidad de quienes producen, trabajan, habitan y cuidan dichos territorios. Es por ello, que exigimos la derogación del decreto 70/23 de manera urgente”, resalta el texto.
Así, señalaron que no se trata solo de una discusión sobre propiedad, sino sobre el territorio y advirtieron que el problema no está cerrado porque “la posibilidad de volver a discutir modificaciones a la legislación de tierras rurales continúa siendo una amenaza sobre la soberanía territorial argentina”, y remarcaron que las tierras “no pueden convertirse en mercancía para la concentración económica”.
“No a la extranjerización, no a la concentración de la tierra”, reclamaron. Además, consideran que los desalojos exprés “son una amenaza directa a las comunidades”, y alertaron que “pueden producir consecuencias irreparables porque un territorio indígena no puede ser tratado como un territorio común”. En esa línea, rechazaron el concepto de inviolabilidad de la propiedad privada, reclamaron por el río Paraná que “no puede ser considerado solamente como una vía para sacar producción a los puertos”.
Por último, exigieron al Congreso de la Nación que ninguna forma que afecte tierras rurales, propiedad, territorios, desalojos, expropiación, agua, pesca o recursos nacionales sean aprobadas sin la participación de quienes habitan, trabajan esos territorios.
El subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Amarilla, expresó que “la situación de la agricultura familiar en la provincia de Buenos Aires es sumamente preocupante”.
“Nuestro diagnóstico es que ante una política económica del Gobierno nacional donde, claramente, suma despidos, pero también suma baja de salarios y de jubilaciones; eso, lo que produce, es la baja de la capacidad del poder adquisitivo de los salarios y eso repercute en la demanda de alimentos”, remarcó el funcionario y denunció que desde la secretaría de agricultura “no hay políticas para el sector y baja el financiamiento”.