Repudian denuncias falsas de la oposición sobre las tierras de pueblos originarios

“Formosa es pionera en lo que es propiedad comunitaria indígena. Nuestra ley provincial de las comunidades aborígenes, nuestra ley provincial del aborigen” explicó la titular del Instituto de Tierras Fiscales.

La administradora general del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, María Isabel Atencia, rechazó de manera categórica las declaraciones de dirigentes opositores que —según denunció— llevaron intranquilidad a comunidades originarias al difundir versiones falsas sobre la posesión de sus tierras.
En el marco de la gira que encabezó en el inicio de la semana el vicegobernador Eber Solís por el oeste provincial, la funcionaria explicó a las comunidades de qué se trata la reforma constitucional en esta materia, y de paso, echar por tierra esta mala intención de la oposición.
“Les vinieron a decir que el Gobierno de la provincia de Formosa los iba a expropiar, que les iba a sacar las tierras, que se iban a quedar sin sus propiedades y que se las íbamos a darnos a quién sabe quién” lamentó, en declaraciones a AGENFOR.
En este contexto, aclaró que tanto la Constitución, como la Ley Integral del Aborigen protegen y determinan una distribución justa y equitativa de la tierra, cumpliendo una función social y armónica con el medio ambiente.  
“En realidad lo que ellos están queriendo hacer es recuperar las tierras que se apropiaron ilegalmente y titularizarla. Ese es el mensaje, en realidad” alertó Atencia.
Dijo la funcionaria que, durante los sucesivos encuentros con las comunidades originarias, se llevó claridad al respecto, con énfasis en la reforma constitucional y las tierras aborígenes.
Consideró que se trata de declaraciones temerarias y mentirosas, alejadas de la realidad. “Formosa es pionera en lo que es propiedad comunitaria indígena. No nos olvidemos de nuestra ley provincial de las comunidades aborígenes, nuestra ley provincial del aborigen” pidió.
Tras insistir en que Formosa es pionera en protección de la propiedad comunitaria y en el resguardo de los derechos indígenas, por lo que es improbable que el Gobierno, a través de sus convencionales, legisle en contrario.
“Esta Constitución viene a ampliar derechos que ya están sentados en ella y a armonizar con el ambiente, con la función social de la tierra, con el precio justo, con la no extensión, a lo mejor en exceso, de los predios, con un uso racional y armonizado” detalló.
En ese marco, trajo a colación que es el Gobierno nacional es el que se “olvidó de los aborígenes y las comunidades”, retirando por ejemplo la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, con personería jurídica inscripta en organismos competentes.