Residencias socioeducativas: el egreso de niños y  adolescentes es competencia exclusiva de la Justicia

Desde el Ministerio se explicaron los mecanismos de fiscalización y se pidió evitar la difusión de imágenes o contenidos que permitan identificar a los y las menores para no revictimizarlos.

Ante las versiones e informaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, el Ministerio de la Comunidad brindó precisiones sobre el funcionamiento del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes alojados en las residencias socioeducativas de la provincia.
Desde el organismo, del que depende la Dirección de Niñez y Adolescencia, se señaló que el ingreso de niñas, niños y adolescentes a estos dispositivos se produce por disposición judicial, como consecuencia de situaciones de vulneración de derechos que requieren su separación del ámbito familiar.
A partir del momento del ingreso, el organismo de protección mantiene comunicación directa con el juzgado interviniente, con el objetivo de garantizar el control judicial permanente de las medidas y actuaciones que se desarrollan en cada caso.
Desde el Ministerio remarcaron que todos los centros residenciales bajo su órbita -incluidas las residencias socioeducativas para niñas, niños y adolescentes, los dispositivos destinados a personas con discapacidad y aquellos para adultos mayores- están sujetos a mecanismos de fiscalización.
Uno de ellos corresponde al control judicial, ejercido por jueces y asesores de menores de las tres circunscripciones judiciales de la provincia. Según explicaron, estos funcionarios realizan revisiones periódicas de las medidas de protección excepcional y mantienen contacto con los niños y adolescentes junto con los equipos interdisciplinarios.
A este mecanismo se suma el control externo de organismos nacionales competentes, que realizan visitas e inspecciones y supervisan el funcionamiento de las residencias, además de tomar contacto con los expedientes y las situaciones particulares.
Cada institución cuenta, además, con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de Trabajo Social, Psicopedagogía y Psicología. Estos equipos realizan el abordaje y seguimiento de cada situación y elevan los informes técnicos correspondientes a la magistratura interviniente.
En cuanto a la atención integral, se destacó que el Gobierno provincial articula con distintas áreas para garantizar el acceso de los niños y adolescentes alojados a sus derechos fundamentales.
La atención sanitaria se realiza a través del Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que los niños y adolescentes permanecen incorporados al sistema educativo formal bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Educación.
De ese modo, se trabaja de manera intersectorial con los distintos organismos estatales que integran el Sistema Integral de Protección de Derechos.

El egreso es una decisión judicial

Respecto de la situación familiar del niño cuya imagen y circunstancias fueron difundidas en redes sociales, el Ministerio explicó que su progenitora atravesaba un proceso de vinculación y evaluación técnica, a partir del cual el Juzgado debe determinar con quién corresponde disponer el egreso del menor, de acuerdo con las condiciones necesarias para garantizar su protección integral.
En este sentido, se remarcó que el Ministerio no tiene facultades legales para decidir el egreso de un niño, ya que esa determinación corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
“El Ministerio no posee la facultad legal para decidir o disponer el egreso de un menor, competencia que recae de forma exclusiva en el Poder Judicial”, señalaron desde el organismo.
Finalmente, se informó que se continúa llevando adelante las actuaciones correspondientes para garantizar el interés superior del niño y se recordó que el Juez de Menores interviniente es la autoridad encargada de dirigir el proceso y disponer las medidas necesarias para la restitución de derechos.
Finalmente, desde el Ministerio se pidió a la comunidad, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales evitar la difusión, reproducción y viralización de imágenes o contenidos que permitan exponer o identificar a menores de edad. La exposición pública de estas situaciones puede generar una nueva vulneración de derechos y una grave revictimización de niñas, niños y adolescentes.