Rutas de la muerte: el ajuste nacional deja a los  puentes del país sin un peso para mantenimiento

A través de una modificación presupuestaria, el ajuste sobre Vialidad Nacional alcanza niveles críticos. En Formosa y la región NEA, el recorte en obras de rehabilitación supera los 6600 millones de pesos, agravando el riesgo de siniestros fatales.
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, lanzó una dura advertencia sobre el estado de no retorno de la infraestructura vial argentina. La denuncia surge tras la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026, mediante la cual el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, aplicaron un nuevo y drástico recorte al presupuesto 2026 que desfinancia por completo áreas sensibles para la seguridad pública.
Según el análisis de la Defensoría, el sector de infraestructura vial y Vialidad Nacional se encuentran entre los más golpeados por el ajuste fiscal, que ya oscila entre los $2,5 y $3 billones de pesos. El desglose de los recortes revela una situación de abandono estatal:
-Puentes y estructuras: se eliminó el 100% de las partidas destinadas al mantenimiento y reparación de puentes en todo el territorio nacional.
-Seguridad vial: el programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales sufrió un recorte del 98,9%. De una partida original de $19.499 millones, solo quedó una asignación simbólica.
-Rehabilitación vial: se recortaron $97.103 millones en repavimentación, lo que impacta de lleno en la Región NEA con una quita repentina de más de $6.600 millones.
“El Gobierno Nacional avanza ahora con el traspaso de rutas nacionales a las provincias (Decreto 253/2026), pero lo hace sin transferir los fondos necesarios para su mantenimiento. Es una transferencia de crisis, no de recursos”, señaló Gialluca.
Para el defensor del Pueblo, el deterioro de las rutas ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una tragedia humanitaria. Al analizar las estadísticas de víctimas fatales en siniestros viales, las cifras actuales ya superan las bajas sufridas por Argentina durante la Guerra de Malvinas.
“La falta de mantenimiento y la ausencia de una visión estratégica en la obra pública han transformado a nuestras carreteras en escenarios de peligro constante”, enfatizó el funcionario, vinculando directamente el ajuste económico con el aumento de la mortalidad en las rutas.
La denuncia también pone la lupa sobre el destino de recursos que, por ley, deberían ser de afectación específica para la seguridad vial: la Agencia Nacional de Seguridad Vial se autofinancia con el 1% de todas las pólizas de seguros del país. Sin embargo, existe una profunda incertidumbre sobre el paradero de estos fondos que, según gremios viales, estarían siendo desviados para engrosar el superávit fiscal.
Se estima que el Estado nacional recauda más de $1 billón de pesos a través de este tributo destinado por ley a la infraestructura. Estos recursos estarían siendo “retenidos indebidamente” por el Ministerio de Economía.
Este escenario se da en un marco de nueve meses consecutivos de caída en la recaudación tributaria y desplomes en el IVA y aportes a la seguridad social. Según la Defensoría, la decisión del Ejecutivo Nacional profundiza el ajuste para sostener compromisos con el FMI, priorizando las metas fiscales por encima de la vida y la seguridad de los ciudadanos que transitan las rutas del país.