Tensión y desalojo en el IPV: un reclamo habitacional terminó en sede provincial

La sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ubicada en el centro de la capital formoseña, se convirtió entre ayer y hoy en el epicentro de un grave conflicto social. Lo que comenzó como un pedido de audiencia por parte de familias que esperan una vivienda desde hace décadas, derivó en una toma pacífica, mujeres encadenadas y un operativo policial de desalojo durante la madrugada que dejó a manifestantes imputados y fuertes denuncias de represión.

El inicio del conflicto: "Décadas de espera"

Desde la mañana del lunes 9 de febrero, un grupo de aproximadamente 30 familias (mayormente encabezadas por mujeres) ingresó al edificio de Junín y Julio A. Roca. Su reclamo es concreto: llevan entre 20 y 30 años inscriptas sin recibir adjudicaciones, mientras denuncian que en el barrio La Nueva Formosa existen viviendas terminadas que están siendo vandalizadas o entregadas con "criterios de privilegio".

La tensión escaló cuando varias manifestantes decidieron encadenarse a las barandas internas del edificio ante la falta de atención de las autoridades.

La denuncia de Gabriela Neme

La ex diputada nacional Gabriela Neme acompañó el reclamo y denunció públicamente presuntas irregularidades en el padrón de beneficiarios. Neme apuntó directamente contra un funcionario local, a quien acusó de poseer dos viviendas sociales unificadas para uso recreativo, contrastando esta situación con el hacinamiento de las familias reclamantes.

Tras el desalojo nocturno, Neme calificó el operativo del cuerpo DDR (Destacamento de Desplazamiento Rápido) como un acto de "violencia institucional", denunciando que se agredió a mujeres y que incluso había bebés presentes durante la intervención policial ordenada por el juez subrogante Marcelo López Picabea.

La respuesta oficial

El administrador general del IPV, Ing. Marcelo Ugelli, se refirió esta mañana a la situación intentando desmarcar la gestión de las acusaciones de las manifestantes. Según las últimas declaraciones del funcionario, muchas de las personas que encabezan estas protestas no cumplen con los requisitos o buscan "saltar los pasos administrativos" del sistema de sorteos.

Por otra parte, desde el organismo se ha argumentado que la paralización de la obra pública a nivel nacional ha dificultado la entrega de nuevas unidades, aunque aseguran que la provincia continúa trabajando con recursos propios, pero este se realiza a un ritmo más lento, lo que dificulta que se puedan cumplir los plazos esperados.

Por último, el titular del IPV sugirió que la protesta estuvo "fogoneada" por sectores de la oposición para generar caos institucional, minimizando las denuncias de irregularidades en las adjudicaciones.