Tierras, desalojos y ambiente: las cuatro  reformas que generan preocupación

El proyecto propone cambios en la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de desalojos. Para la consultora Politiké, lejos de tratarse de reformas meramente técnicas, las modificaciones responden a una misma lógica: disminuir la capacidad de intervención del Estado y ampliar el margen de acción del mercado.
Un informe de la consultora Politiké advirtió sobre el alcance del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional bajo el argumento de fortalecer la inviolabilidad de la propiedad privada. 
Según el análisis, la iniciativa introduce modificaciones en cuatro normas centrales vinculadas a la tierra, el territorio y la vivienda, reduciendo herramientas de regulación estatal y ampliando la protección de la propiedad privada, con potenciales consecuencias sobre la soberanía territorial, el acceso a la tierra, el ambiente y los derechos sociales.
El proyecto propone cambios en la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de desalojos. Para Politiké, lejos de tratarse de reformas meramente técnicas, las modificaciones responden a una misma lógica: disminuir la capacidad de intervención del Estado y ampliar el margen de acción del mercado.
Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de los límites que establece la Ley 26737 para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. 
De aprobarse, desaparecerían los topes nacionales que hoy restringen la concentración de tierras en manos extranjeras, facilitando el acaparamiento de grandes extensiones productivas. 
El informe destaca que provincias como Formosa, que actualmente presentan bajos niveles de extranjerización, perderían una herramienta legal clave para resguardar su territorio.

Expropiaciones

En materia de expropiaciones, el proyecto restringe el concepto de utilidad pública, incorpora la obligación de indemnizar el lucro cesante comprobado y limita a 90 días las ocupaciones temporarias realizadas por el Estado. 
Según el análisis, estos cambios encarecerían y dificultarían las expropiaciones destinadas a obras públicas, infraestructura estratégica o situaciones de interés social, reduciendo la capacidad estatal de actuar ante necesidades colectivas.
Otro de los aspectos cuestionados es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa elimina la prohibición de vender o modificar el uso de tierras afectadas por incendios forestales durante un plazo de 30 años. 
Para Politiké, esta derogación debilita uno de los principales mecanismos destinados a desalentar incendios provocados con fines especulativos, ya que permitiría la rápida valorización inmobiliaria de terrenos incendiados.
El proyecto también incorpora un procedimiento de desalojos anticipados que habilita a los jueces a ordenar la restitución de un inmueble antes de la sentencia definitiva cuando consideren verosímil el derecho invocado por el reclamante. 
La única protección prevista consiste en un plazo de diez días para familias con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin otra alternativa habitacional. 
El resto de los ocupantes podría ser desalojado sin que el proceso judicial haya concluido, lo que, según el informe, reduce las garantías de defensa.
Para la consultora, las cuatro reformas comparten un mismo enfoque: desplazar al Estado como garante de derechos sobre la tierra y la vivienda y facilitar la actuación del capital privado, incluso extranjero. 
En ese marco, advierte que se debilita la soberanía territorial de las provincias, se dificulta la intervención estatal en situaciones de emergencia, se elimina un freno legal a la especulación sobre tierras incendiadas y se reducen las garantías procesales frente a los desalojos.
Finalmente, el informe concluye que, aunque el proyecto se presenta como una iniciativa destinada a proteger la propiedad privada, sus efectos terminarían favoreciendo principalmente a los sectores con mayor capacidad económica, en detrimento de la regulación territorial, la protección ambiental y el derecho a la vivienda de los sectores más vulnerables.