Tierras rurales y manejo del fuego: Formosa  rechaza los cambios impulsados por Nación

La provincia acompañó la resolución del COFEMA que se pronunció en contra de las modificaciones a las leyes de Tierras Rurales y Manejo del Fuego, al considerar que debilitan el marco de protección ambiental y el federalismo.

Formosa reafirmó su postura en defensa del marco normativo ambiental durante la 5.ª Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde respaldó la resolución que rechaza las modificaciones promovidas por el Gobierno nacional a las leyes de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley N.º 26.737) y de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815).
La representación provincial estuvo a cargo de la subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, ingeniera Natalia Lupia, y de la abogada Carina Cabana, quienes sostuvieron la posición del Gobierno formoseño en defensa de las normas ambientales vigentes.
Durante el inicio de la Asamblea se informó a las provincias sobre una nota enviada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en la que se solicitaba postergar el tratamiento del tema por considerar que excedía las competencias del COFEMA. Sin embargo, el planteo fue rechazado por unanimidad de las jurisdicciones presentes, lo que permitió continuar con el debate.
En ese marco, Formosa manifestó su preocupación por las reformas impulsadas sobre normas consideradas estratégicas para la protección de los recursos naturales. La ingeniera Lupia sostuvo que los cambios propuestos comprometen el marco jurídico ambiental vigente y debilitan herramientas fundamentales para la preservación del territorio, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sustentable.
La posición provincial se fundamentó en la defensa de los principios ambientales establecidos en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y las leyes de presupuestos mínimos, remarcando que cualquier modificación legislativa debe garantizar los niveles de protección alcanzados y respetar el federalismo ambiental.
Tras el intercambio entre las distintas jurisdicciones, la Asamblea consensuó la Resolución COFEMA N.º 576/2026, mediante la cual el organismo rechazó el proyecto de modificación de las leyes de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego. El documento será remitido al Senado de la Nación para su consideración durante el tratamiento legislativo.
La resolución sostiene que las reformas impulsadas afectan normas estratégicas para la protección del territorio, los recursos naturales y la gestión ambiental del país.
Con su voto, Formosa acompañó la aprobación de la resolución y ratificó su rechazo a las iniciativas promovidas por el Gobierno nacional, reafirmando su compromiso con la defensa del marco jurídico ambiental, la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento del federalismo ambiental como pilares para el desarrollo sostenible.
Los ejes principales del encuentro fueron: 
• Rechazo a la extranjerización de tierras: El cuerpo plenario determinó que flexibilizar los límites de dominio sobre tierras rurales debilita la protección preventiva de bienes ambientales estratégicos.
• Defensa de recursos naturales: Se advirtió que la modificación legislativa pone en riesgo la coordinación federal necesaria para la preservación de ecorregiones compartidas, recursos hídricos, humedales y bosques nativos.

La posición de la provincia

La posición de la provincia de Formosa responde a una visión de desarrollo sustentable que busca compatibilizar el crecimiento productivo con la conservación de los recursos naturales, entendiendo que el patrimonio ambiental constituye un activo estratégico para las generaciones presentes y futuras. 
Bajo esa premisa, la provincia ratificó que cualquier cambio legislativo debe preservar las garantías previstas en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el sistema de presupuestos mínimos ambientales, fortaleciendo además el federalismo como principio rector de la gestión ambiental en todo el país.
La postura de Formosa no responde únicamente al debate sobre dos leyes específicas, sino a la defensa de un modelo de gestión ambiental basado en la vigencia de los presupuestos mínimos de protección ambiental, el respeto por las autonomías provinciales y el principio de federalismo consagrado en la Constitución Nacional.
En ese sentido, la ingeniera Natalia Lupia sostuvo que las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional generan preocupación porque podrían debilitar herramientas legales que permiten a las provincias planificar el uso del territorio, proteger sus recursos naturales y garantizar un desarrollo sustentable.
Consideró además que cualquier reforma de esta naturaleza debe surgir de un amplio consenso entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, ya que son estas últimas las titulares originarias de los recursos naturales existentes en sus territorios, conforme lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional.
La funcionaria enfatizó que Formosa sostiene que las políticas ambientales no deben interpretarse como un obstáculo para el desarrollo, sino como un marco que brinda previsibilidad y equilibrio entre la producción, la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 
Bajo esa premisa, afirmó que reducir los estándares de protección alcanzados implicaría un retroceso en materia ambiental y afectaría instrumentos fundamentales para la prevención de incendios, la preservación de los bosques y el ordenamiento territorial.
Por ello, la provincia ratificó su rechazo a las modificaciones propuestas y acompañó la posición mayoritaria del COFEMA, al considerar que las leyes de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego constituyen normas estratégicas para la protección del ambiente y para el ejercicio efectivo del federalismo ambiental, principio que reconoce la participación activa de las provincias en las decisiones vinculadas a la gestión de sus recursos naturales.

Manejo de Fuego: por qué es clave

La ley 26.815 establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la prevención y el combate de incendios forestales y rurales en todo el país. Además, impide modificar el uso de las tierras después de un incendio para evitar que alguien provoque incendios forestares, ya sea para loteos, fines inmobiliarios o nuevos usos agropecuarios. 
Para eso, la norma fija plazos de protección diferenciados según el tipo de ecosistema:
-60 años de prohibición para modificar el uso del suelo en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales afectados por un incendio, sea intencional o accidental (artículo 22 bis).
-30 años de prohibición en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales (artículo 22).
La modificación de la Ley de Manejo de Fuego podría fomentar los incendios intencionales con fines inmobiliarios Durante ese período, esas tierras no pueden subdividirse, venderse con otro destino ni destinarse a un emprendimiento inmobiliario o a una actividad agropecuaria distinta de la que tenían antes del accidente forestal.