Transferencias a provincias: el regreso del billetero como eje de la gobernabilidad en 2025

En un año legislativo atravesado por negociaciones permanentes, el Gobierno nacional mantuvo una estrategia clara: sostener aceitados los flujos de fondos hacia las provincias gobernadas por aliados políticos, en un intento por asegurar el acompañamiento de sus legisladores en el Congreso. La dinámica de las transferencias, tanto automáticas como sobre todo no automáticas, volvió a convertirse así en una herramienta de gestión clave para apuntalar acuerdos parlamentarios imprescindibles para la agenda oficial.

El flujo de fondos nacionales hacia las provincias cerró 2025 con un crecimiento moderado en términos reales, luego de un año marcado por fuertes disparidades entre los componentes automáticos y no automáticos de las transferencias. 
Según el último informe trimestral publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales aumentaron 44,3 por ciento interanual en valores nominales, lo que implica una mejora real de 2,7 por ciento al ajustar por inflación.
El cierre del ejercicio fiscal 2025 ha dejado en evidencia una mutación en la estrategia financiera del Gobierno nacional. Tras un inicio de gestión marcado por el ajuste severo (motosierra) sobre los giros discrecionales, el año legislativo consolidó una recuperación real del 2,7% en los envíos totales a las provincias. Sin embargo, detrás de este promedio se esconde una brecha técnica y política: mientras la coparticipación apenas empató a la inflación, los giros no automáticos se dispararon un 42,4% real, convirtiéndose en la moneda de cambio predilecta para aceitar mayorías parlamentarias.

Giros no automáticos

El dato que más resalta en el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es el crecimiento nominal del 88,2% en las transferencias no automáticas. Este fenómeno responde a tres factores clave:
• Asistencia del Tesoro Nacional (ATN): utilizados estratégicamente para auxiliar a provincias aliadas ante urgencias financieras de corto plazo.
• Obra pública y educación: la reactivación de partidas para infraestructura provincial y el sostenimiento de programas educativos (tras los conflictos de 2024) explicaron buena parte del volumen devengado.
• El factor CABA: el cumplimiento parcial del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación porteña distorsionó al alza los promedios, con un salto real del 65% en los giros no automáticos hacia la ciudad.
• Coparticipación y consenso fiscal: los envíos automáticos.
Las transferencias automáticas, que representan el grueso de los ingresos provinciales, mostraron una estabilidad frágil con un alza real de apenas el 1,6%.
Dentro de este universo, el salvavidas fue la compensación del consenso fiscal. Con una suba real del 79,6%, este ítem no creció por una mayor actividad económica, sino por una cuestión administrativa: el pago de deudas retroactivas de 2024 y ajustes de capital que sumaron más de $160.000 millones. Sin estos pagos extraordinarios, el componente automático habría cerrado el año en terreno negativo.
La distribución de fondos en 2025 dibujó un mapa de prioridades políticas y necesidades judiciales: Buenos Aires (el peso del conurbano) recibió $13,99 billones, un 3,8% real por encima de 2024. Su volumen sigue siendo determinante para el promedio nacional.
Los aliados dinámicos, provincias como Salta, Tucumán y Neuquén superaron la media nacional. En estos casos, el flujo de fondos estuvo estrechamente ligado al acompañamiento legislativo en leyes clave de desregulación y presupuesto.
Los relegados, Mendoza y Misiones sufrieron el rigor de la discrecionalidad, con variaciones reales estancadas. Tierra del Fuego (+0,7%) quedó al final de la tabla de recuperación, reflejando una relación más distante con la Casa Rosada.
Para poner en perspectiva el 2025, la OPC destaca que este año representa un punto de inflexión. Tras las fuertes caídas reales de 2023 (por la sequía y pérdida de recaudación de Ganancias) y de 2024 (por el ajuste fiscal del Ejecutivo), el 2025 se percibe como un año de estabilización en niveles bajos. Si bien hay crecimiento, los fondos aún están lejos de los techos históricos de la última década.
El informe técnico del SIDIF confirma que la disciplina fiscal no fue absoluta cuando la necesidad política llamó a la puerta. El Gobierno nacional logró cerrar el año con superávit, pero a costa de reactivar la “discrecionalidad dirigida”. Para 2026, el desafío será determinar si esta recuperación es sostenible sin el auxilio de pagos extraordinarios por deudas pasadas.

El rol de los ATN

Los aportes del tesoro nacional (ATN) son el componente más político del gasto público. Legalmente destinados a situaciones de emergencia o desequilibrios financieros, en 2025 funcionaron como el lubricante principal de la gestión parlamentaria.
A diferencia de la coparticipación, que se deposita diariamente por goteo, los ATN se liberan por resolución ministerial. En 2025, se observaron picos de ejecución en los meses de mayo y septiembre, coincidiendo con votaciones clave en el Congreso (presupuesto y reformas estructurales).
El análisis de los datos del e-SIDIF muestra que el 65% del fondo acumulado de ATN se distribuyó entre apenas 6 provincias cuyos legisladores fueron determinantes para alcanzar el quórum. Salta y Tucumán lideraron este ránking de eficiencia en la negociación.
Durante 2024, el Gobierno nacional acumuló un remanente importante de ATN no utilizados. En el 2025, ese stock comenzó a volcarse a las provincias, lo que explica por qué las transferencias no automáticas crecieron un 42,4% real, muy por encima de cualquier otro indicador de gasto público.
Para las provincias con menor densidad poblacional pero alta representación en el Senado, un solo giro de ATN puede representar el equivalente a una masa salarial completa, lo que otorga al Ejecutivo nacional un poder de negociación extraordinario sobre los gobernadores.
Los ATN representaron en 2025 aproximadamente el 5,5% del total de las transferencias no automáticas, pero su valor simbólico y político es mucho mayor, ya que son fondos de libre disponibilidad (las provincias no están obligadas a aplicarlos a un programa específico, a diferencia de los fondos para salud o educación).