Ugelli reclamó transición ordenada que permita a Formosa terminar cerca de 3 mil viviendas

Merced a un acuerdo entre Nación y provincia, el Estado Nacional iba a financiar menos de un 10% de la obra, y Formosa el 90% para la finalización de 3 mil viviendas: cerca de 2 mil en el interior y mil más en el barrio La Nueva Formosa. El titular del IPV dijo que “ese acuerdo estaba siendo trabajado con la Secretaría ahora disuelta, por lo que reina la incertidumbre en saber qué organismo será el encargado de coordinar los convenios”.

El administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Ugelli, dio ayer una conferencia de prensa en la que habló de las consecuencias que tendrá para Formosa la decisión del Gobierno nacional de disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, y en ese sentido reclamó a Nación una transición ordenada que permita terminar cerca de 3 mil viviendas que están en construcción en toda la provincia.
El funcionario explicó que merced a un acuerdo entre Nación y provincia, el Estado Nacional iba a financiar menos de un 10% de la obra, y Formosa el 90% para la finalización de 3 mil viviendas: cerca de 2 mil en el interior y mil más en el barrio La Nueva Formosa: “Ese acuerdo estaba siendo trabajado con la Secretaría ahora disuelta, por lo que reina la incertidumbre en saber qué organismo será el encargado de coordinar los convenios”.
Adelantó además que “ya nos pusimos a ver cómo resolver nosotros mismos con fondos provinciales y después ver cómo hacemos para rendirle a la Nación, porque en definitiva somos solidarios la terminación de esas viviendas”.
Ugelli sostuvo además que la disminución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Secretaría y ahora su disolución y la eliminación del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, “están dentro de una serie de acciones que atentan contra la posibilidad de la construcción de obra pública en general y de vivienda en particular”.
En Formosa este Fondo Fiduciario financiaba las viviendas sociales de los programas nacionales de viviendas como Casa Propia, Reconstruir, Casa Activa y Habitar Comunidad. 
El funcionario sostuvo además que las provincias están en averiguaciones para conocer cómo se podrán concluir esas obras residuales, “tema que fue tratado en el Consejo de la Vivienda, pero no fue aclarado debidamente; tampoco nos queda claro si se disuelven o no los programas de vivienda y cae el acuerdo que veníamos llevando adelante”. 
El titular del IPV recordó que tras la disolución del organismo nacional, la construcción de viviendas pasará a las jurisdicciones provinciales para que cada una continúe desarrollando la política  habitacional con fondos propios, y dijo que el fin de una vivienda social es alcanzar a las familias que no pueden acceder a un crédito del mercado financiero. 
Al criticar la medida tomada por el gobierno de Javier Milei, Ugelli sostuvo que “esta es una forma más de concentrar la riqueza en los grandes centros urbanos y reclamó que los balances que tanto gusta mostrar al Gobierno Nacional deben cerrar con la gente adentro”.

Traspaso de funciones

La Secretaría eliminada contaba con tres subsecretarías: Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda e Integración Socio-Urbana. Mientras que las primeras dos fueron formalmente eliminadas, la tercera pasará a depender de la Secretaría de Obras Públicas, que amplía su campo de acción hacia temas de infraestructura habitacional.
En paralelo, un equipo de esta Secretaría se encargará de entender todo lo relativo a la finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda pertenecientes a la cartera eliminada. Es decir, un equipo transitorio se encargará de terminar de decidir sobre los programas disueltos y/o en proceso de disolución, incluyendo el Procrear (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar). Este último fue disuelto en noviembre de 2024 a través del decreto 1018/2024, pero aún tiene proyectos en ejecución.
Hasta enero, había 992 proyectos en ejecución -de entre 100 y 300 casas cada uno-, con diferentes niveles de avance: algunos superaban el 60%, mientras que otros estaban por debajo del 25%. En total, ya se habrían invertido más de US$3000 millones para la construcción de alrededor de 100.000 viviendas.
Según la nueva estrategia oficial, las provincias podrán optar por adquirir los desarrollos en curso y finalizarlos con recursos propios. “El Gobierno Nacional no va a continuar ninguno”, aseguraron fuentes gubernamentales.