Una electrodependencia que demanda una consideración especial en materia tarifaria

Por Justo L. Urbieta

Permanentemente los habitantes de las provincias periféricas otrora calificadas como inviables por ciertos personajes que pasaron por la función pública a nivel nacional, deben soportar vaivenes económicos y limitaciones en su calidad de vida por las tarifas de los servicios públicos que siempre resultaron inequitativas para sus pobladores.
Cada gobierno que asume la conducción del PEN aparece con sus fundamentos y justificativos para que el costo que para el ciudadano común representa el uso de la energía eléctrica, el agua potable y el gas un verdadero calvario desde el mismo momento que surja la ocurrencia del ajuste tarifario y acerca de cómo se distribuirá la carga sobre los estratos comunitarios.
Los que viven en los estados del Noreste argentino no tienen absoluta duda acerca de la situación injusta y desigual respecto de lo que acontece en otras regiones del país.
Hay quienes sostienen que por razones climáticas, por la proliferación de insectos o por el impacto del valor de los servicios esenciales el estado debería pagarles en lugar que estar dependiendo el erario de lo que pueda aportar quienes trabajan.
Todavía está en la memoria de la ciudadanía el impacto dañino que en la economía familiar provocó la gestión de Cambiemos con Mauricio Macri como administrador del PEN y las políticas energéticas ejecutadas por el responsable de la cuestión energética, el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, que en estos días ha reaparecido en los medios hegemónicos de comunicación del ámbito porteño con alcance nacional.
Pero más allá de los funcionarios, hasta por una cuestión de lejanía con Buenos Aires -que como se acostumbra a decir “Dios está en  todas partes aunque atiende allí”- y de cuestiones estratégicas en materia de geopolítica, Formosa puede dar fe de ello desde su fundación en 1879 que debió resignarse que las obras y beneficios nacionales llegasen solamente hasta el río Bermejo- es la evidencia de inequidad y la injusticia.
Para la salud, los precios y la calidad de los alimentos, la educación , el turismo y el costo del transporte de pasajeros  y naturalmente de lo que deben pagar los vecinos por la luz, el agua y el gas -que aquí sigo dependiendo de las garrafas- los porteños, cordobeses, mendocinos y santafesinos son la vara con la que se puede medir esa odiosa postergación.
Para colmo de males, cuando en un espacio nacional y popular como el que gobierna Formosa desde 1983 los ministros de Economía y gobernadores del NEA han pujado por lograr tarifas diferenciales ante el carácter de electro dependientes de sus habitantes, los legisladores nacionales locales que representan a la oposición siempre se opusieron a los proyectos que se presentaron en el Congreso de la Nación.
El ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez, puede dar testimonio de las discusiones regionales que derivaron en presentaciones colectivas que promuevan equidad en las tarifas de los servicios públicos y que terminaron naufragando en el baúl del olvido por la mayoría de los comprovincianos que formaban parte de la oposición política.
Si hasta se llamaron a silencio cuando Macri -quien está por la vuelta- cuando la esperanza del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA)- quedó sepultada por el pretexto de la neutralización de obras que también afectó a las obras viales, educativas, de manejo de los recursos hídricos, las energéticas y las de conectividad digital, entre otras.
Ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania, la herencia macrista y la pandemia a causa de la Covid-19 han vuelto a generar dolores de cabeza entre los usuarios.
Con una canasta familiar que determina que se es pobre si se gana con un sueldo de 110.000 pesos, los que ingresan -en algunos casos temporariamente- más de 389.00 (no importa si alquilan donde residen, si le restan por las imposiciones a las ganancias y otras menudencias sociales como por ejemplo el no considerar los altos gastos de los ancianos por el costo creciente de los medicamentos) saben que si hoy pagan 5.000 pesos de electricidad como mínimo, como mínimo esa suma se multiplicará por tres.
Benjamín Villalba, el clorindense que administra REFSA, desplegó una amplia campaña para que los usuarios se sumaran a las declaraciones juradas para la segmentación tarifaria. Su esfuerzo es meritorio, pero los usuarios van a opinar cuando comiencen a recibir las nuevas facturaciones.
Lo dijo el propio Gildo Insfrán en la reunión de Gobernadores del Norte Grande Argentino que acaba de realizarse en Jujuy y en la que los clamores de los mandatarios se centraban en las tarifas eléctricas, sobre todo, porque no ignoran que generarán reacciones sociales y hasta electorales.
Es que vivir la temporada estival en Formosa con 45 grados desde fines de octubre hasta marzo o abril exige a las familias apelar al acondicionador de aire por razones básicas de cuidado de la salud.
Lo mismo acaba de ocurrir en invierno cuando la provincia, impactada por el cambio climático, soporta las mismas bajas temperaturas que el Centro y algunas regiones del Sur de la Argentina lo que demandó el uso de estufas y caloventores en los espacios públicos y  privados, circunstancia que también mostraron el impacto de los cortes del servicio en el NEA.
Por eso es que Insfrán reaccionó cuando se habló ante la flamante secretaria de Energía de la Nación sobre la segmentación regional a partir de los 550 kilowatts.
El gobernador opinó que esa base es adecuada para la temporada invernal aunque no para el verano que se aproxima por lo que propuso que esa base se eleve a 750 kilowatts.
Insistió acerca de la condición de Formosa como provincia  electro dependiente al igual que sus vecinas del NEA y advirtió que de no concederse lo requerido los usuarios de esta parte del país deben preparar sus recursos multiplicando por tres los actuales valores tarifarios por el consumo de la electricidad.
El Verano no está lejano como tampoco el cambio de  humor de los usuarios por el regreso de una cantinela que parece inacabable para los hogares familiares.