Viviendas: instan al gobierno nacional garantizar recursos necesarios a provincias

“La vivienda, como derecho fundamental, es una obligación del Estado, sin embargo, esta administración nacional ha decidido abandonarla, trasladando la carga a los gobiernos provinciales y municipales, sin brindarles el apoyo necesario” aseveró el Defensor del Pueblo.

El gobierno nacional publicó la Resolución Nº 1199/2025, que establece un nuevo esquema de financiamiento que, transfiere más responsabilidad a provincias y municipios, en línea con la política de “eficiencia en el gasto público”, donde se eliminaron los programas: Casa Propia, Argentina Construye, Argentina Construye Solidaria, Plan Nacional de Suelo Urbano, Procrear y Argentina Hace, entre otros.
Ante esta situación, la Dirección de Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, le peticionó formalmente al Ministro de Economía de Nación, Luis Caputo y al Secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, que garantice a las provincias los recursos necesarios para que las familias accedan a una vivienda digna. 
Asimismo indicaron que dicha resolución establece que las obras en curso, “podrán ser financiadas por provincias y municipios, que usarán el recupero de cuotas para completar proyectos inconclusos, determinándose como excepciones: hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas y beneficiarios en villas y asentamientos podrán ser eximidos del pago”. 
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, rechazó las afirmaciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger,  quien celebró la medida porque “destraba un sinnúmero de transferencias de obras inconclusas del Procrear y permite que las jurisdicciones locales se hagan cargo de finalizarlas”. 
Gialluca denunció que este tipo de medidas en lugar de fortalecer el federalismo, “se constituyen en trabas para el desarrollo de las provincias, dejando de lado una política habitacional nacional coherente y con estímulos para el acceso a la primera vivienda” dijo.
“A esto se le suma que-agregó- como sucede con los ATN y el impuesto a los combustibles, el Ejecutivo Nacional, retiene los fondos que corresponden legítimamente a las provincias, lo que agrava aún más la situación”. 
Consideró el ombudsman que “este es el método del Estado ausente y en este caso, el daño no se limita a la infraestructura de rutas con el abandono de la obra pública, sino que ahora también, recae sobre los estados provinciales y deja al desamparo a millones de argentinos que, día tras día, luchan por acceder a un techo propio”. 
“La vivienda, como derecho fundamental, es una obligación del Estado, sin embargo, esta administración nacional ha decidido abandonarla, trasladando la carga a los gobiernos provinciales y municipales, sin brindarles el apoyo necesario” aseveró. 
Expuso Gialluca que “la eliminación de programas como Casa Propia, Procrear y Argentina Construye, deja al Estado con pocas herramientas para resolver este problema, lo único que ofrece el gobierno nacional son créditos UVA y UVI, que, aunque pueden ser un complemento, no son suficientes ni adecuados para cubrir las necesidades de millones de argentinos”. 
“A la fecha-acotó- si bien aumentaron la cantidad de créditos UVA otorgados, la inflación por arriba de los salarios y las altas tasas de interés hacen que prácticamente sea imposible que muchas familias puedan acceder a una vivienda propia. Por otro lado, los créditos UVI que el gobierno ofrece a las provincias no resuelven el problema real de la vivienda, ya que los costos de la construcción, dolarizados por la inflación, hacen que estos se vuelvan inaccesibles para la mayoría de las familias”.