Formosa desmiente el “sensacionalismo ambiental” con datos oficiales

En una respuesta directa a las recientes denuncias de organizaciones ambientales sobre la deforestación en el Norte argentino, el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa emitió un informe técnico para aclarar la situación en la provincia.

Según las autoridades, las cifras que circulan en los medios responden a una "simplificación sensacionalista" que no distingue entre la actividad productiva lícita y las infracciones ambientales.

Wilson Dutra, director del Registro, Control y Fiscalización, fue el encargado de poner blanco sobre negro respecto a las 4.375 hectáreas señaladas por las ONGs.

Los puntos centrales de su descargo exponen una realidad territorial muy distinta a la denunciada:

• El sistema de vigilancia satelital provincial determinó que 3.078 hectáreas (el 70% del total cuestionado) corresponden a desarrollos productivos autorizados. Estos proyectos cuentan con sus respectivos Permisos de Cambio de Uso de Suelo (Pcus) tras haber superado rigurosas evaluaciones de impacto ambiental.
• Esta actividad legal se concentra en solo 21 autorizaciones, operando bajo el estricto marco de la Ley Provincial 1.660 y el Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For).
• El 30% restante (1.297 hectáreas) no responde a un avance agroindustrial descontrolado, sino a intervenciones menores y atomizadas. La tecnología satelital Landsat-Sentinel_JQS detectó 73 puntos de intervención con un promedio de apenas 17,7 hectáreas cada uno, vinculados principalmente a pequeños productores o familias rurales.

Dutra no ahorró críticas hacia la metodología y las intenciones de ciertas organizaciones internacionales. Sugirió que estas campañas buscan "presionar y condicionar el desarrollo soberano" de las provincias. Incluso, deslizó que los orígenes de financiamiento de algunas de estas entidades han estado históricamente ligados a gigantes energéticos como Royal Dutch Shell, lo que pone bajo sospecha la objetividad de sus informes.

Lejos de la "complicidad" que denuncian los activistas, Formosa ratificó una política de tolerancia cero ante la ilegalidad. En lo que va de 2026, ya se han fiscalizado 37 predios que suman más de 928 hectáreas en situación irregular, los cuales se encuentran en proceso de sanción.

El funcionario fue tajante al señalar que el Estado provincial no solo aplica multas económicas, sino que exige la ejecución de planes de recomposición para restaurar los ecosistemas afectados.