La Convención Constituyente consolida cambios en Justicia y Derechos Sociales

Este miércoles, la Convención Constituyente de Formosa aprobó una serie de reformas a la Constitución provincial.

Uno de los avances fue la incorporación de un nuevo artículo que eleva a rango constitucional al Consejo de la Magistratura. Esta decisión formaliza el organismo, cuya función principal será proponer a la Legislatura Provincial candidatos a jueces y funcionarios del Ministerio Público, a partir de ternas de postulantes seleccionados mediante concursos de antecedentes y oposición. El funcionamiento detallado del Consejo será reglamentado por ley.

Las reformas también se extienden a la ampliación y actualización de derechos sociales como Adultos Mayores (Artículo 71). Donde el bloque justicialista impulsó una modificación integral de este artículo para ampliar los derechos de los adultos mayores, adaptándolos a sus necesidades actuales. El nuevo texto les garantiza el derecho a la inclusión económica y sociocultural, al disfrute del tiempo libre, a una vivienda digna y a condiciones de convivencia que promuevan su participación plena en la comunidad.

En Personas con Discapacidad (Artículo 72), modificaron el enfoque sobre las personas con discapacidad, reconociéndolas ahora como sujetos plenos de derecho. La reforma amplía la visión en materia de inclusión y promueve medidas de acción positiva para eliminar obstáculos que limiten el pleno ejercicio de sus derechos.

En Derecho a la Salud (Artículo 81), las modificaciones a este artículo amplían explícitamente el alcance del derecho a la protección de la salud para toda persona en la provincia. Se incorporaron aspectos antes ausentes, como la rehabilitación y los cuidados paliativos, y se garantiza que los servicios se deben asegurar en todos los distritos sanitarios con un enfoque inclusivo, equitativo y respetuoso de la diversidad cultural. Asimismo, se introduce la participación comunitaria, la capacitación continua del personal y la sociedad, y la obligación de desarrollar investigación científica, biomédica y social. Como una innovación, se exige un vademécum obligatorio de medicamentos básicos, considerado un bien social, y se establece un contralor ético y social sobre las prestaciones de salud.