La Convención Constituyente tuvo su tercera sesión plenaria

Ayer, la Convención Constituyente de Formosa aprobó en su tercera sesión plenaria reformas claves a la Constitución Provincial. Se modificaron cinco artículos del régimen económico (39, 40, 41, 42 y 45) y se incorporó un nuevo artículo sobre soberanía alimentaria. 

El artículo 39, ya presente en la Constitución, establece el marco general en el cual el Estado regula el proceso económico. La reforma planteada enfatiza que esta regulación debe estar orientada a los objetivos de justicia social, equidad territorial e igualdad de oportunidades. 

El artículo 40, que también es preexistente, describe las acciones del Estado para dirigir la economía conforme a los principios del artículo 39. En este caso, se incorporaron tres nuevos incisos:

 – El fomento a las instituciones cooperativas, que antes se limitaba al sector primario, ahora incluye también los sectores industrial y terciario, protegiendo a productores agropecuarios, pequeñas y medianas empresas.

– La ampliación del otorgamiento de líneas de financiamiento, que antes se restringía al sector primario, para abarcar a todo el sector privado.

– La incorporación de nuevas regulaciones que establecen la necesidad de una ley para la adquisición de tierras por personas físicas o jurídicas extranjeras; el fomento a la economía del conocimiento y las industrias de base tecnológica; y la protección y promoción de las industrias culturales y la producción artesanal.

El artículo 41 mantiene su función de dictar leyes especiales para otorgar créditos, promover la industria, apoyar cooperativas, fomentar el turismo y facilitar el comercio fronterizo.

Finalmente, el artículo 42 promueve la consolidación y expansión de obras ya existentes, como redes viales, fluviales, eléctricas, comunicaciones, sistemas de agua, parques industriales y, ahora incluyendo polos científicos y tecnológicos, para fortalecer la economía productiva provincial.

Por otro lado, el artículo 45 fue modificado para ampliar la consideración de la tierra rural como factor de producción con funciones sociales y ambientales, incluyendo tanto la tierra fiscal como la privada. Se reemplaza la noción de privatización, presente en la versión anterior, por la titularización legítima de tierras a productores en función social.

Como novedad, la reforma establece la necesidad de sancionar una ley específica que regule los requisitos y condiciones para la aprobación y realización de loteos en inmuebles privados, en busca de un ordenamiento territorial sostenible.