"Un superávit insostenible": la dura crítica del ministro de Economía de Formosa al recorte presupuestario

En declaraciones a la prensa local, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas provincial, Jorge Ibáñez, trazó un severo diagnóstico sobre el impacto de la recesión en la vida cotidiana de las familias y cuestionó la falta de apoyo federal a las provincias.

El funcionario calificó la situación del consumo doméstico como un "endeudamiento pavoroso", revelando que cada vez más hogares deben recurrir a deudas o crédito para garantizar la compra de alimentos básicos. Según describió Ibáñez, el deterioro económico avanza por etapas: inicia con la cancelación de salidas y gastos recreativos, escala a la imposibilidad de reponer calzado infantil y finaliza en la restricción en la compra de medicamentos por parte de los jubilados. A su criterio, esta dinámica representa una realidad tangible que la conducción del Gobierno nacional se niega a reconocer.

En contraposición al discurso de neutralidad estatal, el titular de la cartera económica calificó la noción de un Estado ausente como un grave error conceptual. Sostuvo que el sector público debe garantizar salud y educación gratuitas de calidad, además de intervenir activamente para acompañar a los sectores productivos que atraviesan dificultades.

Esta controversia adquiere relevancia crítica ante las crecientes e inundaciones que afectan a la provincia. Ibáñez denunció la falta de auxilio financiero nacional para tareas de prevención y contención, aclarando que la inversión en infraestructura no constituye un pedido discrecional, sino un reclamo respaldado por fondos asignados por ley que deben ser distribuidos a provincias y municipios para salvaguardar a las comunidades y compensar a los productores damnificados.

Al referirse a las metas de equilibrio fiscal, Ibáñez diferenció una administración responsable de los recursos públicos de un ajuste que asfixia el desarrollo económico. Argumentó que el superávit pregonado por la Nación se sostiene mediante el desfinanciamiento de las universidades públicas, la suspensión de prestaciones para personas con discapacidad y la parálisis total de la obra pública, afectando directamente a PyMEs, comercios e industrias regionales.