Formosa en la mira: el proyecto de intervención federal de Paoltroni, sus consecuencias reales y lo que nadie quiere decir

El proyecto que sacudió el norte

Hace unos días, el senador nacional Francisco Paoltroni confirmó que presentó formalmente ante el Senado de la Nación un proyecto de ley para la intervención federal de la provincia de Formosa, elaborado junto al reconocido constitucionalista Daniel Sabsay. La iniciativa ya circula entre legisladores y diputados de ambas cámaras, fue remitida a representantes diplomáticos y gobernadores, y llega en un momento de alta tensión política entre el gobierno nacional de Javier Milei y el histórico gobernador peronista Gildo Insfrán, quien se encuentra en el poder sin interrupción desde 1995.

El propio Paoltroni había anticipado que la propuesta sería postergada durante 2025 —año electoral— para evitar que se interpretara como una maniobra electoralista. "Esperamos que pase el proceso electoral y el recambio legislativo para avanzar con una cuestión que es estrictamente institucional", declaró el legislador. Ahora, pasadas las elecciones en las que el gildismo volvió a arrasar con el 67% de los votos, el proyecto retoma impulso.

Para su aprobación, el proyecto deberá superar la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego obtener mayoría absoluta —37 votos— en el pleno del Senado. Paoltroni asegura que el oficialismo nacional y sus aliados cuentan con los números necesarios.

Antecedentes: una herramienta con historia pesada

La intervención federal es un mecanismo previsto en el artículo 6° de la Constitución Nacional argentina, concebido para garantizar el orden republicano en las provincias ante situaciones de crisis institucional, sedición interna o invasión externa. Desde la reforma constitucional de 1994, su aplicación corresponde exclusivamente al Congreso Nacional —no puede ser dispuesta unilateralmente por el Ejecutivo salvo en caso de receso parlamentario, con convocatoria inmediata obligatoria.

A lo largo de la historia argentina, el instituto fue usado con frecuencia y no siempre con propósitos nobles. La Argentina acumula más de 150 intervenciones federales, de las cuales cerca de dos tercios fueron dictadas por decreto presidencial —sin intervención legislativa—, práctica que la reforma del 94 intentó frenar. Los presidentes radicales Yrigoyen y Alvear intervinieron provincias opositoras sistemáticamente a comienzos del siglo XX. Durante el peronismo, Santiago del Estero, Corrientes y otras cayeron bajo intervención en contextos de crisis o conveniencia política.

En la era democrática, los antecedentes más recientes incluyen la intervención de Tucumán en 1991, en medio de una crisis política y económica gravísima; la de Catamarca en 1991, a raíz del crimen de María Soledad Morales; y las dos intervenciones a Corrientes —en 1992 y 1999— por severas crisis fiscales y de gobernabilidad. En todos esos casos, el proceso generó una profunda dislocación de la administración provincial, con consecuencias de mediano y largo plazo para los servicios públicos y la estabilidad del empleo estatal.

La historia enseña algo relevante: ninguna intervención federal democrática dejó a la provincia en mejor situación institucional de forma inmediata. En muchos casos, sirvió más para resolver disputas de poder entre el gobierno nacional y las élites locales que para mejorar las condiciones de vida de la población.

Una provincia joven en un país que la ignoró durante décadas

Para comprender qué está en juego, es necesario salir del marco estrecho que imponen tanto el oficialismo nacional como la oposición formoseña, y mirar la historia desde una perspectiva más larga.

Formosa es una provincia constitucionalmente nueva: se incorporó al sistema federal argentino en 1955, cuando se creó como provincia a partir de lo que había sido el Territorio Nacional de Formosa. Mientras Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe acumulaban décadas de construcción institucional, infraestructura productiva y desarrollo de mercados privados respaldados por el Estado nacional, Formosa recibía lo que sobraba —y a veces ni eso.

Los sucesivos gobiernos nacionales, independientemente de su signo político, trataron históricamente a las provincias del norte con la lógica del extractivismo político: útiles para los votos, prescindibles para la inversión. Las rutas, los puentes, las redes eléctricas, los sistemas de riego, los gasoductos —todo aquello que en otras regiones el Estado nacional construyó como condición de posibilidad para el desarrollo privado— llegó al norte con décadas de retraso o directamente no llegó.

En ese contexto, acusar a Formosa de "no tener sector privado" sin preguntarse por qué no lo tiene, es un ejercicio de hipocresía histórica. No existe empresa privada viable sin energía confiable, sin caminos para exportar, sin conectividad para operar en la economía moderna. Formosa tardó mucho más que el promedio nacional en acceder a esas condiciones básicas, y está tardando en cerrar esa brecha —con recursos propios y con fondos coparticipables— justamente porque el mercado no fue, no es ni será el agente que resuelva los desequilibrios históricos de la geografía argentina.

Lo que la oposición presenta como décadas de fracaso puede leerse, con honestidad, como décadas de construcción de la base sin la cual ningún inversor privado pone un peso: caminos pavimentados al oeste, líneas de alta tensión, plantas de tratamiento de agua, conectividad digital, infraestructura hospitalaria y educativa en localidades que hace treinta años no existían en ningún mapa de inversión privada.

Los primeros frutos de un proceso largo: parques solares, biosiderurgia y un horizonte productivo en construcción

No es casual que sean precisamente ahora, en estos últimos años, cuando comienzan a asomarse en Formosa señales concretas de diversificación productiva. No es casualidad: es consecuencia. La infraestructura que se fue instalando pacientemente —a veces con más Estado del que muchos quisieran— está generando las condiciones que el capital privado necesita para radicarse.

Los parques solares en proceso de instalación en la provincia representan una apuesta estratégica que combina la abundancia del recurso natural formoseño —irradiación solar entre las más altas del país— con una red eléctrica que hoy tiene la capacidad de recibir y distribuir esa energía. Sin inversión pública previa en la red de transporte y distribución, ese proyecto simplemente no existiría. El mismo razonamiento aplica al proyecto de biosiderurgia, una industria de alto valor agregado que requiere infraestructura logística, energética y de agua que en otras provincias se construyó hace décadas y en Formosa recién está madura.

Estos proyectos son el resultado visible de un proceso de inversión pública de largo plazo que, inevitablemente, demora en producir resultados porque los ciclos de la infraestructura son así. Una ruta tarda cinco años en construirse y veinte en generar desarrollo productivo a su alrededor. Una línea de alta tensión tarda tres años en tenderse y diez en atraer industria. Nadie planta y cosecha al día siguiente.

Una intervención federal que interrumpiera este proceso —que desmontara la estructura administrativa y reasignara prioridades según la lógica del ajuste libertario— no aceleraría el desarrollo: lo retrasaría una generación más.

Por otro lado, los datos a nivel nacional sobre el modelo libertario no son alentadores. Desde que asumió Milei en noviembre de 2023 hasta enero de 2026, el empleo asalariado privado registrado cayó en 206.262 puestos en todo el país. La capacidad instalada de la industria argentina se ubica en febrero de 2026 en apenas el 54,6%, por debajo del 58,6% del mismo mes del año anterior. La metalmecánica opera al 33,9% y la industria automotriz al 38,9%. Ese es el modelo productivo que el gobierno nacional propone como antítesis del "fracaso formoseño".

Una oposición fracturada: ¿quién gobernaría después?

Hay una pregunta que los impulsores del proyecto de intervención evitan con llamativa constancia: si la intervención federal prosperara, ¿qué oposición formoseña estaría en condiciones de conducir la provincia hacia ese futuro republicano que se invoca? 

La respuesta no es reconfortante. El espacio opositor en Formosa ha demostrado, elección tras elección, una capacidad casi ilimitada para la fragmentación interna. 

Las alianzas se arman y se rompen según las conveniencias de cada ciclo electoral, los acuerdos duran lo que tardan en resolverse las listas, y los conflictos por la distribución de cargos —intendencias, bancas, espacios en el Estado— han sido históricamente más encendidos que los debates programáticos sobre cómo desarrollar la provincia.

Radicales, macristas y libertarios han compartido boleta, se han peleado, se han separado y se han vuelto a unir en función de cálculos electorales que poco tienen que ver con un proyecto colectivo de gobierno.

En ese contexto, confiar en que una intervención federal —que suspende autoridades y abre un período de transición política inevitablemente convulsionado— desembocaría en una reorganización ordenada y centrada en el bienestar de la población, es un acto de fe que los hechos no justifican.

La experiencia indica que los primeros en llegar al mostrador de un gobierno intervenido no son los técnicos ni los reformadores: son los dirigentes que llevan años esperando su turno y que, como ha quedado demostrado en cada disputa interna del arco opositor formoseño, están considerablemente más atentos al reparto de los cargos que a las necesidades concretas de quienes viven en Las Lomitas, en Ingeniero Juárez o en los parajes del oeste. 

Si la oposición nunca pudo ponerse de acuerdo para ganar una elección, no hay razones sólidas para creer que sabría ponerse de acuerdo para gobernar una provincia compleja, fronteriza, pluricultural y con enormes deudas sociales históricas —y hacerlo, encima, bajo la presión de un gobierno nacional que aplica ajuste estructural y con el reloj de una transición que no admite errores sin costo humano inmediato.

La paradoja que nadie quiere nombrar: la mayor victoria del gildismo

Aquí es donde el análisis político se vuelve incómodo para todos los actores involucrados.

Desde 1995, Gildo Insfrán ha ganado cada elección en la que participó con márgenes que la mayoría de los partidos del mundo envidiarían. En 2007 obtuvo el 76,02% de los votos; en 2011, el 75,21%; en 2015, el 73,25%. En 2023, pese a la irrupción de Milei y de Paoltroni como candidato a gobernador, Insfrán arrasó con casi el 70% de los sufragios, mientras Paoltroni apenas alcanzaba el 9,55%. Y en junio de 2025, con el fallo adverso de la Corte Suprema sobre la reelección indefinida como telón de fondo, el peronismo formoseño volvió a ganar la elección de convencionales constituyentes con el 67% de los votos, frente al 21% de la alianza opositora liderada por Paoltroni y apenas el 11% de La Libertad Avanza.

El dato es simple y demoledor: en más de treinta años de democracia, ningún partido opositor ha logrado superar al gildismo en las urnas. Ni los radicales, ni los macristas, ni los libertarios. La oposición formoseña acumula elección tras elección con el peso de quien sabe que puede denunciar, puede acusar, puede reclamar —pero no puede ganar.

Entonces, ¿qué ocurre si la intervención federal prospera? Para el gobierno de Insfrán, lejos de representar una derrota, la medida se convertiría en una confirmación perfecta del relato que el peronismo formoseño viene construyendo desde hace décadas: que el poder central siempre intentó someter a Formosa, que Buenos Aires nunca entendió ni respetó al pueblo formoseño, que la autonomía provincial es el único escudo frente a los "de afuera". 

Una intervención del gobierno de Milei sobre Formosa sería, en ese marco, el combustible perfecto para encender una narrativa de resistencia con raíces históricas profundas y con evidencia concreta de su lado: los subsidios eléctricos que amparan a los sectores más vulnerables, los proyectos productivos en marcha, los empleos públicos que sostienen economías familiares sin alternativa privada disponible en el mercado.

En este sentido, la intervención federal sería para el gildismo lo que ninguna elección le dio jamás a la oposición: un enemigo externo concreto, visible y con nombre propio. Y eso, en política, vale más que cualquier porcentaje de votos.

La paradoja es tan gruesa que cuesta no verla: la oposición formoseña, que nunca pudo vencer al gildismo en las urnas, le estaría pidiendo al gobierno nacional que haga por decreto lo que el pueblo formoseño no le concedió en treinta años de elecciones. Si eso no es un reconocimiento implícito de la propia derrota democrática, ¿qué es?

El fondo del asunto: federalismo, historia y el derecho a desarrollarse a tiempo propio

El proyecto de Paoltroni, más allá de sus fundamentos constitucionales, pone sobre la mesa una pregunta que la Argentina nunca termina de responder: ¿hasta dónde puede llegar el gobierno nacional en nombre del orden institucional sin arrasar con la autonomía provincial? ¿Y quién define cuándo una provincia está tan fuera de los estándares republicanos como para merecer ser intervenida?

La respuesta honesta es que esos umbrales siempre han sido, en la historia argentina, más políticos que jurídicos. El pueblo formoseño, con todas sus contradicciones, sus dependencias y sus lealtades, ha expresado una y otra vez en las urnas su adhesión al modelo que hoy se quiere desmantelar desde afuera. Ignorar esa dimensión es, como mínimo, un error político grave.

Lo que está en juego en Formosa no es solo el futuro de Gildo Insfrán ni la carrera política de Francisco Paoltroni. Es algo más profundo y más serio: si una provincia joven, históricamente postergada, que recién en los últimos años está viendo los resultados de décadas de inversión en infraestructura básica, merece ser interrumpida en ese proceso por un gobierno nacional que propone un modelo económico que, según los propios datos oficiales, destruyó más de 200.000 empleos privados registrados en todo el país desde que asumió.

Formosa tiene problemas reales, profundos y legítimamente cuestionables. Pero también tiene, por primera vez en su historia, condiciones concretas para dar el salto productivo que siempre le fue negado. Destruir esas condiciones en nombre de la libertad es una paradoja que el tiempo juzgará con dureza.

Por ahora, el proyecto espera su turno en el Senado. Pero el debate ya está en la calle —y los números, todos los números, merecen leerse completos.

Fuentes: Declaraciones públicas del senador Francisco Paoltroni y del diputado provincial Rodrigo Vera; Boletín Semanal N°198 del Observatorio de Políticas Públicas Politiké (abril de 2026), con datos del SIPA, INDEC e IIEP (UBA-CONICET); relevamientos electorales de La Nación, Infobae, Perfil y Letra P; datos de coparticipación federal de Chequeado y CEPA; Wikipedia — Intervención Federal (Argentina).